Las líneas de financiación avaladas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las moratorias de los préstamos contraídos por asalariados y autónomos en situación de vulnerabilidad supusieron un alivio para la banca en 2020, al permitirle mantener el pulso de su negocio y evitar una avalancha de morosidad que habría comprometido su solvencia y puede que hasta su integridad, como ocurrió en la crisis anterior.

Sin embargo, casi doce meses después de que el Gobierno desplegara las primeras medidas del llamado "escudo social", el año pasado, el sistema financiero tiene sobre sí una amenazante espada de Damocles: el riesgo de que el alargamiento de la pandemia deteriore aún más la economía y eso lleve consigo impagos a gran escala.

Al amparo de la financiación avalada por el ICO, hasta el 31 de enero se habían suscrito 977.574 operaciones (tanto para garantizar la liquidez como para afrontar nuevas inversiones o el reinicio de la actividad), por un total de 118.354 millones de euros, de los que 89.924 millones cuentan con el respaldo del Estado, pero no así los 28.430 restantes, que son el riesgo asumido directamente por la banca.

De aquellas 977.574 operaciones, el 89% han sido suscritas por autónomos y micropymes (con menos de diez empleados), que son los más afectados por las restricciones a la movilidad impuestas para hacer frente a la pandemia y, probablemente, los que más dificultades tengan para salir adelante, sobre todo en sectores como la hostelería o el comercio, donde los destrozos han sido mayores.

Ante las previsibles dificultades de los deudores para hacer frente a los pagos derivados de las líneas de financiación avaladas por el ICO, como consecuencia del grave deterioro que el coronavirus ha infligido al tejido productivo, el Gobierno puso en circulación recientemente la idea de proceder a una quita, no indiscriminada, sino para aquellas actividades que tengan posibilidades reales de ser viables.

En principio, la banca no está por la labor de asumir su parte de esa quita, que podría costarle miles de millones de euros, y prefiere conceder más facilidades de pago, aunque esa bala ya la ha usado el Gobierno con la ampliación del periodo de carencia de los créditos avalados por el ICO (hasta dos años) y del plazo de devolución (de cinco a ocho años), aprobada a mediados de noviembre de 2020.

La otra gran amenaza sobre la banca son las moratorias a los asalariados y autónomos en situación de vulnerabilidad por culpa de la pandemia, que comprometen 54.114 millones de euros en créditos, tanto hipotecarios como no hipotecarios, incluyendo las moratorias legislativas (impuestas por el Gobierno) y la sectorial (asumida voluntariamente por las entidades), según datos al cierre de enero.

Aunque esos 54.114 millones de euros son un porcentaje aparentemente pequeño (el 8,3%) de los 650.889 millones prestados por el sistema, su volumen constituye una seria preocupación y explica en parte que sólo los seis principales bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter) dedicaran 40.385 millones de euros a saneamientos de crédito y a provisiones a lo largo de 2020.

Esta última cifra, sin embargo, no supone ni el 50% del riesgo potencial contraído por el conjunto de las entidades con las ayudas para frenar el impacto de la crisis sanitaria, que asciende a 82.544 millones de euros, resultado de sumar los 28.430 millones no avalados de las líneas ICO y los 54.114 del saldo vivo de los préstamos cuyos deudores se han acogido a alguna de las moratorias.