Las grandes fortunas han empezado a moverse ante la eventualidad de un cambio en la regulación de las sociedades de inversión de capital variable, las célebres sicav. Este instrumento, que goza de jugosas ventajas tributarias, fue creado en tiempos de Felipe González, siendo ministro de Economía Miguel Boyer, y se utiliza básicamente para eludir impuestos.

La mayoría de las formaciones políticas con representación parlamentaria están de acuerdo en que las sicav dejen de ser el coladero que ahora son, aunque discrepan en las medidas para conseguirlo.

La consecuencia inmediata de los movimientos emprendidos para amortiguar el impacto de una regulación más rigurosa ha sido la liquidación de un número significativo de sociedades. Según la asociación que las representa, Inverco, a finales de febrero había en España 3.052; es decir, 349 menos que el año anterior (un 10%).

Sólo en los dos primeros meses de 2017 desaparecieron 177, lo que revela que el proceso de liquidación de sicavs se ha acelerado, tras la aprobación en octubre de una proposición no de ley de Ciudadanos que insta al Gobierno a ser más exigentes con ellas.

Muchas de las sicav simplemente se han fusionado con otras, bien para adelantarse a los futuros requisitos o por razones de optimización fiscal. Prueba de ello es que el volumen total invertido, en vez de bajar, ha subido desde febrero de 2016: de 32.524 a 32.836 millones de euros, siempre según Inverco. Entre las medidas que recoge la proposición no de ley, previstas en el pacto de investidura entre Ciudadanos y el PP, figura que los accionistas de las sicav sean titulares de al menos un 0,55% del capital y que sus beneficios tributen al tipo general del Impuesto sobre Sociedades (25%).

Actualmente, los únicos requisitos que deben reunir las sicav son tener un patrimonio inicial mínimo de 2,4 millones de euros y cien accionistas. Esta segunda condición suele ser burlada con la colaboración de personas captadas a tal efecto, que en realidad no ponen dinero y a las que en Hacienda se conoce con el apodo de mariachis. El tipo impositivo que grava los beneficios obtenidos es el 1%, salvo que se repartan, en cuyo caso los propietarios deben someter la parte que les corresponda al IRPF, si son personas físicas, o al Impuesto de Sociedades, si son personas jurídicas.

Cuando, hace meses, el debate sobre las sicav entró de lleno en el debate político, a instancias sobre todo de Podemos e Izquierda Unida, algunos bancos comenzaron a plantear a sus clientes estrategias preventivas por lo que pudiera suceder. La fusión fue una, pero también hubo otras, como el traspaso del dinero a fondos de inversión o su expatriación a países donde la regulación es más benévola, caso de Luxemburgo. La mayoría de los clientes, sin embargo, han preferido mantener su posición y esperar a ver qué pasa.