Los rostros de los activistas antidesahucios de dos barrios madrileños este viernes por la mañana eran totalmente contrarios. Mientras en Carabanchel celebraban que habían parado el desahucio de Clarisa, en Vallecas veían como la Policía echaba a Elena Kocheulova de su casa.

La mujer desahuciada tiene 55 años y se quedó en paro al principio del confinamiento por la pandemia de la covid-19. Sobrevive con un escaso Ingreso Mínimo Vital de 225 euros, un dinero que no da para pagar ningún alquiler en Madrid. Por esta razón dejó de poder hacer frente a los pagos mensuales de la vivienda, según los activistas. "Nunca pensé que me vería en esta situación", reconoció ella misma esta mañana. Este viernes se habría quedado sin un techo bajo el que dormir si no fuera por la PAH de Puente de Vallekas, que le ha conseguido un sitio para vivir temporalmente.

Los activistas, además, denuncian que es un caso claro en el que el decreto antidesahucios del Gobierno podría haber aplazado el desahucio, "al no tener Elena ni recursos económicos ni alternativa de vivienda". Sin embargo el abogado de oficio que se le asignó no presentó el recurso correspondiente. "A pesar de las peticiones de la PAH, el casero se niega a detener el desalojo mientras la afectada, en situación de desempleo encuentra otra alternativa de vivienda", señalan.

Pese a estas condiciones y al informe de vulnerabilidad presentado y expedido por Servicios Sociales, no ha habido solución negociada y ni la comisión judicial ni el propietario de su vivienda, Promociones Jarque, se echaron atrás. La Plataforma asegura que el propietario es un "pequeño rentista" con hasta 25 viviendas en la Comunidad de Madrid registradas a nombre de la empresa constructora de la que es administrador. Además, el propietario aseguran que "nunca atendió tampoco al mal estado de la vivienda, con humedades y fallas de seguridad en la caldera".

Siete encadenados en la vivienda

La Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional llegó a las proximidades de la calle Pico Cejo, 49, en torno a las seis de mañana y, rápidamente, cerraron el acceso al bloque, según ha contado la Plataforma de Vallekas. Pronto también, según el relato de las activistas, la Policía empezó a identificar y amenazas a las personas que se encontraban en el portal intentando parar el desahucio.

En torno a las 10 de las mañana ya había unos 30 efectivos y la UIP entró a la fuerza por el portal. Arriba, en el piso, resistían varios activistas, siete atados con cadenas y tubos, pero fueron sacados uno por uno. "A pesar de ser avisados de que si tiraban de las cuerdas y los tubos estarían poniendo en peligro a los activistas, les han arrancado a la fuerza esos materiales y les han arrastrado escaleras abajo. Son los bomberos o personal especializado el que debe hacer esos trabajos y la UIP ha producido numerosas contusiones en espalda, cuello y brazos, como avalan los partes médicos correspondientes", explica la PAH de Puente de Vallekas en un comunicado difundido esta tarde.

Mientras esto ocurría, unas 60 personas gritaban en contra del desahucio y por el derecho de la vivienda, pero nada impidió que Elena fuera expulsada de su hogar.

Así, la rabia que generó el desahucio de Elena contrastó con la alegría en Carabanchel, donde ha quedado parada la ejecución al menos por dos meses.