El proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario ha superado este jueves su primer examen en el Congreso tras rechazar el Pleno del Congreso la enmienda a la totalidad presentada por Unidos Podemos, con la que el grupo confederal pretendía sustituir la iniciativa legislativa del Gobierno (180 votos en contra, 79 a favor y 82 abstenciones).

Para superar el debate de totalidad y rechazar la enmienda de la coalición de izquierdas, el Gobierno ha contado con el respaldo de PP, Ciudadanos, PDeCat, PNV, UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias, mientras que PSOE y Nueva Canarias han optado por abstenerse. La propuesta de Unidos Podemos únicamente ha contado con el respaldo de Esquerra Republicana, Compromís y EH Bildu.

Sin embargo, la oposición ha forzado que la tramitación parlamentaria de la norma tenga que acabar en el Pleno del Congreso antes de ser remitida al Senado, y no en la Comisión de Economía, como querían PP, Ciudadanos y CC. Ello exigirá al PP buscar más apoyos dada la diferente aritmética parlamentaria de las dos instancias.

La ley hipotecaria presentada por el Gobierno es la transposición de una directiva europea y según ha explicado el ministro de Economía, servirá para elevar la protección de los consumidores y proteger a los más vulnerables, ya que se complementa con las nuevas normas sobre suspensión de lanzamientos.

El diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral, que ha presentado la enmienda a la totalidad, ha asegurado que es inaceptable que la nueva norma no establezca claramente la prohibición de realizar desalojos forzosos sin ofrecer a cambio una "alternativa habitacional" a los afectados. Mayoral ha acusado al Gobierno de defender "los intereses de las entidades financieras y de los especuladores", y ha destacado la necesidad de que los desalojados tengan un juicio justo.

También ha exigido que las hipotecas que se titulicen se inscriban en el registro de propiedad para que los hipotecados conozcan en todo momento a quién le deben el dinero, algo que ahora dificultan los fondos de titulización, que en ocasiones han ejecutado préstamos que no eran suyos.

El portavoz económico del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, ha lamentado que el texto de Unidos Podemos no resuelva las carencias del proyecto de ley del Gobierno e incluso desproteja más al consumidor, y ha dicho que tampoco menciona la dación en pago, por lo que ha pedido que la norma incluya una autoridad independiente de defensa del consumidor financiero para poner sanciones.

El diputado de Ciudadanos Rodrigo Gómez ha anunciado el rechazo a la enmienda a la totalidad porque "no es sensata ni realista", pero también ha criticado el proyecto de ley porque no aclara el problema de las tasaciones o la regulación de los intereses de demora.

Desde ERC Ester Capella ha apoyado la ley alternativa de Unidos Podemos porque "pone encima de la mesa" una visión global de la vivienda y la demanda social de un parque público de alquiler al tiempo que aclara mejor los derechos de los prestatarios, mientras que la ley del Gobierno "sólo beneficia a las entidades bancarias".

La diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha argumentado su voto en contra porque la "atribución de culpas" en la crisis financiera es de todos los operadores del sector y no sólo de la mala praxis de los bancos, mientras Ferrán Bel, del PDeCAT ha lamentado que esta iniciativa "llega con retraso" y ha explicado que no apoyan la enmienda de Podemos porque "técnicamente es mejorable" y también porque no les consultaron su contenido antes de presentarla.

El diputado de Compromís Joan Baldoví ha apoyado la enmienda a la totalidad y ha acusado al Gobierno de "postureo" y "farsa" en sus diferencias con Ciudadanos, pues "se dicen de todo", pero luego se ponen de acuerdo para "impedir" que se aprueben leyes como esta, que van en interés de la gente.

En la defensa de su iniciativa, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que el proyecto de ley abaratará las comisiones por cancelación anticipada, reduce las comisiones por conversión de préstamos de tipo variable a fijo y refuerza el control sancionador para notarios y registradores, al tiempo que flexibiliza las cláusulas de vencimiento anticipado de los préstamos.

La propuesta del Gobierno amplía el límite de los bancos a la hora de ejecutar una hipoteca (ahora puede hacerlo con tres meses de impago), facilita la conversión del préstamo con interés variable a fijo y obliga a la entidad a comunicarle en detalle todo tipo de cláusulas, como cláusulas suelo, y a asegurar que el cliente, notario mediante, se declare conocedor de su naturaleza y de su comportamiento ante diferentes escenarios.

La norma, que supone la trasposición de la directiva europea de créditos hipotecarios, tenía que haberse aprobado antes de marzo de 2016. Al no haberse cumplido este trámite, España tiene abierto un procedimiento de infracción, aunque el Gobierno confía en poder aprobar la norma antes de que finalice el proceso a fin de evitar una posible multa.