El Ministerio de Sanidad rechaza imponer la vacunación a sanitarios y sociosanitarios no solo porque en España no es obligatoria sino porque va contra la estrategia que las comunidades se han comprometido a cumplir, aunque estudia con ellas realizar traslados forzosos o dos PCR semanales a los que no quieran hacerlo.

Estas son algunas de las medidas en las que está trabajando la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, órgano dependiente de la Comisión de Salud Pública para frenar la transmisión tanto en residencias de mayores como en otros centros residenciales de personas altamente vulnerables.

Desde el principio, en España la vacunación no es obligatoria. Las empresas tampoco pueden obligar a sus trabajadores y existen muy pocas excepciones en la normativa que permitan a la Justicia decidir sobre este aspecto. 

La propuesta de Sanidad: dos pruebas a la semana

Ante la preocupación por el repunte de casos en estos centros, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) pidió el pasado miércoles a la ponencia, su órgano más técnico, que elaborara una serie de actuaciones para mitigar el impacto de la quinta ola en las residencias y hacer que "estos recintos sean un entorno seguro", señaló la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

La ponencia coincide en la necesidad de extremar el cumplimiento de los protocolos vigentes y las medidas de precaución, y analiza añadir otras nuevas como la realización de dos pruebas diagnósticas a la semana a los trabajadores que no quieran vacunarse o incluso el cambio forzoso de su puesto para que no estén en contacto con los residentes.

Sin embargo, como señalan fuentes de Sanidad, la vacunación en España no es obligatoria; aunque no consta el número de profesionales que han rechazado vacunarse, la realidad es que respondieron en masa a la llamada que se les hizo a principios de año para ser inmunizados junto a los más vulnerables, sin que apenas se estén detectando ahora brotes en hospitales.

Por tanto, en el Ministerio apuntan que "la habilitación de posibles actuaciones autonómicas imponiendo la vacunación obligatoria" iría además en contra de una de las actuaciones coordinadas adoptadas en el CISNS por la que las autonomías se comprometieron a cumplir lo establecido en la estrategia de vacunación.

Y, al margen de ello, se da la circunstancia de que en España, al contrario de lo que ocurre en otros países que sí han tenido que recurrir a esta opción, como Francia o Italia, hay "una muy buena aceptación de las vacunas", y los grupos contrarios a ellas son muy minoritarios.

No obstante, en su propuesta de medidas, la ponencia de alertas insistirá en la importancia de lanzar mensajes incentivando la vacunación como una de las principales herramientas de la salud pública para prevenir enfermedades y su repercusión colectiva y no solo individual.

Algunas autonomías piden que se obligue a los sanitarios

Pero varias comunidades insisten en la necesidad de imponerla a los sanitarios: la más firme partidaria fue Galicia, que modificó su ley de Salud para facultar a las autoridades sanitarias autonómicas a "imponer la vacunación obligatoria" en determinadas situaciones, posibilidad después rechazada por el Tribunal Constitucional.

Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado este viernes que es necesario abrir el debate con "criterios clínicos y sanitarios", ya que "es muy difícil convencer a una persona de que se vacune si la persona que la va a vacunar no quiere vacunarse. Los sanitarios tienen una responsabilidad adicional, porque son las autoridades directas o delegadas de la salud pública en un país".

El viceconsejero de Salud Pública de Madrid, Antonio Zapatero, ha dicho que esa es una cuestión legal que no pretende cambiar, porque en España la vacunación "no es obligatoria", pero desde el punto de vista profesional, "como médico", ha opinado que debería ser obligatoria para estos profesionales.

Mientras, el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado que "no existe ningún instrumento jurídico" que permita establecer la vacuna obligatoria, por lo que "lo único" que puede hacer el Ejecutivo de Iñigo Urkullu es pedir un mayor número de dosis para llegar a más población y "convencer" a los ciudadanos que no se han vacunado para que lo hagan.