La Asociación de Inspectores y Auditores Informáticos del Banco de España han puesto en duda el supuesto agujero de entre 2.000 y 8.000 millones de euros detectado en el Banco Popular por un "experto independiente", cifra que permite cuestionar tanto su independencia como su profesionalidad.

En una nota, esta asociación califica de "llamativo" que la valoración de las pérdidas estimadas del Popular que, según se ha publicado, habría realizado la firma auditora Deloitte, establezca un rango de entre 2.000 y 8.000 millones de euros en función de los escenarios que se contemplen. Esto lleva a pensar, indica el comunicado, que o los "escenarios" son de una diversidad extrema, o el "experto" no lo es tanto, o no lo es su independencia.

También les resultan "sorprendentes" las afirmaciones sobre que se ha tratado de una crisis de liquidez y no de solvencia; normalmente, "la una conduce a la otra", pero si se adoptan las medidas adecuadas "resulta difícil de aceptar que hoy en día cualquier entidad financiera, por grande que sea, pueda verse abocada a la quiebra por un problema estrictamente de liquidez". Esto es "un indicio sólido" de que los garantes de la estabilidad financiera no han procedido de la manera más adecuada.

Detalle de la fachada del Banco de España, en Madrid. E.P.

Estar satisfechos porque un rescate o intervención se haya llevado a cabo sin coste directo para el contribuyente es como estar contentos porque un paciente haya fallecido sin contagiar a nadie, prosigue la nota, y en la práctica eso supone que se permitió "que la enfermedad siguiera su curso hasta convertirse en incurable".

La asociación no se opone a la existencia de un sistema de supervisión financiera europeo, pero lamenta la rigidez del actual modelo, que limita el alcance de una inspección y prácticamente no deja lugar a imprevistos que puedan surgir y a los que hay que hacer frente con mayor flexibilidad, ampliando el plazo o el alcance de la inspección.

También se quejan de la "futilidad" de los test de estrés realizados a las entidades financieras, que "por la vía de los hechos" han resultado un fracaso. El sistema actual, y la "enorme maraña regulatoria" cuyos "sofisticados y costosos" métodos tratan de convencer a la opinión pública de que se está haciendo "mucho y bien" por la estabilidad del sistema financiero lo que hace es confundir la complejidad con el rigor.

El empeño en establecer en un plazo "exageradamente breve" una supervisión bancaria conjunta europea, sin detenerse lo suficiente en cómo hacerlo de manera eficaz, sólo sirve para que ahora sea "mucho más difícil que antes" establecer la responsabilidad de supervisores y reguladores. 

Información a los ministros del Eurogrupo

Los organismos europeos que relacionados con la crisis del Banco Popular (la Junta Única de Resolución, la Junta de Supervisión del BCE y la Comisión Europea) informarán este jueves al Eurogrupo (la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona) sobre la intervención y posterior venta de la entidad.

Estas tres instituciones, encargadas de la supervisión y resolución de la banca europea, desempeñaron un papel determinante en la resolución sobre el sexto mayor banco de España, que en la noche del 8 de junio se vendió al Santander por un euro, después de que el supervisor europeo constatase que era inviable de forma independiente.

A pesar de que el Banco Popular seguía cumpliendo los niveles mínimos de solvencia, su liquidez estaba en entredicho y la JUR decidió que lo mejor era vender la entidad para proteger a los depositantes, una operación que avaló la CE y ejecutó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) español.

Las mismas fuentes señalaron que la intervención del banco fue "ligeramente inesperada", pues cuando se diseñó el mecanismo se asumió que los trabajos se iniciarían un viernes al cierre de los mercados y se efectuarían hasta su reapertura el lunes, mientras que el rescate del Popular se produjo en la noche del martes al miércoles.

En este contexto, el jueves la presidenta de la JUR, Elke Köning; la vicepresidenta de la Junta de Supervisión del BCE, Sabine Lautenschläger, y la CE informarán "brevemente" a los ministros de cómo se desarrolló la operación.

Las fuentes creen que es una buena oportunidad para analizar cómo ha funcionado esa primera actuación del Mecanismo Único de Resolución, que entró plenamente en vigor en enero de 2016, de cara a completar la segunda pata del mismo, el Fondo Único de Resolución (FUR). Este se nutrirá de contribuciones de la banca y de los Estados de la eurozona y servirá como herramienta de última instancia para financiar resoluciones, algo que podría haber sido necesario en el caso del Popular si el Santander no hubiese asumido la compra.

Sin embargo, este aún no cuenta con todos los fondos (el objetivo es llegar a 55.000 millones de euros en 2024) y tampoco con un mecanismo común de protección, es decir, una bolsa adicional de fondos aportados por los países para casos en los que la cuantía inicial no sea suficiente.