Cientos de personas, principalmente mujeres, han pedido al Gobierno y a los grupos parlamentarios que incrementen en unos 120 millones de euros la partida específicamente destinada a combatir la violencia de género en los PGE para 2017. Esta marcha, convocada por la Plataforma 7N, contó con el apoyo de más de 40 asociaciones feministas, sindicatos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, que marcharon desde la puerta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la madrileño Paseo del Prado, hasta la plaza de la Cibeles tras una gran pancarta en la que se podía leer: “Sin presupuestos ni participación las violencias machistas no serán cuestión de Estado”

"Es una incongruencia que se creara una Subcomisión para un Pacto de Estado contra la violencia machista por unanimidad en el Congreso, pero que no se destinen presupuestos suficientes para luchar contra ella", afirma Pilar Perez, miembro de la Plataforma 7N,

"El Gobierno destina a la lucha contra la violencia machista la mitad del presupuesto que se destinó en el 2008, con la diferencia de que desde entonces nuestro país ratificó el Convenio de Estambul, que amplía el número de víctimas de violencia, porque incluye más aspectos de la misma. Pero no se entiende que, teniendo que aplicar ese convenio, lo que haga es dedicar menos fondos", afirma Consuelo Abril, vicepresidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad (COMPI).

​"La voluntad de un Gobierno se materializa en los fondos que destina para apoyar una política de Estado. Y lo que este Gobierno está haciendo es tomar el pelo a las organizaciones de mujeres y fundamentalmente a las víctimas y sus hijos", añade Abril.

Abril añadió que la marcha quiere también llamar la atención contra la guardia y custodia compartida impuesta, "que están impulsando el Partido Popular y Ciudadanos y que representa una forma de violencia contra las mujeres" y sobre la necesidad de suprimir de una vez las visitas de menores a padres violentos.

​La convocatoria coincide con el inicio hoy de la votación de los presupuestos destinados a políticas de Igualdad de oportunidades y contra la violencia de género en la comisión del Congreso y que la próxima semana serán votados en el pleno del Congreso de los Diputados. Por ello, a la altura de la Plaza de Neptuno, el punto del recorrido más cercano a la Cámara Baja, las participantes irrumpieron en una ruidosa pitada.

El borrador de presupuestos que presentó el Gobierno dedica este año algo más de 47 millones a la lucha por la igualdad de oportunidades y a combatir la violencia de género, es decir un 0,01% de los presupuestos totales, lo que para las convocantes es insignificante y refleja la “nula voluntad del Gobierno para avanzar en las políticas de igualdad y en acabar con la lacra del machismo”.

La abogada y feminista Cristina Almeida, presente en la manifestación, afirmó que "al Gobierno le importa un comino la violencia machista porque nosotras no tenemos nada que 'vender' ni con lo que negociar, a diferencia de los vascos [en referencia al pacto del PNV para apoyar los PGE]. Sólo ponemos las muertas. Es una vergüenza".

Varios grupos parlamentarios de la oposición, también han criticado estas cifras. Desde el grupo Confederal de Unidos Podemos consideran que "los presupuestos en materia de igualdad de oportunidades, lucha contra la violencia machista y atención a la diversidad sexual son un escándalo, una broma ridícula que no recupera los niveles de inversión de 2010. Con estos presupuestos, el Gobierno de Mariano Rajoy se toma a risa la igualdad, la situación de vulnerabilidad de las mujeres ante los asesinatos machistas y, directamente, se ríe del trabajo de la Subcomisión por un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género", en palabras de la diputada Sofía Castañón.

 Por su parte, el grupo parlamentario Socialista ha presentado unas 24 enmiendas a los capítulos de los Presupuestos Genrales del Estado que tienen que ver con la violencia de género y la igualdad de opurtunidades, para los que han solicitado un incremento de algo más de 100 millones de Euros. Su portavoz de Igualdad, Ángeles Álvarez, ha manifestado que estos presupuestos "ponen en cuestión la voluntad del Gobierno de luchar con contundencia contra la violencia de género. Supone estirar los plazos y ganar tiempo para el señor Montoro, quitándoselo a las víctimas".

"Estos presupuestos están hechos contra la mitad de la población y además nos hacen perder el tiempo en un Pacto de Estado que no se creen y que no van a dotar económicamente para acabar con esta lacra de la violencia machista", afirmó Marta Solarí, diputada de Compromís en representación del Grupo Mixto. Y resalta que "cuando hay voluntad, las políticas se financian adecuadamente", poniendo el ejemplo de la prevención de los accidentes de tráfico, que tiene una partida de 740 millones de euros, frente a la de violencia de género que es una de las causas de muerte prematura de las mujeres y que apenas cuenta con 28 millones.