MADRID.- La cercanía de las elecciones del 26 de junio y de un eventual cambio político en España no parece inquietar demasiado a los dueños de las sociedades de inversión de capital variable, las célebres sicav, un vehículo pensado para que las mayores fortunas coloquen su patrimonio. Aunque varias fuerzas políticas con opciones de participar o influir en el nuevo Gobierno proponen como mínimo un mayor control sobre ellas, ni su número ni su patrimonio han experimentado mermas relevantes, al menos de momento.

Los últimos datos facilitados por la asociación que agrupa a las instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, Inverco, son muy reveladores: a finales mayo pasado, había 3.394 sicav, con un volumen conjunto de 33.315 millones de euros. Un año antes, estaban registradas 59 menos y su patrimonio era de 35.368 millones, lo que en este caso supone un descenso de sólo el 5,8%.

El número total de accionistas tampoco se ha reducido significativamente durante el mismo periodo de tiempo, a pesar de que los partidarios de las sicav suelen argüir que cualquier alteración de su privilegiada situación actual provocaría una desbandada. De 486.749 se ha pasado a 478.911, con una disminución de apenas el 1,6%, siempre según los datos de Inverco.
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Una de las grandes ventajas de las sicav es que sus beneficios tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades, en vez de al tipo general, que actualmente está en el 26%. Sólo entre 2012 y 2014, pagaron a Hacienda nada más que 24 millones de euros, treinta veces menos de lo que les habría correspondido por ganar 5.348 millones, si no disfrutaran de un régimen fiscal tan favorable.

Las principales fortunas de España, desde los March a la familia Del Pino, pasando por Alicia Koplowitz o la hija mayor de Amancio Ortega, entre otros, realizan parte de sus inversiones a través de sicav.

Estas sociedades deben reunir dos condiciones: que su capital inicial sea igual o superior a 2,4 millones y tener al menos cien partícipes. La segunda suele ser burlada con la colaboración de personas captadas a tal efecto y a las que se conoce con el apodo de mariachis. Impedirlo, mediante un mayor control o subiendo la aportación mínima, figura entre las promesas de los grandes partidos, aunque Unidos Podemos plantea directamente la abolición.

Pese al supuesto riesgo político que se cernía sobre ellas, tampoco sufrieron alteraciones de importancia las magnitudes que reflejan el estado de salud de las sicav ni antes ni inmediatamente después de las generales del 20 de diciembre, en que también estaba en juego la posibilidad de un vuelco electoral. Al cierre de 2015 había 3.409, con 486.749 accionistas y 34.082 millones de patrimonio.