Miquel Morcillo vive en el centro de Santa Coloma de Gramenet como si lo hiciera en medio de un pueblo. Prueba de ello son el patio y el gallinero escondidos detrás la casa, donde la sombra del letrero de un negocio pretérito se intuye sobre el portal. "Vine con mi mujer el 1969. No queremos salir de aquí", deja claro Miquel. El hogar –un pedazo del pasado– se ha visto en peligro de ser arrasada.

El Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del barrio antiguo se aprobó el 1999 y contempla derrocar una docena de fincas que continúan en pie, construir nuevas viviendas y ensanchar un paseo. Aun así, el proyecto permanece estancado. A pesar que un puñado de edificios se han tapiado a medida que se han vaciado de vecinos y amenazaban ruina, casi nada ha cambiado a primera vista desde que hace más de una década despuntaron las primeras críticas, que perduran en una parte del vecindario, contra una operación a la cual recriminan presuntas intenciones especulativas y desprecio hacia el patrimonio histórico y sentimental de la ciudad.

Una querella reciente ha reavivado la controversia. El locatario de una casa condenada a ser hundida la ha interpuesto, y el juzgado de instrucción 5 de Santa Coloma investiga a instancia de la Fiscalía. El denunciante acusa de revelación de información privilegiada, prevaricación urbanística y coacciones la teniente de alcaldesa Lidia Montero y el exconcejal de Urbanismo Jordi Mas, los dos del PSC, así como al director de Urbanismo del Ayuntamiento, Miquel Roig. La querella pivota en torno a un supuesto favorecimiento ilícito del Banc Sabadell, el principal propietario de la zona hasta que, hace pocos meses, traspasó la cartera de inmuebles al fondo de inversión estadounidense Oaktree Capital Manegement. El gobierno local ha declinado responder sobre las acusaciones mientras que la entidad financiera no ha contestado a Público.

Entre otros hechos, la querella sostiene que el Banc Sabadell adquirió tres fincas en 2015, tres meses antes de que se otorgara la posibilidad de edificar encima. El denunciante cree que la adquisición de unos hogares antiguos y sin interés aparente por parte de una gran entidad solo se entiende porque el banco disponía presuntamente de datos confidenciales que le garantizaban que, si se apresuraba a comprarlas, algún día le reportarían un negocio rentable.

Una de las casas que Sabadell adquirió es la que habita Miquel y, según la querella, la revisión del proyecto supuso permitir la opción que se levanten tres plantas encima. El inquilino solo abona 96,12 euros al mes para residir, y no le han tentado las ofertas para marchar: "Hace cosa de tres años me ofrecían unos 28.000 euros. No estaba de acuerdo. También me ofrecieron un piso, pero no era aquí en el centro, sino tocando en Sant Adrià de Besòs. Era de una sola habitación, daba pena. Tenía que pagar más de 300 al mes, mucho más del que pago ahora".

Miquel ha empezado a transferir el alquiler al fondo que ahora le hace de arrendador. Hace tiempo que nadie le persigue con un desalojo inminente. Guarda una carta de la alcaldesa Nuria Parlon en la que le promete que podrá quedarse. "Dice que podremos estarnos todo el tiempo que queramos. ¿Pero cuánto tiempo es esto? No estamos nunca tranquilos", dice el inquilino.
El Ayuntamiento sí que arreció el año pasado que, entre otros, se echará en tierra la casa de Xavier y Puri. Se interpone en la trayectoria donde se quiere ampliar un paseo, sin fecha. De puertas para dentro, el domicilio conserva la elegancia con que hace 80 años lo construyeron los abuelos del vecino, que la enseña con el orgullo de haber nacido: "Esto no se paga con nada. Los sentimientos tienen un valor".

"Vivimos desde el 2013 y nos gastamos más de 20.000 euros en reformas. No lo hicimos a escondidas: en el Ayuntamiento nos dieron licencia de obras y nos dijeron que iba para largo que tuviéramos que salir. Era mentira", se queja Puri, que recuerda que una vez los apresuraron a dar las claves antes de dos semanas. La pareja no hizo caso y se ha embarcado en un contencioso contra el Consistorio. Hasta ahora, ha rechazado intercambiar la finca por un piso de unos 60 m² y por una indemnización por el precio del terreno, unos 140.000 euros. "Queremos que nos dejen en paz o, como mucho, que nos den, dentro del barrio, los mismos metros cuadrados que ahora tenemos", remacha Xavier. La terraza, la vivienda y los bajos de la casa hacen 100 m² cada uno.

Un largo estira y afloja

Las disputas vienen de lejos. El PERI se quiso imponer a la primera década del siglo XXI, cuando se proyectaban un centenar de viviendas nuevas, un centro comercial y un bloque de 12 plantas que sobresaliera en el perfil de Santa Coloma. La quiebra de la constructora que lo promovía, la crisis económica del 2008 y la caída del alcalde Bartomeu Muñoz por la corrupción urbanística en el caso Pretoria retrasaron las previsiones.

La armadura vacía del rascacielos queda como vestigio de una época de fiebre edificadora. A Santa Coloma lo denominan el pirulí; para levantarlo, se hizo añicos una antigua casa de veraneo, Can Pedragosa, sin reparar en el hecho que la fachada estaba catalogada y se tenía que conservar. Las obras, incrustadas cerca del Ayuntamiento, se quedaron a medias en la sexta planta. El gobierno municipal quiere acordar con el propietario que el bloque se acabe con la altura que ya tiene, y, a banda, alojar equipaciones públicas en vez de comercios en la plaza de la Vila. "Está bien como primer paso, pero no resuelve todos los problemas", diagnostica Antoni Sancho, de la Plataforma Salvamos el Barrio Antiguo de Santa Coloma. Miembros de la entidad se encadenaron para frenar las demoliciones que el Consistorio intentó retomar el 2018.

El Ayuntamiento aduce que el PERI se tiene que desbloquear para desvanecer la sensación de abandono que siente que se ha agarrado. Por el contrario, Sancho le reprocha una forma "impresentable de actuar, para proponer modificaciones mientras deja pasar el tiempo sin hacerlas, y a la vez amenazar con escombros". La plataforma aboga por no masificar ni adulterar una parte del barrio antiguo. "Se necesitan espacios de encuentro, con plazoletas y zonas verdes, no más viviendas ni más población, y que los afectados se queden donde están", defiende Sancho.

El Ayuntamiento se plantea reducir el número de nuevas viviendas y compensar los propietarios trasladando la edificabilidad al barrio de Riu Norte, cosa que quita el sueño la Federación de Vecinos de Santa Coloma (Favgram). El presidente, Tomás Fernández, pide soluciones para el barrio antiguo, que opina que "está empeorando". Cree que se puede consensuar el PERI con las correcciones anunciadas y desvaneciendo sospechas de especulación. "Que se dialogue para indemnizar a los vecinos pagando lo que toca y trasladarlos cerca de donde viven, sin desubicar a nadie y sin los errores que se cometieron", ruega. Y recuerda que hay que realojar familias vulnerables que han ocupado viviendas pendientes de hundir.