El Gobierno de Estados Unidos ha puesto en marcha una revisión formal del futuro de la prisión militar que tiene en la Bahía de Guantánamo, con el objetivo de cerrar la controvertida instalación tras 19 años de polémicas.

Asesores implicados en las discusiones internas evalúan una acción ejecutiva que sería firmada por el presidente estadounidense, Joe Biden, en las próximas semanas o meses, destacando un nuevo intento para poner fin a lo que los defensores de los derechos humanos califican como una mancha en la imagen global de Estados Unidos, según una exclusiva de la agencia Reuters.

No obstante, es improbable que esta iniciativa culmine en el pronto cierre de la prisión de alta seguridad localizada en la Estación Naval de Guantánamo, debido sobre todo a los grandes obstáculos políticos y legales que enfrentará el nuevo gobierno. 

Establecido para albergar a sospechosos extranjeros tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, la cárcel vino a simbolizar los excesos de la "guerra contra el terrorismo" de Estados Unidos por sus duros métodos de interrogación, calificados como tortura por sus críticos. 

"Estamos llevando a cabo un proceso en el CSN para evaluar el estado actual de lo heredado por la administración Biden del gobierno previo, en línea con nuestro objetivo más amplio de cerrar Guantánamo", confirma la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Horne, a la misma agencia. 

Así, señala que las deliberaciones aún se encuentran en una etapa inicial y  que "aún deben cumplirse una serie de funciones clave en las políticas", incluidas las de los Departamentos de Defensa, Estado y Justicia.

Fue una de las promesas de Obama

El impacto inmediato de un nuevo enfoque podría ser reinstaurar, de alguna forma, la política de cierre de Guantánamo del expresidente Barack Obama, que redujo el número de presos de la prisión, aunque su esfuerzo por cerrarla se vio obstaculizado en gran medida por la oposición republicana en el Congreso.

Obama hizo del cierre de Guantánamo una de sus primeras órdenes ejecutivas en 2009, pero no lo logró al final de su segundo mandato y su política fue finalmente revertida por su sucesor, Donald Trump, en cuanto accedió al cargo en 2017.

De las 800 personas que han pasado por Guantánamo desde su inauguración, bajo el mandato del presidente George W. Bush y antes de que comenzaran a reducirse su número, quedan 40 presos, la mayoría recluidos durante casi dos décadas sin ser acusados ​​ni juzgados.

El gobierno federal todavía tiene prohibido por ley trasladar a cualquier preso a prisiones en el territorio continental de Estados Unidos. Incluso con su propio partido Demócrata controlando ahora el Congreso, sus mayorías son tan escasas que Biden enfrentaría un duro desafío para asegurar cambios legislativos porque algunos demócratas también podrían oponerse a ellos.

Se espera que una estrategia renovada de Guantánamo se centre inicialmente en reducir aún más el número de prisioneros repatriándolos o encontrando otros países que los acepten, según personas familiarizadas con el asunto.Esto también podría significar el restablecimiento de un puesto en el Departamento de Estado de enviado de cierre de Guantánamo, creado por Obama pero eliminado por Trump, para reanudar las negociaciones con otros gobiernos sobre las transferencias de detenidos. 

Además, el Pentágono podría reiniciar un proceso de revisión al estilo de la libertad condicional de los casos de los presos para determinar si aún representan una amenaza, según afirmar las mismas fuentes consultadas por la agencia. 

Aún así, cualquier plan de cierre podría verse obstaculizado inicialmente por la pandemia de coronavirus, lo que hace poco probable el traslado de prisioneros por ahora.

Más de un centenar de organizaciones piden su cierre

Guántanamo fue, desde el inicio, el objeto de muchas polémicas. Muchos presos fueron encarcelados sin cargos en su contra o sin celebrarse un juicio durante más de una década, provocando condenas a nivel internacional.

Además, la existencia de la prisión es un recordatorio de las prácticas de detención que abrieron a Estados Unidos a las acusaciones de tortura a ojos de los defensores de los derechos humanos. 

Más de un centenar de organizaciones de derechos humanos firmaron una carta el 2 de febrero a Biden pidiéndole que cerrara la prisión y pusiera fin a la detención indefinida de sospechosos allí, diciendo que ya era hora de "un ajuste de cuentas significativo con el alcance total del daño que el post- enfoque del 11-S ha causado ".

Como recuerda Amnistía Internacional, en su intervención en la Conferencia de Seguridad de Munich en 2009, Biden dijo a su audiencia: "Defenderemos los derechos de aquellos que llevamos ante la justicia. Y cerraremos el centro de detención de la Bahía de Guantánamo".

"Una docena de años después, mientras se dispone a entrar en la Casa Blanca como presidente, Biden tiene la oportunidad de hacer realidad aquellas palabras. No debe dejarla pasar", comenta la AI en su informe. 

Además, pidió a la nueva administración encabezada por Biden dar "prioridad" y "recurso" al cierre de este penal ubicado en la base naval que Estados Unidos mantiene en el territorio de Guantánamo, en Cuba.