El Banco de España considera en su informe anual, publicado este martes, que la economía española proyecta a futuro un crecimiento potencial "relativamente modesto", con unos niveles por debajo del 1,5% a medio plazo, advierte de que presenta un grado "notable" de vulnerabilidad ante posibles perturbaciones y cuestiona el cumplimiento estricto del grado de reducción exigido del déficit público estructural.

El organismo cita entre los factores estructurales más relevantes que limitan el crecimiento el elevado desempleo estructural, el envejecimiento de la población, el menor crecimiento de la tasa de actividad derivado del cambio demográfico y la reducida productividad, como resultado de la "excesiva" dualidad del mercado de trabajo, las regulaciones que limitan la competencia y la reasignación ineficiente de recursos, así como el déficit de capital humano y tecnológico.

Respecto al déficit público. el Banco de España recuerda que deberá situarse en el 2,2% del PIB en este año y el esfuerzo estructural acumulado entre 2016 y 2018 deberá ser de 0,6 puntos porcentuales del PIB.

Aunque ve "muy probable" que las administraciones públicas sitúen su déficit por debajo del 3% en 2018, advierte de que existe una "mayor incertidumbre" sobre el cumplimiento estricto del grado de reducción exigido del déficit público estructural, que según Bruselas sería todavía elevado, del 3,1% del PIB potencial en este año, el mayor de los 19 países de la UE.

El Banco de España recuerda que la expansión del PIB, que en términos acumulados alcanza un 13% desde el inicio del ciclo alcista en 2014, está permitiendo un "rápido" crecimiento del empleo y una reducción significativa de paro. No obstante, avisa de que los progresos son todavía "limitados" en otros ámbitos, como la reducción del elevado nivel de deuda pública, lo que hace que, en el medio plazo, la economía española continúe presentando "un grado notable de vulnerabilidad ante posibles perturbaciones, especialmente en un contexto en el que cabe esperar que las políticas de demanda proporcionen un estímulo cada vez menor al crecimiento".

Por ello, entre los desafíos hace hincapié en la tarea "urgente" de la corrección del desequilibrio de cuentas públicas y el alto endeudamiento por los impactos negativos que tendría en caso de prolongarse. La ratio de deuda pública sobre PIB habrá de disminuir anualmente una veinteava parte de la distancia con la referencia de medio plazo del 60%, señala el informe.

Por el lado del gasto, cree que existe margen para aumentar la eficiencia del gasto público y reorientar su composición hacia aquellas partidas con mayor incidencia sobre la productividad. Por el de los ingresos, aboga por considerar una revisión y definición de la cesta de impuestos hacia estructuras más favorables al crecimiento de medio plazo.

Pensiones y empleo

El Banco de España advierte de que el envejecimiento poblacional supone "un reto de primer orden para la sostenibilidad de las finanzas públicas", de forma que considera que, en ausencia de aumentos adicionales de los ingresos del sistema de pensiones, el ajuste se produciría principalmente a través de una disminución de la tasa de sustitución de las pensiones públicas, cuyo descenso podría alcanzar los 20 puntos porcentuales entre 2013 y 2060.

De cara al futuro, aboga por delimitar, de acuerdo con las preferencias sociales, las tasas de sustitución del sistema de pensiones que se pretenden asegurar, de forma que se adecuen los ingresos para que la sostenibilidad quede garantizada.

"El mantenimiento de las tasas de sustitución actuales, que son elevadas en comparación internacional, exigiría incrementos de los ingresos del sistema muy significativos" advierte, el tiempo que cree deseable que cualquier estrategia de reforma elegida aumente la transparencia del sistema, refuerce su contributividad y, en especial, mantenga un mecanismo de ajuste automático que garantice la sostenibilidad de las pensiones futuras de la población.

El reto "especialmente acuciante" marca también la disminución del empleo, especialmente elevado y persistente en colectivos como el de los más jóvenes y los más mayores, y los de menor nivel de cualificación, para lo que pide orientar las políticas públicas a evitar que permanezcan largo tiempo en desempleo.

En materia de productividad, ve preciso combatir el elevado grado de segmentación del mercado de trabajo, orientar la educación a afrontar los retos derivados del progreso tecnológico y la globalización, al tiempo que propone aumentar la asignación de recursos públicos para cerrar la brecha de España en I+D+i respecto al resto de economías europeas.

En cuanto a las administraciones territoriales, responsables de más del 40% del gasto público, insta a reformar el sistema de financiación con el objetivo de adecuar los ingresos a las necesidades de gasto, de garantizar su reparto de manera transparente y de incrementar el grado de corresponsabilidad fiscal.

Adicionalmente, aboga por retomar el acceso a los mercados de capitales por parte de las CCAA como vía fundamental de financiación de sus desequilibrios fiscales, haciendo uso de los distintos fondos del Estado desarrollados durante la crisis "solo en circunstancias excepcionales".