El miércoles no fue un buen día para las políticas y eslóganes tributarios de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La jornada comenzó con el trampantojo de la eliminación de los impuestos propios de la comunidad, uno sobre las tragaperras y otro sobre los vertederos de residuos que aportan tan solo el 0,02% de sus recursos.

Y luego siguió con la publicación de la Estadística de los Declarantes del Impuesto de Patrimonio, que cuestiona uno de los mantras preferidos de la conservadora, el que sostiene que bajar los impuestos ha convertido a ese territorio en un imán para la riqueza.

Los datos de la Agencia Tributaria dejan claro cómo en los últimos cinco años otros tres territorios que sí cobran ese tributo, como Catalunya, País Valencià y Andalucía, han captado, ya sea por la vía de la atracción o de la retención, a un número más elevado de ricos, si por ricos se entiende quien está obligado a presentar declaración de Patrimonio, y un volumen mayor de fortunas que Madrid.

También dejan claro que en ese mismo lustro ha aumentado de manera notable el patrimonio que esos potentados atesoran y que lo ha hecho de una manera más acusada en el conjunto de esos tres territorios, donde se ha incrementado en casi 68.000 millones de euros frente a los 53.500 de los ricos madrileños.

Eso ocurría mientras los gobiernos de Catalunya, Andalucía y País Valencià recaudaban una media de 701 millones de euros al año en concepto de Impuesto de Patrimonio y el de Madrid perdonaba mediante una bonificación del 100% una media de 859 por ejercicio, algo que parece cuestionar que la rebaja de impuestos sea, más allá de la teoría, un imán para atraer riqueza a un territorio.

"Lo que está pasando es que se está perdiendo mucho dinero en recaudación en Madrid", señala Carlos Cruzado, presidente de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda, que se muestra convencido de que rebajas fiscales como las que Madrid aplica en Patrimonio "no influyen tanto" como motivo para la deslocalización y el traslado de patrimonios de un territorio a otro.

"Los datos ponen en duda ese concepto", anota, al tiempo que apunta que "no es tan fácil cambiar de domicilio fiscal. Hay controles y supervisiones".

Otro dato de esa estadística apunta en la misma dirección: el número de declarantes se duplicó con creces durante ese lustro en Aragón, la comunidad con mayor presión fiscal en este tributo al obligar a declararlo a partir de una cartera de bienes muebles e inmuebles de 400.000 euros.

El crecimiento allí triplica en número al de Madrid (+7.758 por +2.420) cuando, de cumplirse el mantra neoliberal, debería haberse producido una fuga masiva, máxime cuando sus fortunas se han disparado al pasar de 15.306 a 24.309 millones de euros.

El de los supuestos efectos de las teorías tributarias neoliberales no es el único de los mantra del ámbito económico de los últimos años que queda impugnado con los datos que este miércoles hizo públicos la Agencia Tributaria: el aumento de casi 6.500 miembros en la ‘plantilla’ de ricos en Catalunya y el crecimiento de sus fortunas en algo más de 45.000 precisamente entre 2014 y 2019, los años en los que se enmarcan las dos consultas y el proceso penal a raíz del 1-O, ponen en entredicho el relato que apuntaba a la deslocalización de riqueza como consecuencia del conflicto político, un discurso que, por otra parte, ya flaqueaba ante los datos en el otoño de 2017.

El número de declarantes del Impuesto de Patrimonio pasó de 16.670 a 19.090 en Madrid entre 2014 y 2019, un aumento de 2.420 que supera al de 838 de Andalucía pero que, además de por los registros de Aragón, se ve claramente superado por los del País Valencià (4.439) y por los de Catalunya (6.459). Entre los tres suman 11.736, casi cinco veces más.

Hay diferencias entre los baremos que cada una de esas comunidades aplica, ya que mientras Andalucía y Catalunya mantienen la exención que se aplica en la mayor parte del Estado, y que exime de presentar la declaración a quien posee menos de 700.000 euros siempre que no salga a pagar, el País Valencià rebaja ese requisito a 600.000 y Madrid lo eleva a dos millones.

Eso tira a la baja del número de declarantes en Madrid y al alza en el País Valencià, aunque no altera las líneas principales de esas tendencias, que apuntan, cuando menos, a la existencia de más de un foco territorial de atracción o de retención de fortunas en España.

"No se producen cambios de domicilio en función del Impuesto de Patrimonio", insiste José María Mollinedo, secretario general de Gestha, que anota que, por otro lado, las grandes fortunas estructuran la tenencia de sus bienes a través de empresas, patrimoniales para los inmuebles para algunos muebles y sicav para los societarios.

Paralelamente, el grueso de las exenciones de ese tributo (269.956 millones de 303.414) se concentran en las acciones y participaciones en empresas que suponen la principal fuente de ingresos de los declarantes. Y el domicilio de esas empresas suele coincidir con el de su propietario, que en la inmensa mayoría de los casis tendría algo más que problemas para justificar ante la Hacienda autonómica que reside oficialmente en un sitio y, al mismo tiempo, vive de algo radicado en otra comunidad y que le reporta beneficios fiscales.