Los presidentes y consejeros delegados de la gran banca y las cuatro principales compañías eléctricas y gasistas del Íbex35 se embolsaron más de ochenta millones de euros en salarios, pensiones y otros complementos por su gestión al frente de esas empresas el año pasado, en el que buena parte de ellas alcanzaron resultados de récord al mismo tiempo que sus políticas comerciales disparaban la inflación y dificultaban, por encarecimiento, el acceso de familias y empresas a dos servicios esenciales como son la energía y el crédito.

El aumento de los intereses está provocando la asfixia financiera de los millones de familias hipotecadas con créditos de tipo variable, que ven cómo sus cuotas mensuales llegan a duplicarse en un año y movilizan sus ahorros para paliar ese sablazo, mientras los elevados precios de la energía en cuyo ascenso juega un papel clave el recurso a los combustibles fósiles, añaden más presión si cabe a los presupuestos de unos hogares que ya se están viendo obligados a modificar sus hábitos alimentarios y de movilidad ante las dificultades para llegar a fin de mes en un escenario de moderación salarial que intensifica su pérdida de poder adquisitivo.

Los 83,87 millones de euros que, según los datos difundidos por las propias compañías y remitidos a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) como información relevante en las tres últimas semanas, suman los sueldos y complementos que se repartieron los 18 presidentes y consejeros delegados de esas diez empresas, en su mayoría con incrementos superiores a los del IPC (Índice de Precios de Consumo), que cerró el año en el 5,7%, equivalen al salario medio de 3.439 trabajadores españoles, que el INE (Instituto Nacional de Estadística) sitúa en 2.032,05 euros brutos mensuales o 24.384,60 anuales.

Algo más de la mitad de esa masa salarial, 48,2 millones de euros de 83,87, en los que se incluyen los componentes salariales fijos y variables en metálico, las remuneraciones en especie (acciones, básicamente) y las aportaciones a fondos de pensiones y seguros de vida, se concentra en los altos ejecutivos de tres empresas: la energética Iberdrola y las financieras Santander y BBVA, líderes de sus respectivos sectores en ambos casos en su negocio global.

El ejecutivo mejor pagado del país es el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez-Galán, que recibió ingresos y acciones por valor de 13,06 millones de euros, con un ligero descenso del 1,1% en relación con las retribuciones del año anterior pero con un aumento del 1,2% en la parte salarial.

Su remuneración sextuplica a la que recibió el ejecutivo que le sigue en el escalafón de la eléctrica, el consejero delegado Armando Martínez, que fue de 2,125 millones de euros.

Inmediatamente por detrás de Sánchez Galán se sitúan Ana Patricia Botín, presidenta ejecutiva del banco Santander, que percibió retribuciones por 11,735 millones de euros, en este caso con un descenso de cuatro puntos y medio, y José Luis Álvarez, que cerró su último ejercicio como consejero delegado de esa entidad financiera con una remuneración conjunta de 9,575 millones de euros.

A continuación aparecen el presidente y el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres y Onur Genç, el primero con unos ingresos y aportaciones de 7,58 millones de euros y el segundo con 6,61, con aumentos del 22,32% y el 19,31%, y, después, el CEO de Naturgy, Francisco Reynés, que con 5,785 cierra la lista de la media docena de ejecutivos cuyas remuneraciones brutas anuales superan los cinco millones de euros, este último con una mejora del 4,91% con respecto a las del ejercicio anterior.

Las remuneraciones de la mayoría de los principales ejecutivos de esas diez empresas financieras y energéticas crecieron el año pasado en proporciones netamente superiores a las del coste de la vida, con el caso extremo en términos relativos del consejero delegado de Unicaja, Manuel Menéndez, que vio aumentar los suyos en un 142,17%.

Otra cosa es que en términos cuantitativos esa mejora salarial sitúe sus emolumentos en 758.000 y eso le sitúe en el penúltimo puesto del ránquing, solo por encima del presidente de Endesa, Juan Sánchez-Calero, cuyas retribuciones sumaron 673.000 euros tras aumentar un 2,44%.

Las retribuciones brutas de los altos ejecutivos resultan entre nueve y 196 veces superiores, en los casos de Sánchez-Calero y Ana Patricia Botín, a los salarios medios de los empleados de sus empresas, que por otra parte se mueven en una horquilla que va de casi duplicar el sueldo promedio de los trabajadores españoles, como ocurre con los 43.000 euros brutos anuales de Unicaja, a estar cerca de cuadruplicarlos con los 83.000 de Iberdrola.

Cuando el convenio se come la subida salarial

"En este sector quien realmente gana son los directivos con esos sueldos y los accionistas mayoritarios, que son principalmente fondos de inversión, con el reparto de dividendos", explica Juan José Paredes, responsable de Banca de CGT, que anota cómo "con el IPC del año pasado hubo presión sindical para que las empresas revisaran al alza las subidas pactadas, porque la situación eta insostenible, y se logró que Aebanca abriera la mesa de negociación para hablar de salarios".

Sin embargo, añade, el acuerdo final "ni siquiera cubre la pérdida de poder adquisitivo del año pasado, y llevamos dos en los que suma trece puntos". 

Además, parte, si no todo, de ese aumento salarial del 4,5% (3,25% sobre el 1,25% previsto) que las plantillas y los sindicatos lograron arrancar a la patronal Aebanca para este año a base de movilizaciones se ha esfumado para muchos empleados al ser absorbido en la mayoría de los bancos por el mecanismo de compensación que contempla en convenio estatal, y que permite descontar de los complementos ad personam que superen los salarios de convenio las mejoras en el sueldo sujeto a este.

La situación es similar en el sector del ahorro, el de las antiguas cajas hoy bancarizadas, en el que la subida pactada a finales de enero para este año fue del 4,25% sobre el sueldo base del convenio, un porcentaje que se añade al 1% ya previsto y con unas subidas mínimas de mil euros anuales por trabajador.