EXCLUSIVARedadas, humillaciones y riesgo de cárcel: así actúa la Policía contra el colectivo LGTBIQ+ con la excusa de las drogas y el 'chemsex'

No es nuevo que la Policía vigile, registre y persiga a quienes se salen del estrecho imperativo de la heteronorma: pasó en Stonewall en 1969, cuando un grupo de personas trans, "maricas" y lesbianas de Nueva York dijeron "basta" a las redadas en sus bares; ocurrió en la España franquista, cuando ser homosexual podía llevarte a la cárcel bajo la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social; y, según denuncian cada vez más voces, parece que sigue sucediendo en discotecas, saunas o en plena calle –también de grandes y presuntamente transgresoras metrópolis como Madrid–. Así lo atestiguan tres personas de la comunidad LGTBIQ+ que han relatado por separado a Público cómo el colectivo vive a diario una represión que nunca desapareció del todo, tan solo mutó de forma. El Movimiento Marika de Madrid lleva años recopilando datos sobre esta situación y este mismo lunes lo volvían a denunciar en una publicación en sus redes sociales.

Las historias que exponen estas víctimas revelan un engranaje de control que lleva décadas acechando a las identidades disidentes. Sus relatos dejan ver cómo detrás de cada operativo policial disfrazado de lucha contra las drogas parece existir un filtro no escrito que señala quién es sospechoso y quién no, y siempre terminan siéndolo los mismos. Los testimonios expresan diferentes episodios de detenciones arbitrarias, cacheos humillantes, infiltraciones en espacios que creían seguros o la criminalización de prácticas que forman parte de la vida y cultura de su colectivo. Bajo el pretexto de poner fin al narcotráfico, apuntan que la Policía parece haber puesto en marcha una forma velada de disciplinamiento en la capital. 

Este medio se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior, que ha remitido a la Policía Nacional. Desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid afirman que no se trata de ningún tipo de registro discriminatorio ni hacia un colectivo concreto, sino que actúan sobre "zonas y espacios donde creen que puede existir algún hecho delictivo".

"Me mandaron a esa casa falsa para pillarme"

Una de las víctimas, Luis (nombre ficticio), recuerda que su episodio ocurrió a finales de 2020. Por aquel entonces, trabajaba en el ámbito editorial con un contrato fijo. Un fin de semana, mientras participaba en una sesión de chemsex (práctica consiste en mantener relaciones sexuales en un ambiente de consumo de sustancias psicoactivas), recibió la dirección de otra reunión: "Nos habían enviado la dirección de esta otra sesión a través de una aplicación de citas y nos habían dicho que pilláramos dos gramos de tina (metanfetamina)", explica. Al llegar al portal del domicilio indicado, "dos personas aparecieron por detrás" y les preguntaron: "¿Venís a la fiesta?". "Cuando me di la vuelta, sacaron una placa y eran dos secretas", relata con la voz entrecortada. Su vida cambió en ese instante. Tras registrarle, encontraron la sustancia en su poder. Su acompañante fue dejado en libertad, pero a él le informaron de que estaba detenido y fue trasladado a los calabozos de la calle Leganitos. "Yo no entendía nada. No entendía por qué por dos gramos para autoconsumo me iban a detener", lamenta.

En la comisaría fue sometido a un cacheo integral, una experiencia que describe como "humillante" y "violenta": "Me desnudaron para que me quitara todo y ver que no llevaba nada". Entre los objetos que le incautaron había, por una parte, utensilios para el consumo seguro de drogas y, por otra, objetos como lubricante o una ducha anal. Por estas cosas, cuenta, se burlaron de él: "Preguntaban: '¿Qué es esto?', y decían: 'Qué asco'". La única posibilidad de contacto que tuvo con el exterior, en medio de ese ambiente hostil, fue una llamada a una persona de confianza: "No tienes noción del tiempo, no sabes cuántas horas han pasado. Te dicen que no te preocupes, que vas a salir en poco tiempo, pero ves que eso no sucede".

"Nos están manipulando, están jugando con nuestras vidas y con nuestra intimidad para conseguir hacer detenciones a mansalva"

En un momento dado –recuerda–, los agentes le exigieron que desbloqueara su teléfono móvil. "Yo lo hice, pero a los pocos minutos me di cuenta: '¡Esto es ilegal!'". Entonces protestó y quiso oponerse, pero solo recibió evasivas. Logró contactar con una abogada especialista en estos ámbitos, que se hizo cargo del caso. Pero eso no le evitó pasar más de 24 horas hasta su traslado a Moratalaz y, posteriormente, a los calabozos de Plaza de Castilla: "Era espantoso estar allí. Hay muchísima gente en esos calabozos en el sótano. Recuerdo que tenía mucha sed y pedía agua, pero nada".

