Muface, la privatización encubierta de la sanidad que beneficia más a las empresas que a los mutualistas

El sistema de Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), creado hace décadas para ofrecer atención sanitaria al funcionariado, se enfrenta a su mayor crisis estructural mientras el Gobierno, las aseguradoras privadas y los sindicatos disputan su futuro. Más allá del conflicto por su financiación, que ha llevado al primer concurso a quedar desierto, lo que está en juego es la esencia misma de este modelo: ¿debe el Estado seguir subvencionando a grandes aseguradoras privadas con dinero público mientras la sanidad pública se tambalea por la falta de recursos?

La mutualidad, dependiente del Ministerio de Función Pública, ha publicado un informe que pone en evidencia esta tensión de carácter económico. Las principales compañías, como Adeslas, Asisa y DKV, reclaman un aumento de en torno al 40% en las primas que reciben para cubrir los costes de atención sanitaria, algo que el Gobierno, en su primera oferta, limitó a un 17% (siendo este el mayor presupuesto presentado desde que existe la entidad). Sin embargo, tras una consulta preliminar de mercado, Muface ha concluido que las aseguradoras no han presentado pruebas que justifiquen el incremento que reclaman. En otras palabras: la subida exigida por estas empresas no tiene una base económica demostrada, pero –eso sí– amenaza con paralizar la renovación del concierto y dejar en el aire la cobertura de 1,5 millones de personas que venían haciendo uso del servicio.

Grietas en un modelo obsoleto

Aunque el debate sobre las primas ocupa el foco mediático y buena parte del público, el problema es mucho más profundo. Muface representa un sistema que, según la Ley General de Sanidad aprobada hace casi 40 años, debía haber sido integrado en el Sistema Nacional de Salud. En cambio, ha perdurado como un modelo excepcional que de facto desvía fondos públicos hacia aseguradoras privadas, permitiendo que estas se beneficien de la gestión de la salud de los funcionarios.

El número de quejas por retrasos de citas médicas es similar al de años anteriores, según el Ministerio de Función Pública

Es por ello que desde organizaciones como la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) denuncian que este modelo no solo es anacrónico, sino que alimenta una privatización encubierta. Según la FADSP, las aseguradoras multiplican sus ganancias, mientras los recursos públicos se destinan a sostener un sistema que beneficia más a las empresas que a los mutualistas. "En 2023, las aseguradoras obtuvieron ganancias de 10.500 millones de euros, de los cuales solo el 17% provino del mutualismo administrativo", señalan. Al mismo tiempo, crecen los seguros complementarios privados, impulsados por el deterioro de la sanidad pública, especialmente en comunidades históricamente gobernadas por el Partido Popular.

Además, las cifras ponen en entredicho los argumentos de un supuesto colapso en la sanidad pública utilizados por las aseguradoras para justificar el aumento de las primas. El propio Ministerio de Sanidad calcula que, si Muface desapareciera y sus beneficiarios se integraran en el Sistema Nacional de Salud, esto solo supondría un incremento del 2% en la demanda asistencial, fácilmente asumible por la red pública.

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, señaló recientemente en una entrevista para Público que este modelo genera una evidente contradicción: "Quienes gestionan lo público deben ser atendidos por la sanidad pública". Padilla subrayó que el mantenimiento de Muface perpetúa desigualdades en el acceso a la sanidad, dado que permite a un segmento del funcionariado disfrutar de coberturas que no están disponibles para el resto de la ciudadanía.

¿A quién beneficia realmente Muface?

Lo que llama la atención es que, al mismo tiempo que los sindicatos reivindican el mantenimiento de la sanidad privada para los trabajadores públicos, las denuncias de precariedad en la atención sanitaria de Muface van incluso en ligero aumento. Según CSIF, en los últimos meses se han registrado retrasos y suspensiones de citas médicas, algo que atribuyen a la incertidumbre generada por el fracaso del concurso. El Ministerio de Función Pública asegura, no obstante, que "en lo que llevamos de 2024 (datos hasta octubre) se han presentado 3.100 quejas, cuando en el mismo periodo de 2023 fueron 2.900", recuerdan en declaraciones para este medio. Las señales de desgaste del modelo resultan, así, evidentes.

Un modelo cuestionado incluso por Sanidad

El conflicto trasciende, de este modo, lo económico. Para las organizaciones en defensa de la sanidad pública, mantener Muface no solo perpetúa un modelo ineficiente, sino que consolida un sistema que favorece a las grandes aseguradoras, otorgándoles una posición de privilegio que las permite presionar al Estado para obtener más recursos. Este mecanismo, según critican, alimenta la privatización progresiva de la sanidad, debilitando el sistema público.

El dilema se abre incluso dentro del propio Gobierno. Mientras el Ministerio de Función Pública busca renovar el modelo y abrir una nueva licitación "antes de que acabe el año", el Ministerio de Sanidad aboga por integrar progresivamente a los mutualistas en el Sistema Nacional de Salud. Opción que, en todo caso, parece lejana, dada la resistencia de sectores sindicales, aseguradoras y la oposición, que ha utilizado el conflicto para cargar contra el Ejecutivo.