La factura que supondrá a las arcas públicas el rescate de las nueve autopistas de peaje que quebraron durante la crisis y que actualmente gestiona el Ministerio de Fomento no podrá superar los 3.305 millones de euros. Así se establece en la fórmula para calcular este importe que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el pasado mes de abril y este viernes publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este importe máximo no necesariamente tiene que coincidir con el que finalmente calcule el Gobierno y, de hecho, supera al de unos 2.000 millones de euros estimados por los dos últimos Ejecutivos. No obstante, está por debajo de los 5.000 millones que calcula el sector y los fondos que se quedaron con la deuda de las autopistas.

El cálculo y abono de este monto será uno de los principales asuntos que encontrará el nuevo Gobierno, toda vez que el nuevo plazo para abordarlo es el próximo mes de julio, tras vencer en enero el plazo inicial.

Este importe es la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), lo que, por contrato, el Estado debe pagar a las empresas que construyeron y explotaban las autopistas hasta su quiebra por las inversiones que realizaron en su construcción.

El Gobierno saliente, ante la complejidad que supone su cálculo, se propuso comenzar esta tarea con el diseño de los principales aspectos a tener en cuenta y un sistema de cómputo.

Estos pasos y criterios son los que se fijan en esta fórmula de cálculo que publica el BOE, que además desvela que todas las autopistas tienen dicho un tope máximo de RPA. En virtud de este sistema de cálculo, el Gobierno establece que la factura a pagar será el "valor patrimonial de las obras realizadas y que no hayan sido amortizadas y de las expropiaciones que se hayan abonado".

No obstante, se restará de estos importes los 300 millones que estima habrá que invertir para que las autopistas recuperen los estándares mínimos de calidad, dado que, según la 'due diligence' realizada por Ineco, no cumplieron el "requisito de perfecta entrega" cuando fueron rescatadas.

Expropiaciones

Asimismo, también se detraerán los trámites de expropiación que los exconcesionarios no terminaron de acometer, como el de su inscripción en el Registro, dado que el coste que subsanarlo supondrá al Estado, o las expropiaciones pagadas por la Administración.

Por contra, sí entrará en el cálculo el monto adicional del 25% de la expropiación que en algunos casos se pagó a los expropiados por los fallos que entonces se detectaron en los expedientes de expropiación, dado que fueron cometidos por la Administración.

Una vez aprobada esta fórmula de cálculo, se procederá ahora a realizar el mismo, si bien es un proceso que en sí mismo conlleva varias pasos, entre ellos, una nueva audiencia con las empresas interesadas, la redacción de un informe de la Abogacía del Estado y de un dictámen del Consejo de Estado.

A pesar de todo ello, tanto el Gobierno como el sector implicado dan por hecho que la determinación última de la factura de esta quiebra acabará en los tribunales y la decidirá un juez por falta de acuerdo entre ambas partes.

RPA máxima por autopistas

No obstante, tal como fija la fórmula de cálculo que publica el BOE, los importes a pagar no podrán exceder de los montos máximos que fija el documento.

Las radiales R-3 y R-5 son las que tienen un tope mayor, de 637,9 millones, la R-2, el menor, de 40,7 millones. La RPA de la otra radial, la R-4, no podrá superar los 559,6 millones.

De su lado, la factura a pagar por el resto de vías no podrá exceder los 526,8 millones en el caso de tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera, los 487,24 millones en la Ocaña-La Roda, los 398,6 millones en la Circunvalación de Alicante, los 348,8 millones en la Madrid-Toledo, y los 305,4 millones en la M-12 Eje Aeropuerto, la vía que une la capital y el aeropuerto de Barajas.