La quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers en 2008 se tiene desde entonces como el emblemático arranque de aquella gran recesión en la que la crisis de las hipotecas basura se encadenó con el estallido de la burbuja inmobiliaria y el crash de la deuda soberana.

Los datos que arroja la evolución de la banca española en los quince años transcurridos desde entonces resultan mareantes, además de ofrecer puntos contradictorios y, en ocasiones, de más difícil explicación por sus responsables que de comprensión o análisis por la opinión pública.

Según los datos de las memorias anuales de Aebanca, la patronal del sector bancario español, las entidades financieras que operan en el país acumularon entre 2008 y 2022 beneficios netos por valor de 164.774 millones de euros, a razón de algo más de treinta diarios. Incluyen dos ejercicios de pérdidas: 1.704 millones en 2012, el año del inicio de la reestructuración en España, y algo más de 5.000 en 2020, aunque estos últimos tuvieron un carácter más contable que operativo.

Ese proceso no responde tanto a un prodigio de gestión como a una inyección de dinero público que supera los 120.000 millones de euros, 70.000 para financiar el proceso de concentración, 17.500 de deuda pública liquidada a las entidades y otros 34.000 con el pago aplazado.

Esta inyección ha ido acompañada de una escabechina laboral que se ha llevado por delante más de 37.000 empleos, a menudo con cargos indirectos al erario. También de alardes de creatividad tributaria como los DTA, los peculiares activos fiscales diferidos con los que la banca española podrá optar entre descontarse de sus impuestos o transformar en deuda pública hasta 42.000 millones de euros en los próximos nueve años.

En ese proceso se ha producido una mutación del negocio con un descomunal aumento del cobro de comisiones a los usuarios hasta superar los 20.000 millones por primera vez el año pasado y sumar 267.017 en una década. Y ha tenido, como cualquier otro proceso, sus consecuencias, que en este caso tienen rasgos muy particulares.

Por una parte, la concentración del negocio, con la supresión de 52 entidades financieras en poco más de una década y el cierre de 9.351 oficinas, que se suma al recorte de plantilla, ha afectado de manera notable al servicio.

"Un 3,5% de la población, principalmente en zonas rurales, carece de la posibilidad de disponer de atención bancaria básica", explica el economista y profesor de la Complutense Carlos Sánchez Mato, que llama la atención sobre algunas ratios que calcula el BCE (Banco Central Europeo).

"Los bancos españoles han suprimido el 38% de su plantilla en quince años, y lo han hecho recortando el doble de empleo que su sector en la eurozona", señala, hasta situar la ratio de atención en un empleado por cada 276 habitantes frente a los 186 del espacio económico del euro.

Entre dos tercios y tres cuartos del negocio

Paralelamente, las diez entidades declaradas como significativas, que son los seis bancos del Ibex35 más Abanca, Kutxa, Cajamar e Ibercaja, acumulan el 94% de los activos del sector, mientras que las tres principales, Santander, BBVA y CaixaBank, copan el 75% de las oficinas en la mitad de las provincias del país y acaparan casi dos tercios de los depósitos al sumar más de 900.000 millones de euros.

"La concentración es brutal, ha habido una eliminación de la competencia y la banca española es ahora un oligopolio como un caballo", anota Sánchez Mato, quien destaca que el grado de concentración de los activos "no llega al 33% en Alemania".

Así, añade, "no es de extrañar que la remuneración de los depósitos tarde en llegar, porque con ese grado de concentración los bancos no necesitan competir entre ellos".

Coincide en la apreciación con Antonio Luis Gallardo, responsable de Estudios de Asufín (Asociación de Usuarios Financieros), quien aprecia en el sector "una falta de competencia pasmosa que favorece poco los cambios. Su guerra está más en aumentar beneficios reduciendo costes que ganando clientes".

De ahí las dificultades con las que usuarios y administraciones se están encontrando para afrontar dificultades de acceso al servicio como las derivadas de la brecha digital, en este caso combinadas con, o causadas y potenciadas por, según se mire, el recorte de oficinas, personal y horarios de atención al público.

O, también, los remilgos para atajar el endose de cláusulas abusivas a los clientes. Una práctica que, tras haber admitido engaños a más de medio millón de familias y haber declarado probados los tribunales otros cien mil fraudes, sigue produciéndose década y media después y generando miles de demandas de los consumidores.

