Siete décadas después de que Alemania comenzara a aplicar el kurzabeit, las regulaciones de empleo acompañadas de acciones de formación de las plantillas para su reconversión, y cuando al cierre de mayo quedaban 27.380 trabajadores de 3.984 empresas en ERTE, según los datos del Ministerio de Inclusión, ese modelo de protección del empleo comienza a llegar a España: 51 centros de formación y dos compañías de tamaño mediano (menos de cien asalariados) han obtenido del SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal) ayudas por valor de 23,89 millones de euros para iniciar la adaptación de 56.524 empleados incluidos en expedientes de suspensión o reducción de la jornada, o que han pasado por ellos durante la pandemia, para ocupaciones de carácter verde y digital.

Un programa de este tipo, que supone combinar los instrumentos de protección del empleo en empresas viables con otros de adaptación de las plantillas cuando las actividades o modelos de negocio se van revelando como obsoletos, es una de las herramientas que agentes sociales y expertos en materia laboral venían reclamando como fundamental para el necesario cambio de modelo productivo que la pandemia, al desnudar las debilidades y dependencias del actual, situó como uno de los retos más acuciantes del país.

Las solicitudes de esta primera convocatoria de ayudas para la "recualificación" de trabajadores afectados por ERTE alcanzaron los "25.683.207 euros para impartir formación a 63.205 participantes", señala el Ministerio de Trabajo en la respuesta a una pregunta parlamentaria de Miguel Ángel Heredia, senador malagueño del PSOE.

Al final, y según la resolución provisional del proceso, el SEPE ha rechazado seis de las 59 solicitudes que ha recibido, y ha adjudicado casi 24 de los 40 millones presupuestados, con un sobrante de algo más de 16 que se sumará a las siguientes convocatorias, dos de veinte este año y otras tantas que sumarán hasta 39 en 2023.

Esas cifras suman un presupuesto total de 119 millones de euros, todos ellos procedentes de los paquetes de ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que la Comisión Europea ha ido entregando a España.

“Cambios permanentes que generen necesidades de recualificación”

Para apoyar la figura del ERTE, indica el ministerio, "se incorpora la formación de los trabajadores, que permitirá reformar la inversión en formación durante los periodos de baja actividad, minimizar el recurso al despido, salvaguardando el vínculo contractual del trabajador con la empresa, y facilitar la reactivación de este", en lo que vendría a ser una aplicación anticipada del Mecanismo RED introducido con la reforma laboral.

Este último contempla la aplicación de acciones formativas para los trabajadores en ERTE "cuando en un determinado sector o sectores de actividad se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional", algo que, por el momento, se aplica a 3.771 empleados de las agencias de viajes.

El plan anticipado, cuya primera convocatoria alcanzará a 63.000 trabajadores, algo más del doble de los que actualmente se encuentran en ERTE en todo el país, va dirigido a "empresas que hayan aplicado o estén aplicando a sus trabajadores" expedientes de regulación temporal de empleo y tiene como objetivo desarrollar "especialidades formativas (...) en función de las necesidades de recualificación" de su plantilla.

Las convocatorias también se dirigen a centros de formación, en este caso específicamente para desarrollar acciones encaminadas a la "adquisición y desarrollo de competencias en empleos verdes y digitales", y a agrupaciones de personas físicas o jurídicas que "puedan llevar a cabo los proyectos (...) o se encuentren en la situación" que los motiva.

En los tres casos, con el requisito de disponer de  "centros de trabajo radicados en dos o más comunidades autónomas", lo que traslada a los gobiernos autonómicos la responsabilidad de decidir si destinan, o no, una parte de los fondos MRR de la UE que gestionan a financiar programas de este tipo para empresas que operen únicamente en su territorio y que hayan aplicado ERTE, que son la inmensa mayoría de las potenciales usuarias.

Una vinculación incluida en el primer acuerdo de los ERTE

"Un 30% de la población activa estuvo protegida durante la pandemia por medidas como los ERTE y el cese de actividad, superando la media de la Unión Europea, que fue de un 25%", señala Heredia, que destaca que "las ayudas a asalariados y autónomos por la covid -19 han supuesto 31.130 millones de euros" mientras "1,6 millones de autónomos se beneficiaron de ayudas por valor de otros 11.500 millones".

A eso se le añade ahora "el nuevo mecanismo de flexibilidad y estabilización del empleo o Mecanismo RED que contempla la nueva reforma laboral, y que incorpora la formación de los trabajadores para apoyar la figura de los ERTE", destaca el senador socialista.

Paro Francisco Moreno, representante de CCOO en Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo), muestra una "visión crítica" del programa, ya que "no se ha cubierto la financiación de este primer plazo" y esta ha sido solicitada de manera mayoritaria por centros de formación con empresas asociadas en lugar de por las propias compañías.

"No se cubre porque las necesidades de formación deben estar regidas por un sistema más flexible, menos burocrático y vinculado a las empresas, con lo que al final no se va a dar la formación que necesitan las empresas sino la que ofrecen los centros", anota Moreno, que considera "necesario habilitar medios e instrumentos para que las empresas que detectan necesidades de formación, directamente o a través de la negociación colectiva, puedan cubrirlas".

Los agentes sociales mantienen contactos con el Ministerio de Trabajo para modificar la normativa sobre formación laboral, cuya vinculación a los ERTE ha tenido que esperar dos años pese a que fue incluida en el primero de los acuerdos de mantenimiento del empleo y el tejido productivo ante la pandemia, en marzo de 2020, y a que ya entonces contó con el apoyo de los principales sindicatos y patronales.

Más de 4.000 empresas cometen casi 7.000 trampas en los ERTE

Por otro lado, la Inspección de Trabajo ha detectado en los dos primeros años de supervisión de los ERTE un total de 6.845 infracciones cometidas por 4.369 empresarios, lo que arroja una media de tres infracciones por cada dos actas levantadas, según consta en la respuesta del Gobierno a otra pregunta del mismo senador.

En los mayores focos de fraude coinciden dos circunstancias como son el encontrarse entre las comunidades con mayor actividad económica y tener en esos territorios un peso destacado el turismo, con Andalucía (1.191) y la Comunitat Valenciana (872 infracciones) por delante de Catalunya (732) y Madrid (667) y, en el siguiente escalón, con mayores registros en Canarias (584) que en Galicia (502) y Euskadi (300), a la que también superan Murcia (392) e incluso Aragón (309), Castilla-La Mancha (308) y Castilla y León (382).

Las infracciones más frecuentes han sido el desarrollo de tareas por trabajadores que tenían suspendido el contrato o cuya reincorporación no había sido comunicada al SEPE, a lo que se suman la aplicación de horas extraordinarias y la incorporación de nuevos empleados mientras otros continuaban en ERTE y, también, la ejecución de despidos antes de que transcurrieran los plazos de carencia para hacerlo, lo que comporta la pérdida de todas las ayudas recibidas.

El despliegue de los ERTE especiales con motivo de la pandemia ha permitido durante sus más de dos años de duración un ahorro de 38.000 millones de euros en salarios y cotizaciones a las empresas que se han acogido a ellos para suspender o recortar las jornadas laborales de sus trabajadores por el parón de la actividad.

Estos, por su parte, recibieron mientras se mantuvieron en esa situación prestaciones por valor de 21.000 millones de euros que cubrían el 70% de sus nóminas medias de los meses anteriores a la suspensión o recorte de sus jornadas laborales.