La crisis social que sacude Perú suscitada por la subida en los precios de los combustibles, peajes, alimentos de primera necesidad y recursos agrícolas, se ha saldado ya con la muerte de seis personas en nueve días de protestas.

Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH), esta semana un joven de 18 años moría como consecuencia de la actuación policial en la céntrica región de Huánuco.  

Este miércoles, también a causa de la represión policial, fallecía otra persona durante una protesta en la región sureña de Ica. La Policía Nacional de Perú (PNP) no detalló las razones por las que murió esta persona y se limitó a exhortar a los manifestantes a "no generar mayores actos de violencia que atenten contra el derecho a la vida, a la propiedad pública y privada y al libre tránsito por el territorio nacional".

Ante estos acontecimientos, la CNDDHH ha exigido el cese de la represión policial y la renuncia del ministro de Interior, Alfonso Chávarry, a quien instaron a asumir "su responsabilidad política".

Situación descontrolada

Como respuesta a estas protestas, el presidente Pedro Castillo decretó el pasado lunes, al borde de la medianoche, el estado de emergencia y un toque de queda en Lima y su vecina provincia de Callao para el martes, aunque estas dos provincias prácticamente no se vieron afectada por la huelga.

Sin embargo, el mandatario revirtió la orden por sorpresa siete horas antes del fin previsto, después de que miles de ciudadanos salieran a protestar en Lima y desafiaran el toque de queda.

Esa manifestación derivó también en fuertes enfrentamientos y el ataque contra una sede del Poder Judicial en el centro de la ciudad. Según la PNP, durante esta concentración en la capital se detuvieron a 18 personas, quienes serán denunciadas por el delito contra la tranquilidad pública.