La Comunidad de Madrid destinará 43 millones de euros a becas para alumnos que estudian el bachillerato y FP en centros privados, lo que ha provocado la indignación de los tuiteros.
Las becas se otorgan en casos de excelencia académica, pero el objetivo principal suele ser ofrecer una ayuda económica a aquellos que no pueden costearse los estudios. Por tanto, si un estudiante acude a un centro privado, lo normal es que su familia pueda permitirse pagar el precio. Habrá algún caso de beca financiada con fondos privados para alumnos que no pueden pagar los gastos para estudiar en un centro privado, pero como bien dice el nombre, son fondos privados.
Cuando nos referimos a fondos públicos, la lógica es que esos fondos se destinen a alumnos que no pueden permitirse estudiar en centros públicos. Frente a estudiar en centros públicos o privados, lo suyo es que se invierta en esos centros públicos para que ofrezcan una educación de calidad a sus alumnos y los medios que necesitan para su crecimiento académico, de manera que no tengan la necesidad de acudir a uno privado.
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El problema llega cuando en la Comunidad de Madrid no sólo se gastan fondos públicos para becar a alumnos de centros privados (a petición de Vox, por cierto) sino que se reducen los impuestos a las grandes rentas de manera que se recauda menor cantidad de dinero público para más becas y mejoras en la educación pública.
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El escenario que deja esto es el siguiente: las familias con grandes rentas pagan menos impuestos y a su vez reciben becas para sus hijos que estudian en centros privados (un hogar con dos niños, que gane por ejemplo 140.000 euros al año, puede obtenerlas). ¿Quién se enriquece con esto? La respuesta parece evidente. Si se recauda menos en impuestos y parte del presupuesto de destina a las becas de familias con rentas altas, cuyos hijos acuden a centros privados y por lo tanto, lo lógico es que puedan permitirse pagarlo, ¿quiénes son los perjudicados?
A este razonamiento han llegado también algunos tuiteros, que han criticado la decisión de la Comunidad de Madrid y han puesto el grito en el cielo tras comparar esta situación con la de los 30.000 jóvenes que se han quedado sin plaza en la FP pública.
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