Tras su liberación, se enfrentó a un proceso judicial que se extendió más de un año y medio. A pesar de encontrarse en tratamiento por un consumo problemático de drogas en contextos sexuales, "ni el fiscal ni el juez aceptaron ninguna de las pruebas" que tenía para demostrar que no era un "traficante". Se desestimaron testimonios y documentos que podrían haber demostrado su condición de consumidor: "No aceptaron el informe psicológico de la persona que me estaba tratando, ni los testigos que estaban conmigo ese día. Nada". Y la acusación en su contra fue por un delito contra la salud pública, con una petición inicial de tres años y medio de prisión.

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Finalmente, su abogada logró un acuerdo con la Fiscalía. La pena fue reducida y se solicitó que no ingresara en la cárcel, lo cual fue aceptado. Para acceder a este beneficio, no obstante, tuvo que declararse culpable de un delito que, tal y como ha tratado de exponer, "nunca cometió": "Tuve que decir en una sala, frente a varios jueces, que sí, que era culpable de un delito de tráfico de drogas, cuando yo sé que no lo soy". El saldo emocional de todo el proceso fue enorme: su familia se enteró simultáneamente de su detención y de su problema con las drogas, y aún arrastra un gran daño psicológico. Se puede observar al escucharle rememorar todo.

Además del enjuiciamiento, denuncia un "patrón de actuación policial" dirigido específicamente contra los "maricas" –uno de los términos que utilizan para autorreferenciarse dentro del colectivo– en Madrid, en particular contra quienes practican chemsex: "Nos están manipulando, están jugando con nuestras vidas y con nuestra intimidad para conseguir hacer detenciones a mansalva". De su relato se desliza la posible existencia de operativos dirigidos a atraer a personas a direcciones falsas a través de aplicaciones de contacto, así como que desde estas se les anime a comprar droga con el objetivo de detenerlas en flagrancia: "Estoy bastante seguro de que me mandaron a esa casa falsa para pillarme", insiste. También menciona redadas en saunas y otros espacios del colectivo: "Cada fin de semana nos enteramos de uno de estos episodios".

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"Había 8 policías pidiendo que mostrara mis genitales"

La segunda persona que ofrece su testimonio, Alberto (pseudónimo), se dedica al ámbito de la salud. En su caso, había salido de fiesta un viernes por la noche a una conocida discoteca gay de la capital. "Nada diferente a un fin de semana casual de cualquier discoteca de Madrid, del país, de Europa". Sin estar ni siquiera bajo los efectos de sustancias, pasó frente a unos policías que iban de paisano dentro del local: "Me pararon de repente y me comenzaron a preguntar cosas. La manera en cómo me hablaron me pareció agresiva". Desconcertado, intentó alejarse, pero los agentes lo persiguieron: "Allí me cogieron entre los dos. Yo había tirado la droga al suelo, pero la recogieron y me sacaron de la discoteca".

En la puerta del local fue detenido; previamente, le habían hecho quitarse la camiseta: "Desde el momento en que me sacaron de la discoteca, empecé a llorar. Nunca me había sucedido una situación como esta. Nunca me había enfrentado a nada así". Explica que se sintió humillado y desconcertado, también incapaz de entender nada: "Les preguntaba: '¿Qué he hecho? Yo no soy un camello'. ¿Por qué a mí y no a cualquier otra persona de la discoteca?". Pero todo lo que recibió fue una respuesta burlona y amenazante: "Ahora verás lo que te va a pasar en Leganitos".

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"Me hicieron desnudarme completamente y abrirme las nalgas"

Al llegar a la comisaría, le quitaron sus pertenencias y lo sometieron a un registro. "Me hicieron desnudarme completamente y abrirme las nalgas. Había ocho policías rodeándome, pidiendo que les mostrara mis genitales". Recuerda el momento con angustia. Solo después de horas en el calabozo pudo hablar con la abogada de oficio asignada, que desde el minuto cero, le aconsejó que se "declarara culpable". Estuvo detenido entre 24 y 36 horas, pasando por los mismos calabozos que la primera víctima: "Fue como si estuviera teniendo una pesadilla". Recuerda que pasó la mayor parte del tiempo dormido, evitando procesar lo que estaba viviendo.

