La Inspección de Trabajo está detectando irregularidades en uno de cada seis ERTE que investiga, lo que le ha llevado a imponer sanciones por valor de casi 22 millones de euros y a poner en marcha procesos de regularización que afectan tanto a las ayudas y salarios percibidos por los miles de empleados afectados por esas infracciones como a las exenciones de las cuotas de la Seguridad Social de las que se han beneficiado las empresas.

Los datos constan en la respuesta del Gobierno a dos preguntas parlamentarias (1 y 2) del senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, fechada el 9 de abril y según la cual los inspectores han cazado haciendo trampas a 4.588 empresas de las 29.047 cuyos ERTE han supervisado, lo que ha conllevado el levantamiento de actas de infracción por valor de 21.965.703 euros.

Esas cifras, a falta de cerrar otras 7.518 inspecciones, sitúan la sanción media en 4.787 euros y revelan al mismo tiempo una ralentización y un endurecimiento de las actuaciones conforme estas se van cerrando, por la mayor complejidad de los expedientes.

Al cierre del año pasado, tras los seis primeros meses de campaña, el número de infracciones era de 3.635 y la cuantía de las sanciones de 16,53 millones, lo que dejaba el acta media en 4.550 euros.

En esos algo más de tres meses también se ha ido revelando un mayor nivel de acierto de los inspectores, o de tendencia al fraude en los empresarios, ya que la tasa de firmas en las que detectan irregularidades ha crecido un punto al pasar del 14,77% al 15,79%.

Madrid es líder en sanciones y Málaga en gravedad

Los datos de la Inspección revelan una elevada disparidad geográfica en cuanto a la frecuencia y la gravedad de los fraudes cometidos con los ERTE, aunque sí ofrecen algunas pautas como una mayor incidencia en territorios en cuya economía tienen un elevado peso el turismo y/o la industria, caso del litoral mediterráneo o Canarias.

De hecho, solo dos territorios, Madrid y Zaragoza, carecen de costa entre los diez que superan las 200 infracciones detectadas en los ERTE. Para encontrar el tercero de interior, Álava, con 87, hay que bajar otros cinco puestos.

Madrid, que también ha sido el territorio cuyo tejido empresarial más ha recurrido a los expedientes, se sitúa como la provincia, en cuanto comunidad uniprovincial, con mayor número de infracciones al alcanzar las 450 de un total de 2.408 inspecciones concluidas.

Esa cifra prácticamente duplica a la registrada en Barcelona (229), donde el recurso a los expedientes tuvo una intensidad similar, mientras que la tasa de fraude sobre el número de empresas inspeccionadas de Madrid (18,6%) se ve claramente superado por el de provincias como Alicante (32,5%), A Coruña (28%), Zaragoza (26,4%) o Málaga (23,4%). 

En cuanto a la cuantía de las sanciones y la gravedad de las infracciones, lidera la clasificación Málaga, donde 253 empresarios acumulan multas por valor de casi 2,5 millones de euros, lo que da una media de 9.682, muy superior tanto a la media del país como a las registradas en otras zonas de especial intensidad como Zaragoza (5.965), Balears (5.348) o Tarragona (5.512).

El promedio se queda en 2.752 en Madrid y en 4.155 en Barcelona, mientras que dos territorios de la España vacía, Teruel y Cuenca, son los únicos en los que la Inspección no ha detectado infracciones en la tramitación ni en la gestión de los ERTE. En el primero de ellos, tras haber concluido las indagaciones programadas.

Las seis infracciones más frecuentes

El fraude más habitual en los ERTE ha sido la actividad de trabajadores en horas o días de suspensión del contrato, ya sea por imposición de la empresa o por connivencia entre ambos, una infracción cuya detección se complica cuando los empleados teletrabajan. Eso ha llevado a la Inspección a comprobar la actividad de las conexiones VPN (redes en remoto) y a cotejar las horas de los correos electrónicos cruzados entre estos y con sus mandos.

En esos casos, y sanciones al margen, el trabajador debe devolver las prestaciones recibidas mientras el empresario, que ha de hacer lo propio con las cuotas de la Seguridad Social de cuyo pago había sido eximido, se hace cargo de los salarios que inicialmente había cubierto el SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal) con una rebaja del 70%.

La campaña de chequeo también ha detectado episodios de contratación de trabajadores con los de la plantilla en ERTE, la realización de horas extraordinarias en lugar de rescatar del expediente a empleados e incumplimientos de la obligación de comunicar las salidas al SEPE con el fin de suspender las prestaciones y las bonificaciones.

Otras dos infracciones relativamente frecuentes tienen que ver con el compromiso de mantenimiento del empleo durante seis meses, una obligación que se renovaba cada vez que la empresa llevaba trabajadores al ERTE y cuyo incumplimiento conlleva la pérdida de todas las bonificaciones del seguro (no solo las de los despedidos), y con la prohibición de despedir antes del 31 de mayo, ceses que los juzgados de lo Social han comenzado a declarar nulos.

Esta campaña de control de la Inspección está siendo simultánea a otras, como las que han permitido aflorar 50.000 falsos autónomos, detectar cómo más de 10.000 trabajadores cobraban menos de lo debido por su trabajo o, también, cómo las empleadas del hogar sufren situaciones de fraude en la mitad de las casas que han sido investigadas.

"No podemos permitir ningún tipo de fraude con dinero público"

"Hemos encontrado un ratio elevado de empresas que cumplen la ley, pero también resulta elevado el porcentaje de las que no lo hacen", explica Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que atribuye una parte de las infracciones detectadas a los cambios de normativa que se han ido dando desde el inicio de la pandemia.

"La labor de inspección desarrollada con el actual Gobierno para controlar posibles supuestos de fraude con los ERTE contrasta con el importante recorte de las inspecciones laborales que llevó a cabo el Gobierno de Rajoy, con un descenso de 71.000 actuaciones que supusieron el 13% entre 2012 y 2017, lo que demuestra su nulo interés en garantizar los derechos laborales para trabajadores y trabajadoras en nuestro país", señala Heredia.

El senador, que cifra en 40.000 millones de euros, 14.000 de ellos en prestaciones, la factura de los ERTE, que han dado refugio a alrededor de ocho millones de trabajadores y 600.000 empresas, destaca que "no podemos permitir ningún tipo de fraude al respecto".

"Nadie ha protegido más que este Gobierno a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país en un momento tan complicado, pero con la misma fuerza hay que combatir el fraude para evitar que se pierda dinero público, dinero que sale del bolsillo de los ciudadanos", añade.

"No hay derecho a que no estemos vacunados"

Ercoreca, no obstante, pone sobre la mesa la falta de medios con la que opera la Inspección, que cuenta con apenas 2.000 inspectores y subinspectores para supervisar las relaciones laborales de un país con 13,6 millones de trabajadores en 1,27 millones de empresas empleadoras, a los que hay que sumar algo más de tres de empleados públicos y otros tantos autónomos.

"Es imposible. Prometen refuerzos pero no llegan", asegura, mientras recuerda que campañas como las de los ERTE son simultáneas a otras como las del trabajo en el campo, los alojamientos de temporeros, las residencias de ancianos o los centros sanitarios.

"Hemos sido un colectivo esencial en toda la pandemia, y no hay derecho a que no estemos vacunados cuando estamos visitando empresas denunciadas por incumplir las normas covid", anota. Únicamente en La Rioja se ha iniciado la vacunación de los inspectores.