La CEOE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, abre este miércoles, con la reelección de Antonio Garamendi como presidente cuatro años después de su primera designación, una nueva etapa en la deriva de laminación de su papel como actor clave para los procesos de concertación social que lleva cultivando tres lustros, los mismos en los que se ha hecho patente su transformación en una especie de lobby multisectorial que solo durante el tramo más duro de la pandemia recuperó, de manera transitoria, el papel de agente social activo.

Esa deriva coincide con la salida del ya fallecido José María Cuevas, que presidió la CEOE entre 1984 (tras haber sido su primer secretario general desde 1977) y 2007 y que, en su despedida del cargo para dar paso a la tormentosa etapa de Gonzalo Díaz Ferrán, dejó un recado que sigue resonando sin que apenas se le preste atención en las cúpulas del empresariado: "Si tuviera que elegir solamente un consejo para dar, éste sería: negociad siempre, y cuando la negociación se vuelva imposible, seguid negociando".

Quedó como una receta de otro siglo, como algo desfasado para unos nuevos dirigentes que, impregnados de aquel thatcherismo que abogaba por quebrar el pacto social en pro de un delirio desregulador, iban a preferir ponerse de perfil ante las reformas laborales unilaterales del Gobierno, como hicieron la CEOE de Díaz Ferran con la del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la de Joan Rosell ante la de Mariano Rajoy, que reivindicar el papel de interlocutor social que establece el artículo 7 de la Constitución cuando indica que "los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios".

Ese viraje de la CEOE, que pasa por ser oficialmente el principal interlocutor social del ámbito empresarial pese al peso de las pymes, que aglutinan el 59% del empleo asalariado y el 99% de las unidades productivas según los datos del Ministerio de Trabajo, solo quedó en el aire durante el tramo duro de la pandemia, en el que, entre principios de 2020 y finales de 2021, patronales y sindicatos cerraron una decena de acuerdos en materias tan sensibles como el salario mínimo o la regulación de los ERTE.

Poco después llegaba la última reforma laboral, en la que CEOE terminó cambiando el enroque inicial por un movimiento táctico que le franqueó el paso hacia un acuerdo con obvias limitaciones (y bloqueos) como mantener el abaratamiento del despido decretado por Rajoy, el blindaje de la primacía de los convenios de empresa en materias como el salario, la jornada y las categorías que sigue estableciendo el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores ( ) o, también, las normas para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que regula el 41.

Se trataba, más que de negociar, de minimizar daños para blindar la desregulación de aspectos clave de las relaciones laborales, algo que, con el tiempo, se ha convertido en uno de los ejes identitarios de la gran patronal.

"Un marco de relaciones laborales democráticas"

"Cuanto más baja es la unidad de negociación más fácil lo tiene la empresa para llegar a acuerdos menos beneficiosos para los trabajadores", explica Luis Bandrés, abogado y profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Zaragoza, que anota cómo "la ausencia de convenios sectoriales por encima de los de empresa suele traducirse en menores revisiones salariales, por ejemplo".

El posicionamiento no dejaba de ser un adelanto del que, meses después, adoptaría CEOE ante el debate sobre la necesidad de un pacto de rentas, que incluiría de suyo una limitación de los beneficios empresariales, para atajar los efectos sociales de una inflación que ya ha desplomado un 13% en apenas dos años el valor real de los salarios de los trabajadores, es decir, su capacidad de compra.

Y nada apunta a que, pese a la esperanza de que ocurra lo contrario que cunde en medios sindicales, ese posicionamiento vaya a cambiar a corto o medio plazo, ya que Garamendi dedicó la campaña de sus elecciones corporativas a lanzar propuestas que lo alejan: sentar al Gobierno y al PP en la mesa, incluir en la plataforma la política fiscal, con los nuevos impuestos a la banca y las energéticas pero también con las eventuales deflactaciones, y tratar en ella la cuantía de las cotizaciones sociales y la revisión de las pensiones y del salario de los funcionarios. En campaña, cierto, aunque el marco no altera el mensaje.

"La CEOE comprendió en sus inicios que tenía que participar en la construcción de algo que no existía, como una organización empresarial democrática y un marco de relaciones laborales democráticas", explica alguien que ha participado en las mesas de los agentes sociales y que prefiere mantenerse en el anonimato, algo frecuente entre las pocas fuentes consultadas para esta información que han accedido a aportar su conocimiento.

"En sus inicios, y ahí está la etapa de concertación de los años 80, cuando firmó todos los acuerdos, primaba el pacto con sindicatos sobre el apoyo a las políticas del Gobierno, con independencia de que este fuera más o menos cercano a sus planteamientos", añade la misma fuente.

Los hitos de la concertación hasta el cambio de siglo

En esa etapa hay tres episodios que, a fecha de hoy, pueden sonar a tramas de política ficción cuando, en realidad, resultan ser datos históricos. Uno es el de la patronal que en 1978 firma con el principal sindicato del momento, UGT, el Acuerdo Básico Confederal que, tras asumirlo UCD y PSOE, se convertiría en el título tercero del Estatuto de los Trabajadores, el que regula la negociación colectiva y los convenios.

