Doce personas han sido detenidas en Sevilla por formar parte de una organización criminal presuntamente dedicada a explotar laboralmente, como empleadas del hogar, a mujeres de Nicaragua. Ocho víctimas, que viajaron a España con la promesa de una vida mejor, han sido liberadas.

A las víctimas se les entregaba un billete de avión con destino a París y mil euros para garantizar el cruce de la frontera como turistas. Cuando llegaban a la ciudad vasca, el dinero les era retirado, y las mujeres eran conducidas hasta Sevilla, donde las alojaban en una barriada marginal, Tres Mil Viviendas, donde compartían piso con otras víctimas y pagaban hasta 150 euros mensuales junto con el porcentaje estipulada por la deuda adquirida con la organización. Llegaron a compartir habitación hasta quince chicas. Se ha liberado a ocho personas. 

Deudas impagables

La organización se aprovechaba de las necesidades económicas de las mujeres, quienes eran obligadas a firmar un contrato por el que sus el grupo criminal se quedaba con las viviendas de las víctimas e incluso la de sus familiares en su país de origen si no saldaban una deuda adquirida, que no era sino una estafa. 

Una vez seleccionadas para trabajar como internas en algún domicilio español, tenían que abonar 500 euros para ir saldando su deuda, y a pesar de estar internas, tenían que seguir pagando mensualmente el alquiler de la cama donde pernoctaban en las viviendas, según la Policía. La organización también cobraba por la puesta de anuncios en internet, para conseguir empleos, por las entrevistas de trabajo, así como por los traslados de un lugar a otro, ha informado EFE. 

La operación ha sido denominada Nicarama y es la continuación de las detenciones practicadas en diciembre del año pasado, cuando agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) III de Sevilla descubrieron la existencia de una organización criminal que captaba a mujeres en Nicaragua.

A las mujeres se las prometía un trabajo digno en España como empleadas de hogar internas, explica a EFE la Policía. Los detenidos eran personas encargadas de facilitar alojamiento, un trabajo, así como del control de las víctimas. Se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y pertenencia a grupo criminal.