El Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla ha celebrado este viernes el juicio promovido contra diez activistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), por un presunto delito de hurto cometido supuestamente el 30 de agosto de 2013 con la "expropiación simbólica" de materiales escolares que estaban expuestos para su venta en una gran superficie comercial de la capital andaluza, hechos por los que la Fiscalía ha ratificado su petición inicial de un año de cárcel para cada uno de los acusados. 

Con motivo del juicio, los aledaños del edificio Noga, que alberga los Juzgados de lo Penal de Sevilla, han sido el escenario de una concentración de apoyo a los diez acusados, entre los que figuran Manuel Rodríguez Guillen, exalcalde de Pedrera y exdiputado provincial de IU; o Rafael Aguilera, regidor de Alcalá del Valle (Cádiz), toda vez que otros miembros de la dirección nacional del sindicato fueron finalmente exculpados, como es el caso del histórico líder jornalero Diego Cañamero, otrora líder del sindicato, exalcalde de El Coronil y exdiputado nacional de Unidas Podemos, quien ha asistido a la protesta. 

El abogado defensor de los acusados ha explicado que si bien ciertamente los activistas del SAT accedieron a una gran superficie de la cadena Carrefour de Sevilla capital y se hicieron con materiales escolares que no abonaron, se trató de un "acto reivindicativo y simbólico", señalando que la citada cadena de supermercados no interpuso denuncia por los hechos. 

La denuncia de la Fiscalía 

La Fiscalía, según ha dicho a Europa Press el abogado defensor, sí interpuso denuncia, achacando a cada uno de los diez acusados un presunto delito de hurto por el que solicita un año de cárcel para cada uno de ellos, una solicitud que ha confirmado el Ministerio público durante la vista oral, celebrada sin la asistencia de los acusados al no ser obligatoria la misma por el rango de las penas pedidas. 

"No hubo fines lucrativos", ha defendido el letrado, exponiendo que los materiales escolares recabados del supermercado fueron entregados a niños de familias desfavorecidas, en concreto a una veintena de menores de las familias del colectivo Corrala Utopía, conocidas entonces por habitar sin título alguno las viviendas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de Ibercaja. 

Visto para sentencia 

Así, compareciendo como testigo el responsable de la gran superficie comercial en la que sucedieron los hechos, la defensa de los acusados ha reclamado la absolución de los mismos, quedando el juicio visto para sentencia. 

Óscar Reina, portavoz nacional del SAT, ha insistido de su lado en que se trató de una "acción simbólica, a cara descubierta" e incluso avisando "a la televisión", para "denunciar la pobreza que sufre Andalucía". "No es un delito. Lo volveríamos a hacer", ha dicho a Europa Press Óscar Reina apoyando a sus compañeros encausados.