El siguiente ocurrió en 1996, cuando, nada más ganar las elecciones generales el PP de José María Aznar, el presidente de CEOE, José María Cuevas, contactó con los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez y Antonio Gutiérrez, para proponerles un acuerdo: dejarle claro al nuevo ejecutivo que no debía tocar el marco de las relaciones laborales sin una negociación previa de los agentes sociales.

El tercero llegaría en 2002, cuando fue la propia CEOE quien hizo saltar por los aires la mesa en la que el Gobierno de Aznar, entonces con mayoría absoluta, pretendía sacar adelante una reforma laboral cuyo objetivo era desregular la negociación colectiva.

De aquella ruptura, escenificada por Juan Fernández Aguilar, lugarteniente de Cuevas, salió, unos meses después, un acuerdo de recomendaciones al ejecutivo suscrito por la patronal y los sindicatos con el que comenzó a construirse la mesa de ANC (Acuerdo de Negociación Colectiva) a la que, desde la pandemia, han comenzado a cojearle algunas patas.

Hay más hitos de esa primacía de la concertación social en la CEOE sobre otros intereses que pudiera tener, como, junto con la creación del Consejo Económico y Social en 1991, el Pacto de Competitividad de ese mismo año o el Plan de Convergencia con Europa de 1992 o el Pacto Social de 1993.

También hubo en esa época algunas rupturas, aunque escasas, como la de 1994, en una situación que cada vez tiene menos que ver con la actual, en la que la búsqueda del desacuerdo y la siembra de discrepancias florece simultánea a las invocaciones a la necesidad de pactos.

"Su papel básico para definir las relaciones laborales"

"Estaban convencidos de que las relaciones laborales deben ser pactadas", señala una de las fuentes, que recuerda cómo el tándem Cuevas-Jiménez Aguilar "procedía del sindicato vertical [franquista], pero estaban convencidos de que los tiempos estaban cambiando y había que construir otra cosa. En esa política primaba su papel como organismo básico para definir las relaciones laborales".

El relevo de Cuevas por Díaz Ferrán y la inmediata salida de Jiménez Aguilar supuso "un quiebro con el que empezaron a cambiar las cosas. CEOE empezó a convertirse en un lobby que defiende intereses empresariales mientras evita comprometerse contractualmente. En sus inicios, la patronal buscaba protegerse de la influencia de las grandes empresas".

Trece años después de la salida de Cuevas llegaría el espejismo de la covid, en el que CEOE participó en una etapa tan histórica como breve de recuperación de la concertación.

"La situación era extraordinariamente grave para las empresas y había que buscar una salida. Iba a hundirse la economía y nadie se iba a salvar", señala alguien que intervino en esos procesos y que destaca cómo herramientas como los ERTE supusieron un ahorro de más de 30.000 millones de euros para los empleadores. "No era para oponerse, pero a partir de ahí han ido arrastrando los pies", añade.

El desplome de la negociación colectiva

El principal damnificado de esa evolución ha sido la negociación colectiva, a la que el cambio de tendencia empresarial, la reforma laboral de 2012 y el blindaje de algunos de sus contenidos en la de 2021 han reducido a niveles desconocidos: los registros de más de 5.000 convenios anuales para regular la actividad laboral de entre nueve y doce millones de trabajadores en la primera década de este siglo se reducían en la pasada a menos de la tercera parte, con menos de 2.000 acuerdos y cuatro millones de asalariados por ejercicio desde 2013.

Las excepciones para este último dato son los resultados de la negociación colectiva de 2018 y 2021, ejercicios en los que, aunque el número de trabajadores adscritos a convenios colectivos superó los cuatro millones, más de un tercio y de la mitad de los empleados del país, respectivamente, se quedaron sin subida salarial.

"Siempre han defendido la negociación a nivel de empresa en lugar de la sectorial, y aquí están las consecuencias", señala el profesor Bandrés, que llama la atención sobre el silencio que se guarda desde ámbitos empresariales ante innovaciones como el apartado laboral de la Carta de los Derechos Digitales, un catálogo de recomendaciones impulsado por el Gobierno que enumera derechos de los trabajadores como los de "la desconexión digital, al descanso y a la conciliación de la vida personal y familiar" y establece prevenciones sobre "la utilización de sistemas biométricos y de geolocalización".

La transformación de la economía hacia lo digital, que ya está produciendo el trasvase de parte de la actividad de algunos sectores hacia plataformas virtuales, a menudo localizadas en otros países, y la evolución de la misma propiedad de las grandes empresas, con la creciente participación en el accionariado de fondos de inversión y de pensiones, entre otras entidades financieras de cuño no tan novedoso que ya controlan más del 30% del sector energético y casi el 10% del bancario, comienza a abrir nuevos escenarios en lo referente a la representatividad.

Varios de esos gigantes tecnológicos, como Amazon, Facebook, Google o Netflix, son algunas de las 254 grandes empresas afiliadas a CEOE, que tiene detrás una malla de 4.500 asociaciones de base distribuidas en 161 federaciones sectoriales y otras 64 territoriales.

En el primero de esos listados hay dos aspectos llamativos: la presencia de empresas de titularidad o control público como Red Eléctrica, Enagás o Aena, por una parte, y, por otra, la ausencia de algunos propietarios de grandes compañías, como Black Rock, CVC, Norges Bank, Canary, Global o IFM, cuyo marco de relaciones laborales ideal no parece incluir aspectos como la concertación.