Días después, empezó a entender lo ocurrido: "Al principio pensé que esto era lo normal, que el registro era parte del procedimiento. Luego me enteré de que no era así. Esto no se lo hacen a todo el mundo". Lo que tenía en su poder era "medio bote de GHB [éxtasis líquido], un gramo de ketamina y un gramo de mefedrona" para su consumo personal. Sin embargo, en el informe toxicológico "apareció también una bolsa de cocaína": "La tuvo que haber metido la Policía", afirma. Su proceso judicial duró nueve meses: "Han sido de los peores de mi vida. No sabía qué iba a pasar conmigo, con mi trabajo, quién se iba a enterar". Finalmente, gracias a la abogada que contrató, pudo demostrar que las sustancias eran para "consumo recreativo" y que no existía delito: "Nunca me llegaron a acusar formalmente, no pasó a juicio". 

"Si pareces demasiado homosexual, te pueden parar"

La tercera víctima, Daniel (nombre ficticio), cuenta que trabaja en el mundo empresarial y que su detención se produjo también en la puerta de una discoteca gay: "Estaba en la cola con algunos amigos cuando vino la Policía y nos dijo que nos pusiésemos contra la pared para un chequeo". Explica que el registro se realizó delante de todo el mundo y que, aunque no sufrió ninguna agresión explícita, "fue un registro bastante desagradable". Al encontrarle "un bote de 30 ml de GHB" para autoconsumo, los agentes determinaron que se trataba de un delito contra la salud pública y le llevaron al calabozo, donde pasó dos noches. Dos años después, sigue inmerso en un proceso judicial para defenderse de esta acusación: "No sufrí un trato vejatorio, pero estaba asustadísimo, a lágrima viva".

Relata que las condiciones eran deplorables: "Frío horrible, mantas roñosas, una colchoneta espantosa". Si bien no denuncia violencia física, sí recuerda un trato deshumanizante: "Te tiraban la comida al suelo, no preguntaban nada, si eras vegetariano, si no podías comer gluten. Nada". Para ir al baño, "tenías que llamar a un telefonillo y, cuando ellos querían, te llevaban". Si bien no considera haber recibido un trato discriminatorio explícito por ser homosexual, sí piensa que la elección de a quién registrar no fue casual.

"Claramente me pararon por la calle por el look que llevaba y por el sitio en el que estaba". Sin embargo, afirma que, con el tiempo, se ha dado cuenta de un patrón: "Hace poco, me volvió a pasar. Me pararon en pleno centro de Madrid, a las 19.00 horas, sin ningún tipo de indicio".

"Claramente me pararon por la calle por el 'look' que llevaba"

Desde entonces ha cambiado su forma de vestir: "Cuando salgo de fiesta, me visto como si fuera a la oficina: camisa, vaqueros y jersey. Me he cambiado el corte de pelo, ya no lo llevo rapado a los lados. He aprendido que si pareces demasiado homosexual, te pueden parar y registrar". Está "convencido" de que forma parte de una tendencia más amplia: "Tengo un montón de amigos a los que les ha pasado lo mismo. No sé si llamarlo persecución, pero claramente están identificando a la gente del colectivo para hacer registros indiscriminados".

A nivel emocional, lo describe como "un fantasma que te persigue todo el tiempo". Reconoce que ha afectado a su trabajo, su relación de pareja y su bienestar mental: "Tengo un amigo médico que me dice que estoy en depresión, pero no puedo enfrentarme a eso ahora. Cuando acabe este proceso, ya lo veré". En todo caso, tiene claro que esta situación les está "obligando a normativizarse para no ser objetivo de la Policía".

El coste económico y la necesidad de nuevos criterios 

Todos los relatos que ha escuchado este medio insisten, además, en el elevado coste económico que supone defenderse de estas acusaciones. Quienes han atravesado estos procesos han tenido que pagar su defensa legal, con gastos que oscilan entre los 4.000 y los 8.000 euros. "Si tienes suerte y puedes pagártelo, bien, pero si no, ¿qué pasa con alguien que no tenga esos recursos?", se preguntan.

Las propuestas para poner fin a esta "persecución" son claras: en lugar de criminalizar a quienes consumen sustancias, opinan que los recursos públicos deberían destinarse a la prevención, la reducción de daños y el acompañamiento terapéutico. "No consiguen que la gente deje de consumir, consiguen que nos droguemos más", afirma uno de los afectados, quien cuenta haber experimentado recaídas a lo largo del duro proceso judicial. Consideran que esta dinámica solo incrementa la marginalización y que es necesaria una reforma legislativa que establezca criterios más equitativos para el tratamiento del abuso de estas sustancias: "Si realmente les preocupara, invertirían en salud y en recursos de acompañamiento, no en perseguirnos y meternos miedo", concluyen.