Escaso refuerzo de la estructura

Esa etapa de grandes beneficios y no muy menores ayudas públicas no ha ido, sin embargo, aparejada de procesos de saneamiento y refuerzo de las estructuras, o cuanto menos no de las magnitudes que resultarían adecuadas para conjurar los riesgos que comporta esa fragilidad.

En este aspecto resulta significativo que tras esa avalancha de beneficios y subvenciones, que supera los 300.000 millones en quince años si se incluyen los DTA, y la absorción de medio centenar de cajas de ahorro y algún banco, apenas se aprecian refuerzos en el patrimonio neto del sector, el indicador que señala la robustez real de las empresas al relacionar los pasivos exigibles con los activos.

Para los bancos, la mejora de ese epígrafe asciende a 66.136 millones de euros (+58%) al crecer de los 113.429 de 2008 a los 179.564 del cierre de 2022. Sin embargo, para el conjunto del sector financiero, incluidas las antiguas cajas ahora bancarizadas, el avance ha sido bastante más exiguo al quedarse en 22.826 millones (+10,7%) desde los 213.090 de hace quince años.

¿Cómo ha podido ocurrir eso? Algunos lo achacan al evanescente concepto de la "libertad de empresa". Aunque ese no es el único que encaja con el devenir de un sector que al mismo tiempo que engulle cantidades astronómicas de dinero público acoge entre sus propietarios a inversores internacionales, va retirando acciones del mercado para mejorar la remuneración de estos vía dividendos y estrangula las vías de capitalismo popular que constituían su única acción redistributiva.

No es la estructura el único aspecto en el que se perciben debilidades, que también aparecen en lo referente al valor de mercado de las principales entidades, para el que toma como referencia su capitalización bursátil.

Solo uno de los seis grandes bancos españoles, Bankinter, se encuentra por encima de su valor en libros, mientras BBVA y CaixaBank se mantienen por encima del 80%, Santander no llega al 60% y Sabadell y Unicaja se hallan más carca del 40% que del 50%.

"Hoy en día las entidades son más sólidas, de mayor magnitud, pero eso tiene una doble vertiente: es menos probable que se produzca una quiebra, pero las consecuencias si eso llegara a pasar serían mayores", apunta Gallardo.

7.000 millones para proteger 850.000 en depósitos

Si hoy se produjera la quiebra de una entidad financiera, los principales afectados serían sus accionistas y los dueños de instrumentos de capital como bonos y participaciones, mientras que los clientes, a priori, disponen de la garantía del Estado para recuperar a través del Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.000 euros de sus ahorros, una cifra netamente superior a la que manejan el grueso de los ahorradores.

"Ha habido un cambio en la manera de intervenir las entidades, en el que la resolución la soportan los dueños de participaciones, que pueden verse afectados por quitas, mientras el usuario debe tener claro que su seguridad alcanza hasta 100.000 euros", señala Gallardo.

Sánchez Mato, por su parte, advierte de que, en caso de producirse una eventual caída, "hasta la más pequeña de las entidades significativas generaría un temblor que el sistema no es capaz de asumir, ya que los depósitos de la más pequeña de ellas multiplica por diez los recursos del Fondo de Garantía".

El Fondo de Garantía de Depósitos, que se financia con las aportaciones de las entidades financieras, acumulaba al cierre de 2022 un total de 6.609 millones de euros, el equivalente al 0,75% de los ahorros que protege, que eran en esa fecha 884.500 millones de euros.

Su objetivo máximo es llegar al 0,8%, es decir, a disponer de algo más de 7.000. Paralelamente, la Junta Única de Resolución (JUR), el organismo europeo que se encarga de los rescates y disoluciones de las entidades en crisis, acumula 77.600 millones, aunque con 2.777 bancos y empresas de servicios de inversión de toda la zona euro, 91 de España, como eventuales destinatarios.

Esas cifras sitúan al Estado, que entre lo aportado y lo comprometido ya lleva puestos más de 160.000 millones de euros en la banca local en una década, como eventual pagano de los platos rotos en caso de que se produzcan turbulencias intensas.

Hay pocas dudas sobre si debería o no actuar, y con cargo a qué, ante las dañinas expectativas de contagio sistémico en España y el resto de Europa que entraña la segunda de esas opciones.