La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ha dictado este lunes a última hora de la tarde un auto en virtud del cual ordena "suspender" la repatriación de nueve menores marroquíes migrantes solos.

Los beneficiarios de la resolución son parte del grupo de doce en cuyo nombre presentó una demanda de medidas cautelares urgentes en ese sentido la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y jóvenes y la Fundación Raíces.

El juzgado atiende la demanda de medidas cautelares presentada por la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes junto con la Fundación Raíces respecto a nueve menores no acompañados a los que habían pedido que no se devolvieran a Marruecos.

En el auto que suspende la entrega de esos nueve menores, la titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo considera que queda "acreditado" que "ni se ha incoado expediente administrativo ni se ha dictado resolución alguna en relación a la repatriación.

La suspensión del retorno es firme y contra ella no cabe recurso, por lo que Interior la cumplirá, según han indicado fuentes de este departamento. No obstante, la Abogacía del Estado se acoge a los tres días de plazo para presentar, si así lo estima oportuno, las alegaciones pertinentes y será la jueza quien decidirá si mantiene la suspensión o autoriza el retorno de los menores.

El auto, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, recuerda que "la legislación española solo permite la devolución de mayores de edad que se encuentren ilegalmente en nuestro país, sin la tramitación del correspondiente expediente administrativo, cuando se trate de extranjeros que ya hubieran sido expulsados y contravengan la prohibición de entrada en España y a aquellos que pretendan entrar ilegalmente en el país".

Desde su punto de vista, esta es una situación "que de forma evidente no concurre en el presente caso, ya que "nuestro ordenamiento jurídico exige para la repatriación de menores extranjeros no acompañados la incoación de un expediente administrativo, en el que debe constar datos tan esenciales como los relativos a la filiación y las circunstancias sociales y familiares de su entorno en el país de origen".

Remarca que "ni se ha tramitado, cumpliendo con los referidos trámites de obligado cumplimiento el procedimiento administrativo, ni consta resolución expresa sobre dicha cuestión respecto a cada uno de los menores exigible en nuestra legislación".

Según la jueza, dicha omisión ha impedido "a la totalidad de los interesados" conocer "los fundamentos que justifican la decisión de facto adoptada" por el Ministerio de Interior y el Gobierno de Ceuta sin el respaldo de la Fiscalía ni del Área de Menores local.

La Fiscalía se opuso a repatriar menores desde Ceuta

La Fiscalía de Ceuta se opuso este domingo a la repatriación de menores migrantes desde Ceuta ordenada por el Ministerio del Interior, alegando que la orden enviada por departamento que dirige Fernández Grande-Marlaska no incluía la tramitación que exige la ley española en esta materia y tampoco está firmada.

El órgano judicial se refiere al escrito, con fecha del 10 de agosto, que envió la Secretaría de Estado de Seguridad por el que se llama a "ejecutar las previsiones recogidas en el artículo 5 del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007".

En este documento, se "ruega" efectuar este retorno "respetando en todo momento" los "intereses y derechos" de los menores "con el fin último de garantizar en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela".

Además, se asegura que Marruecos "se compromete a velar por los
intereses de los menores" hasta que "sean entregados a sus padres lo antes posible". En el caso de no existir padres, apunta Interior, "L'Entraide Nationale se hará cargo de los menores".

Sin embargo, esta orden no convence a la Fiscalía ceutí que este domingo avaló la suspensión de las repatriaciones. El documento, que según la Cadena SER tiene como base un decreto firmado por el Fiscal de Menores, no sirvió finalmente para paralizarlas, ya que estas comenzaron un día antes.

Con observancia estricta

El documento de la Fiscalía de Ceuta indica que para la puesta en marcha de estas repatriaciones "solo consta como fundamentación jurídica de la misma un oficio de la Secretaria de Estado de Seguridad, sin firma", en el que se dice que se va a proceder a ponerlas en marcha.

Del mismo modo, apunta que el artículo al que se refiere el Ministerio --el 5 del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007-- dispone que el retorno "solo puede realizarse en todo caso con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios de Derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los derechos del niño".

En este sentido, apunta que en "la documentación aportada, no consta la tramitación que, para la repatriación de menores no acompañados, exige nuestra legislación de extranjería". "Por ello resulta apropiado acordar la suspensión solicitada mientras la autoridad administrativa correspondiente no aporte el expediente administrativo incoado y la resolución administrativa que corresponda", recoge el documento de la Fiscalía.

Respeto al derecho a ser oído y a la tutela judicial efectiva

Las asociaciones Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces han pedido al Gobierno que paralice todas las repatriaciones de los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Ceuta después de prosperar su recurso ante la Justicia y se haya suspendido este lunes la devolución de 9 de ellos.

De las treinta repatriaciones que estaban previstas para este lunes y martes, nueve han sido suspendidas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta; otros tres menores no han podido quedarse en suelo español porque habían sido expulsados en el momento de dictarse el auto.

Según han denunciado las asociaciones, al resto de esos treinta menores no acompañados pendientes de repatriación no se les ha podido designar previamente a las abogadas de las ONG para que tramitasen la suspensión de su regreso a Marruecos.

Además, durante el fin de semana se presentó una solicitud de medidas cautelarísimas en representación de otros ocho menores y, también una petición de "habeas corpus" en el juzgado de guardia que fueron así mismo desestimadas.

Por ese motivo, Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces han pedido al Gobierno que se garantice la asistencia letrada de los menores durante el proceso judicial y se respete el derecho a ser oído y a la tutela judicial efectiva.

Las asociaciones han recalcado que las devoluciones de entre 45 y 60 niños realizadas desde el pasado 13 de agosto son "ilegales", a la vez que han denunciado que estas actuaciones vulneran "sistemáticamente" los derechos de la infancia en situación de mayor vulnerabilidad.