Hace ya tiempo que España abrió el debate sobre su sistema público de pensiones. El Gobierno ha prometido a la Unión Europea tener una propuesta sobre la mesa para finales de este año. El Ejecutivo, los sindicatos y la patronal  llevan meses dialogando sobre el asunto.

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lanzó este pasado lunes su última propuesta de reforma, que sería la tercera desde 2011. Lo hizo un día antes de conocer que las pensiones subirán en 2023 un 8,5% empujadas por una inflación que, aunque se ha moderado en los últimos cuatro meses, ha alcanzado cotas no vistas en los últimos 30 años. Ese alza ha provocado que muchos se pregunten si el sistema es sostenible o no.

¿Cuál es la propuesta del Gobierno para la reforma?

El ministro Escrivá planteó este pasado lunes a los agentes sociales una extensión del tiempo de cómputo para calcular la pensión. La propuesta supone elevar ese período de los 25 años actuales a 30. El interesado podría descartar los dos peores años de cotización de esos 30 para el cálculo de la pensión.

El cambio del período de cotización "se realizaría de manera progresiva" a partir del año 2027. A los trabajadores y trabajadoras que se jubilen ese año se les calculará su pensión contando con los últimos 25 años de carrera más cinco meses de los que podrán descartar los dos peores. Cada año que pase se añadirán cinco meses de cómputo para calcular la cuantía de la pensión y se podrán descartar dos meses más, y así sucesivamente hasta llegar a los 30 años de cómputo y los dos años descartados en 2038.

¿Por qué extender el período de cálculo de la pensión?

El Gobierno sostiene que su propuesta también incluye una mejora en el tratamiento de las llamadas "lagunas de cotización", las interrupciones de cotización a lo largo de la vida laboral o aquellos períodos en los que se cotiza menos. Aduce el Ejecutivo que esto está pensado sobre todo para las mujeres y también para los varones cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género.

¿A quién beneficia y perjudica esta medida?

El Gobierno calcula que su propuesta va a beneficiar a aquellos trabajadores que tienen carreras desiguales, que no van de menos sueldo a más sueldo. Estima que son alrededor de un 30% del total de cotizantes. Cree que en el resto de los trabajadores tendrá "un efecto relativamente neutro". Su tesis es que ahora ya se computan 25 años para el cálculo y que la cuantía de las pensiones no se ha resentido, aunque algunos expertos señalan que las pensiones ya han bajado un 5% con el período de los 25 años.

Pero la medida sí parece tener efectos diferentes según la carrera laboral de cada persona trabajadora. Por ejemplo, a una persona desempleada al final de su vida laboral la medida seguramente le beneficiaría. Sin embargo, en el extremo opuesto, muchos economistas señalan que extender el tiempo para calcular la pensión perjudicará a la mayoría, sobre todo a aquellos que tienen estabilidad laboral y cuyo salario aumenta con el paso de los años. Dos de cada tres empleados suelen tener una mejor nómina al final de su vida laboral que al principio. El cálculo para ellos es simple: son más años con menos salario para calcular la pensión y, por lo tanto, será más difícil acceder a las pensiones máximas.

El economista Eduardo Garzón lo explica de forma sencilla en su cuenta de Twitter: "Aunque esa medida pudiese perjudicar menos a quienes habían quedado desempleados o en trabajos peor pagados, perjudicaba mucho al trabajador que tiene estabilidad laboral y que va siempre aumentando su remuneración, porque el nuevo cálculo contempla años con menos salario.

Subir las cotizaciones de los sueldos más altos

Escrivá también ha planteado aumentar la cotización de los salarios más elevados. El Gobierno propone subir la base máxima de cotización, que ahora es de 4.139,40 euros al mes. Según las estimaciones del Ejecutivo, al existir ese tope, 35.000 millones de euros en salarios de los trabajadores mejor pagados no cotizan para las pensiones. Escrivá plantea elevar un 30% la cotización de los sueldos más elevados y vincular la evolución de la base máxima al IPC, así como un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. Este aumento iría acompañado de una mejora de la pensión máxima.

¿Supone la propuesta un "recorte de derechos"?

La propuesta de Escrivá no ha gustado a Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, quien la ha calificado de "recorte de derechos". Los sindicatos coinciden con Díaz. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, fue meridianamente claro cuando le preguntaron al respecto: "Escrivá ha vuelto a equivocarse. Este es un debate que, desde nuestro punto de vista, no es necesario abordar hoy". Álvarez argumenta que "estamos en el último año" de entrada en vigor de la medida que elevó el período de cómputo de la pensión de los 15 a los 25 años –se hizo en la reforma de 2011 y también de forma progresiva– y "no sabemos los efectos prácticos sobre el sistema".

Unidas Podemos también ha mostrado su oposición a la propuesta de Escrivá al considerar que extender el período de cómputo para su cálculo recortaría algunas prestaciones de los pensionistas, además de endurecer el acceso a una pensión.

¿Seguirán subiendo las pensiones de acuerdo con el IPC?

La respuesta es rápida: sí. Está estipulado por ley después de que a finales del año pasado se aprobara la norma. Las pensiones seguirán aumentando conforme a la evolución del índice de precios de consumo (IPC) garantizando así el poder adquisitivo de los pensionistas.

¿Qué es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional?

Para financiar, en parte, esas subidas de las pensiones, el próximo 1 de enero de 2023 entrará en vigor el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que tendrá que ser abonado por todos los trabajadores que estén dados de alta en la Seguridad Social y que afectará a más de 20 millones de españoles este próximo año. Esta aportación será de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes, y estará repartida entre la empresa y el trabajador "con la misma distribución que en las cotizaciones sociales". Los empresarios pagarán un 0,5% y los trabajadores pagarán el 0,1% restante. La medida estará en vigor al menos 10 años.

Una reforma con visos de salir adelante

Todos los partidos a la izquierda del PSOE critican la falta de diálogo del Gobierno y critican que esta propuesta se haga pública a espaldas de los agentes sociales. Hasta la patronal ve "muy difícil" el acuerdo. Pese a ello, la medida tiene visos de salir adelante: el Gobierno tiene prisa por sacar la reforma adelante –se ha comprometido con la Unión Europea a hacerlo antes de que concluya este año– y el ministro Escrivá ya ha anticipado que todo "apunta" a que la fórmula elegida será el real decreto-ley.