La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Trasformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este martes que la derogación del artículo 52 apartado d que permite el despido por encadenamiento de bajas médicas será "urgente" y ha dejado claro que hay que seguir abordando las distintas causas de absentismo.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros, donde ha afirmado que el Gobierno ha lanzado un mensaje "clarísimo" de que algunas modificaciones se van a abordar de manera urgente y otras serán encauzadas por el diálogo social.

Fuentes del Ministerio de Trabajo señalaron que la derogación se aprobará "casi con total seguridad" en la reunión de ministros del 18 de febrero, tras alargarse varias semanas para cumplir con los procedimientos administrativos.

Asimismo, Calviño ha hecho hincapié en que "no hay ningún retraso" en la derogación de este artículo y ha resaltado que es un proyecto normativo que está pasando sus trámites administrativos.

"El mensaje es claro con nuestra intención de eliminar esta posibilidad de despido por encadenamiento de bajas médicas y es un proyecto que está siguiendo su trámite y que entrará en el calendario del Consejo de Ministros en el momento adecuado", ha remarcado.

No obstante, Calviño ha resaltado que también habrá que seguir abordando las causas del absentismo, que algunas deben tratarse en el marco del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y que otras pueden requerir de una serie de actuaciones por parte del Gobierno. "Se trata de un asunto complejo que se abordará según los cauces y ritmos concretos", ha apostillado.

La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó recientemente que esta medida no se sometería al diálogo social porque "esta ministra no puede dialogar cuando hay vulneración de derechos fundamentales" y manifestó su confianza en que contará con los apoyos suficientes en la tramitación parlamentaria. 

CCOO y UGT venían pidiendo que se derogara este precepto legal después de que se conociera una sentencia del Tribunal Constitucional que avalaba un caso de despido amparado en este artículo, mientras que la patronal CEOE propuso recientemente que se mejore el sistema sanitario para que las altas se den antes y se espere menos tiempo a las pruebas médicas. 

Se trata de la segunda medida laboral que adoptaría el Ministerio de Trabajo, después de acordar con los agentes sociales la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros mensuales este año, en el primer mes de Gobierno desde que Díaz tomara posesión de su cargo. 

Además, es una de las medidas recogidas en el acuerdo programático entre el PSOE y Unidas Podemos que conforman los aspectos a derogar de la reforma laboral de 2012.