Movimientos discretos entre los abogados de Gürtel para tirar de la manta a cambio de menos penas

Los acusados de Gürtel y Bárcenas aún esperan ser salvados en el último momento, explican fuentes jurídicas

MADRID.- Los contactos se producen de forma discreta, entre bambalinas, pero son de alto calado político por sus posibles consecuencias. De prosperar, es posible que parte de los implicados en la trama Gürtel – o todos- opte por la colaboración con el fin de lograr una reducción de penas al tiempo que colaboran con la Fiscalía Anticorrupción para tirar de la manta “hacia arriba”, hacia quienes se han quedado fuera de los sumarios, y esclarecer de forma completa las personas que hayan participado o se hayan beneficiado de estos negocios, según fuentes jurídicas.

Francisco Correa, cabeza de la red de Gürtel, baraja este pacto entre sus defensores, al igual que sus  lugartenientes Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes, según fuentes jurídicas. Los abogados miran también al extesorero del PP Luis Bárcenas, famoso por sus papeles donde anotaba la supuesta caja B popular y que es investigado en la Audiencia Nacional. Bárcenas tiene un abogado que no es muy conocido en el ámbito de los penalistas y se cree que aspira a ser salvado en el último extremo. Y algunas fuentes sostienen que también se apunta la intención de extender los contactos con Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarín en el caso del Instituto Nóos.

Las mismas fuentes revelan que los tanteos son aún embrionarios, mientras cada uno de los principales acusados dirime sus alternativas de defensa y se debate entre colaborar o no con la Fiscalía Anticorrupción como en el dilema del prisionero de la teoría de juegos.

Entre parte de las acusaciones populares se detecta la disposición a alcanzar este acuerdo, siempre y cuando los encausados revelen los nombres y las tramas superiores a ellos en cada juicio, tanto los nombres de los corrompidos –políticos y funcionarios-, los corruptores y las redes blanqueo que hayan conocido. El objetivo: que los condenados no sean sólo el eslabón más débil en la cadena de la corrupción.

El modelo de colaboración que se baraja es conforme a los criterios de reinserción de la Convención de la ONU contra la corrupción

Incluso un abogado de acusación popular –Gonzalo Boyé- ha llegado a escribir un artículo de opinión que apunta en esta línea y que tituló “Contra la corrupción, colaboración”.

“Toda acusación intenta que el procesado tire de la manta y revele quiénes son sus superiores; es la propia naturaleza de esta figura”, sostiene una fuente partícipe de estos contactos indirectos.

Los acusados de la trama de la Gürtel y el propio Bárcenas aún esperan ser salvados en el último momento, razonan las mismas fuentes. De ahí que los movimientos sean aún "verdes" y "embrionarios". Pero, a medida que avancen las semanas, "se irán dando cuenta de que el valor de que lo pueden revelar disminuye”, sostiene otra fuente conocedora de estos hilos de conversaciones que se tienden entre unos y otros.

Los abogados también se sondean respecto al aterrizaje en la sociedad de quienes colaboren y revelen a sus superiores: consideran que de nada serviría llegar a un acuerdo de colaboración con la Justicia si reciben una fuerte respuesta crítica política o social contraria a que este acuerdo.

Los intentos van encaminados a que los acusados del caso Gürtel colaboren con la Justicia, reparen el daño causado y vean reducidas sus condenas. Pero en la ecuación también incluyen su aspiración de retomar sus vidas una vez salgan de la cárcel tras cumplir las penas que se les imponga.

Este modelo de colaboración que se baraja va en consonancia con lo dispuesto por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción sobre la figura del arrepentido, que establece que los estados procurarán promover la reinserción social de las personas condenadas por delitos de corrupción y que colaboran con la Justicia. Esta Convención fue ratificada por España en el año 2003.

De nada serviría colaborar con la Justicia si luego reciben fuertes críticas sociales y políticas, defienden fuentes conocedoras de estos tanteos

Este patrón de colaborador se suele dar con los narcotraficantes, que ven reducidas sus penas a cambio de ayudar a desmantelar las redes de tráfico y blanqueo en las que han formado parte.

En la Fiscalía Anticorrupción también estarían abiertos a esta colaboración, como es lógico. Para lograr una sentencia de conformidad se necesita que todas las acusaciones estén de acuerdo, incluido el ministerio público.

El primer paso de esta estrategia consistiría en aplazar el primer juicio del caso Gürtel, el que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).  Las defensas lograron tal aplazamiento el pasado 1 de abril. Consiguieron así tiempo y sacaron del ojo público una vista oral que se iba a celebrar al mismo tiempo que se sucedían las elecciones municipales y autonómicas convocadas para el 24 de mayo.

Las defensas de esta pieza del caso Gürtel –relacionada con las contrataciones de la feria Fitur por parte de la trama- argumentaron al comienzo de la vista oral que no todos los abogados habían tenido tiempo para revisar nueva documentación relacionada con otras piezas de la trama y que se habían aportado por la Audiencia Nacional.

La presidenta de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, Pilar de la Oliva, es una magistrada de dilatada trayectoria que optó por la solución más garantista y, en la segunda sesión de la vista oral, se dictó el aplazamiento para evitar todo riesgo de nulidad del proceso.

El 11 de junio se reanuda la vista oral de la pieza de Fitur. Entonces se conocerá si ha habido suficiente acercamiento para lograr este acuerdo que se reflexiona entre bambalinas.

Como muy pronto en el año 2016, llegarán las vistas orales de las piezas del caso Gürtel instruidas en la Audiencia Nacional y que ha cerrado el juez Pablo Ruz antes de dejar el juzgado central de instrucción número 5: la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), con 40 acusados, así como los llamados papeles de Bárcenas, donde el juez ve acreditado que el PP tenía fondos opacos con los que financiaba campañas y procesa a los tres últimos extesoreros del PP, así como al arquitecto que remodeló la sede central del partido en Madrid con dinero negro.