CaixaBank, el mayor banco por activos de España tras la absorción de Bankia, planea reducir su plantilla en casi una quinta parte y cerrar cientos de oficinas en una de las mayores reestructuraciones laborales de la historia empresarial de España. Concretamente, la dirección del  banco plantea el despido de 8.291 personas (el 18% de la plantilla) y el cierre de 1.534 oficinas (el 27% de la red actual), convirtiéndose en la reestructuración de mayor envergadura realizada hasta el momento en el sector bancario español. 

Más aún, el recorte de empleo anunciado este martes por la entidad es el más elevado en España desde hace más de veinte años, solo por detrás del acometido por Telefónica en 1999, cuando la operadora despidió a 10.800 trabajadores.

El banco ha descartado las prejubilaciones y tratará de que las salidas se produzcan con arreglo a la máxima voluntariedad y la meritocracia. A pesar de que se preveía que gran parte de las salidas fuera asumidas por los mayores, el banco pretende que el ajuste sea equilibrado y afecte en un 50% a mayores de 50 años y la otra mitad a menores de este límite de edad.

Esta primera oferta puesta sobre la mesa por CaixaBank se enmarca en el procedimiento de despido colectivo que va a acometer como consecuencia de la absorción de Bankia, aunque la afectación final dependerá del empeño y el esfuerzo de la mesa negociadora.

Madrid, con 1.511 despidos; Andalucía, con 1.051; la Comunidad Valenciana, con 942, y Cataluña, con 754, son las comunidades más afectadas por el ERE, al concentrar en su conjunto más de la mitad de las salidas previstas (51,3%). Por provincias, las más afectadas son, además de Madrid (1.511), Barcelona (595), Valencia (528), Las Palmas (293), Alicante (253), Granada (279), Sevilla (237) o Cádiz (125).

La entidad habría explicado a los sindicatos que las causas del ERE son productivas y organizativas, resultado de la fusión y del entorno actual del mercado, así como de la evolución de los clientes hacia lo digital.

El banco, además, ha planteado dividir los adscritos al ERE en cuatro grupos diferentes, con diferentes propuestas de indemnización en función de su edad.

A los mayores de 63 años plantea una indemnización de 20 días por año trabajado con un tope de doce mensualidades; al personal entre 58 y 63 años que tenga 15 años de antigüedad, propone abonarle el 50 % del salario pensionable y un convenio especial de la Seguridad Social hasta los 63 años.

En cuanto al personal de entre 55 y 58 años con 15 años de antigüedad, propone pagarle el 50 % del salario regulador con un máximo de dos anualidades como compensación, y al resto de la plantilla, es decir, a los menores de 55 años, plantea indemnizarles con 25 días por año trabajado con un tope de 18 mensualidades.

Plan de recolocaciones

Además, CaixaBank se ha comprometido a poner en marcha un plan de recolocación para que la gente que abandone la entidad encuentre un nuevo empleo en el periodo más corto posible.

Respecto a oficinas, los criterios para el cierre se basarán en el tamaño del municipio y competencia bancaria en la plaza; la distancia entre oficinas de ambas entidades; la cuota de presencia y solapamientos; evitar la exclusión financiera y potenciar oficinas de mayor tamaño y especialización.

El banco ha anunciado en reiteradas ocasiones su intención de que este ajuste de plantilla se realice de forma no traumática y primando la voluntariedad. El objetivo es tener cerrada la negociación a finales del segundo trimestre del año.

La entidad, presidida por José Ignacio Goirigolzarri y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, suma 623.800 millones de euros en activos totales en España, lo que la convierte en el banco de mayor dimensión del mercado doméstico. CaixaBank acordó en septiembre la compra de Bankia por 4.300 millones de euros, en una operación respaldada por un ahorro anual de costes de 770 millones de euros hasta 2023. Excluyendo el personal de la unidad portuguesa de CaixaBank, BPI, el banco tiene unos 44.400 trabajadores en su negocio bancario y unas 5.639 oficinas.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero ha afirmado que el Gobierno "lamenta" que cualquier empresa vaya a promover un ERE que implica pérdidas de puestos de trabajo cuando está realizando esfuerzos "titánicos" a través de los ERTEs para sostener el empleo de las personas con mayores dificultades y evitar que se alcancen cifras "inasumibles" de desempleo como ocurrió en la crisis de 2008. La ministra portavoz, no obstante, ha comentado que el recorte de plantilla hubiera sido superior "probablemente y con casi toda seguridad si no se hubieran producido las fusiones correspondientes en las entidades financieras".

El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), posee una participación del 16,1 % en la nueva CaixaBank.

Los sindicatos critican las condiciones de salida

Los principales sindicatos ya han mostrado su desacuerdo con este planteamiento de CaixaBank. Para CCOO esta propuesta "es una provocación y una falta de respeto, ya que plantea condiciones de derribo" en las indemnizaciones. 

Además, critican que las condiciones de la salida abocan a "despidos forzosos con la meritocracia".

UGT también denuncia que el ahorro de costes que se propone recae solo sobre la plantilla con la eliminación de pagas de defunción de familiares y de nacimiento de hijos, así como de la ayuda de hijos pasando a ser un complemento personal o de las pagas especiales de 25 y 35 años.

Por eso, después del proceso de integración recién acometido, consideran "salvaje" la primera medida de rebajar más del 50% de la plantilla que se acaba de integrar.

Desde la crisis financiera de 2008, el número de sucursales bancarias en España se ha reducido en algo más del 50% hasta diciembre del año pasado. Los trabajadores del sector se han reducido en casi 97.000 personas, alrededor de un 35%, respecto a diciembre de 2019, según datos del Banco de España.