Incluso antes de la crisis de suministros y de las materias primas o de la más reciente derivada de la invasión de Rusia a Ucrania, la capacidad de compra de los barceloneses cayó un 7% en el tercer trimestre del pasado año con relación a principios de 2019. Así lo refleja el primer informe de la Evolución de la renta trimestral de Barcelona, elaborado por l Oficina Municipal de Datos (OMD) del Ayuntamiento de Barcelona.

Esta pérdida de poder adquisitivo debe enmarcarse en un contexto donde el incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos fue del 1,47% en 2021. Teniendo en cuenta que el Índice de Precios al Consumo (IPC) en Catalunya creció un 6,1% el pasado año y que este pasado febrero ha subido al 7,4%, la capacidad de compra, en función de la renta disponible, ha bajado al menos un 5%.

En el tercer trimestre del año pasado, los valores de la renta disponible de los hogares todavía no habían alcanzado los registros de principios de 2019 y en términos nominales la renta disponible era un 4% inferior respecto al nivel prepandemia, según explica la jefa del Departamento de Análisis de la OMD, Dolors Cotrina. En ese momento, Cotrina reconoce que se llegó una situación en la que "los hogares pueden comprar menos con el mismo dinero y si se decidiera subir los salarios un 5% en vez de un 2%, la capacidad adquisitiva de éstas quizás no se vería mermada".

La pandemia ha detenido la recuperación salarial acordada en los convenios colectivos. De hecho, según comenta Cristina Torre, secretaria de Acción Sindical de CCOO Catalunya, incluso en 2019, los sueldos todavía se encontraban un 6% por debajo de los que había antes de la anterior crisis.

Ahora, el conflicto en Ucrania ha cogido a todo el mundo con el pie cambiado. De las previsiones de terminar el año 2022 con una inflación de entre el 2 y el 3% se ha pasado a un escenario de incertidumbre, en el que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y las patronales ya han empezado a hablar de un pacto de rentas para volver a la moderación salarial.

Consumo mínimo vital energético

Aunque Torre asegura que desde el sindicato entenderían esta medida, matiza que "el esfuerzo no debe recaer sólo sobre el lado de los trabajadores y después del período de vigencia deberían articularse cláusulas de revisión salarial para evitar seguir perdiendo poder adquisitivo". A consecuencia de la escalada de los precios energéticos, que está tensando a los ciudadanos con dificultades para afrontar los suministros básicos y las empresas industriales, forzadas a detener la producción, Cristina Torre propone proteger este tipo de servicios con un consumo mínimo vital de energía que sea gratuito para los colectivos más vulnerables.

Desde CCOO Catalunya se insiste en que es el Gobierno central el que debe mover ficha y plantear medidas sociales como complemento a un hipotético pacto de rentas. Torre recuerda que "hemos encadenado los elementos de sufrimiento de la pandemia con la incertidumbre de la guerra en un momento en el que los efectos de la Reforma Laboral se empezaban a notar". Así, ésta había comenzado a incrementar hasta un 130% la cifra de contratos laborales indefinidos. Medidas previstas por si es necesario aplicarlas de forma inmediata. Es la propuesta de Torre ante el peligro de alargamiento de la guerra, "que puede descontrolar su economía".

La contención salarial ya se propugnaba antes de la invasión de Ucrania. Para evitar tener que llegar a este punto, previsto en el pacto de rentas, la profesora de Hacienda Pública y experta en Derecho Tributario de la Universitat de Barcelona (UB), Maria Dolors Torregrosa, defiende la necesidad de bajar el impuesto de los hidrocarburos del 21 al 10% y los de producción energética. Su fórmula para mejorar la situación implica "no subir impuestos ahora, pero tampoco bajarlos, sino ajustar el gasto". La solución radica en cambiar su concepción de la recaudación e impulsar una reforma tributaria.

Impuesto Mínimo de Sociedades

Asumiendo parte de las propuestas planteadas por el Libro Blanco de la Reforma Tributaria, un documento que un grupo de economistas ya ha entregado al Gobierno del Estado, Torregrosa insta a aprobar un tipo mínimo del 15% de un Impuesto sobre Sociedades, dirigido a las grandes empresas. Sin embargo, la considera una medida limitada "porque el dinero suele estar en paraísos fiscales que acaban escapando de este control". La experta lamenta que en el ámbito energético no se haya avanzado en aspectos como las renovables ni las comunidades energéticas.

El diagnóstico de Torregrosa es que la guerra ha empeorado una situación que mostraba ya signos de deterioro. Problemas de pobreza energética, encarecimiento de productos y alimentos básicos y caída de la capacidad de ahorro son sus principales efectos. En una misma línea se manifiesta el profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Albert Recio. Así, precisa que "los impactos del gasto energético están muy ligados a la renta". Es decir, las clases bajas deben realizar un mayor esfuerzo para cubrir sus necesidades de servicios energéticos.

La receta para equilibrar estas desigualdades se inicia, según Recio, con los impuestos a los beneficios empresariales o incluso instaurar un sistema en el que los sueldos de los trabajadores sirvan para generar un fondo sobre la propiedad de las empresas. "Mientras los impuestos derivados de las rentas del capital y los procedentes del trabajo no estén equiparados, las reformas fiscales o los cambios en la tributación no serán efectivos".

Las primeras voces que abogan por un pacto de rentas para contener la inflación han servido para volver a poner sobre la mesa el debate sobre qué papel deben tener los salarios, con cada vez menos peso sobre la renta disponible, y el control tributario para reducir la espiral inflacionista. Como telón de fondo, el temor a que se generen situaciones de conflictividad social derivadas de la pobreza laboral.