El juicio de Pescanova inaugura la desescalada en la Audiencia Nacional después del parón por la covid-19. El caso estalló hace siete años cuando la compañía no pudo presentar el balance general ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De debajo de las piedras salieron a la luz operaciones falseadas durante cinco años, encabezadas por el que fuera presidente, Manuel Fernández de Sousa, y en las que están involucradas 18 personas más, entre ellas, su familia.

La Fiscalía Anticorrupción pide casi una treintena de años de prisión para Fernández de Sousa por un total de ocho delitos. La lista es profunda: falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Además, 21 millones de euros en multas. Según el auto del instructor, la veintena de acusados engañaron a bancos y acreedores ocultando una deuda millonaria para poder conseguir financiación. En estas prácticas insólitas de la que fue la mayor empresa pesquera de Europa participaron su mujer y su hijo.

A Rosario Andrade, la pareja del expresidente de Pescanova, se le atribuye un presunto delito de alzamiento de bienes o blanqueo de capitales. Cuando el escenario se estaba poniendo feo para la empresa matriz, Andrade procuró enviar a través de una sucursal de Valença (Portugal) 4,5 millones de euros. A su sucesor, Pablo Fernández Andrade, se le imputan los delitos de falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica y financiera y delito de estafa.

Además, el juez instructor del caso, José de la Mata, indica que las personas del equipo de confianza de Manuel Fernández de Sousa eran los "máximos responsables" de la información financiera y participaron "de una u otra forma" en la estrategia del presidente. La Audiencia Nacional desestimó los recursos que presentó la exdirectiva de la entidad y dio por terminada la instrucción del caso. De la Mata recogió que la cúpula de Pescanova artilló un "sistema piramidal insostenible" para poder hacer frente a las deudas. Entre ellos, el hermano del presidente, Fernando Fernández de Sousa-Faro, que había formado parte del órgano de administración de Pescanova; el jefe de Auditoría Interna, Joaquín Viña Tamargo; Alfredo López Uroz, el director de Administración; el jefe de Contabilidad, Ángel González Domínguez; Alfonso García Valvo, el jefe de Servicio; o el director financiero de la filial Pescafina S.A.

En un anómalo golpe de timón, consiguieron traicionar a los inversores, accionistas, acreedores y organismos reguladores. En 2012 se ocultaron hasta 1.939 millones de euros de deuda bancaria. La cúpula se encargaba de obtener financiación de los bancos para tapar los agujeros de pérdidas millonarias que no se reflejaban después en las cuentas anuales de la entidad. De esta manera, cuando Pescanova declaraba en los documentos de 2011 un balance de 16 millones la cuantía real era una pérdida de 290 millones de euros.

¿Por qué empezaron estas prácticas? Entre 2007 y 2013 la empresa llevó a cabo una fuerte inversión, por un importe de 830 millones de euros, con el objetivo de pasarse al negocio de acuicultura de langostino, salmón y rodaballo. Estas inversiones se cubrían principalmente mediante créditos de la propia compañía, de Pescanova y también de la sociedad Novapesca Trading S.L. Pero, a partir de 2010, la compañía comenzó a recurrir a financiación externa y como consecuencia aumentaron los préstamos bancarios. La deuda fue creciendo y no se generaron flujos de caja positivos.

La empresa matriz naufragó en plena crisis económica en España, en una "situación histórica de racionalización y restricción de crédito bancario", según sostiene De la Mata. Por ello, necesitaban ser de nuevo financiados; la pescadilla que se muerde la cola. Provocaron uno de los mayores concursos empresariales de la historia de España siendo las entidades financieras las más perjudicadas. En el concurso, la banca tomó una quita de 2.000 millones de euros con el fin de dar continuidad a la empresa reestructurándose como Nueva Pescanova. 

Fernández de Sousa señala a los demás

Fernández de Sousa se calificó como "el mayor perjudicado" y se lavó las manos echándole la culpa a BDO, la empresa auditora. También a la CNMV por no repasar las cuentas de BDO por si existían irregularidades y contó que fueron los bancos los que se beneficiaron gracias a Pescanova. "A nadie se le escapa que lo que hacíamos no era regular, estoy seguro que muchas empresas en España usaron el mismo sistema", dijo el expresidente.

Como otras amistades con grandes figuras que terminan en la cárcel, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y Fernández de Sousa tenían vínculo directo. De hecho, el presidente de Pescanova consiguió en el último momento que el Gobierno autonómico cancelase el emplazamiento de una depuradora a unos cientos de metros de una de las piscifactorías de Fernández de Sousa para que no empañase la imagen de su producto. La iniciativa de la Consellería do Mar tenía por objetivo paliar un problema de los mariscadores, pero finalmente Feijóo anunció que encontrarían otra instalación. Los vecinos de Morás, en Xove, en la costa del Lugo, vieron desde lejos cómo el barco daba media vuelta.

Una sola llamada cumplía los deseos de Fernández de Sousa y, por supuesto, se había encargado de tener de su lado a los medios de comunicación. Fue el patrono de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, que lleva el nombre del propietario del grupo La Voz de Galicia. Inyectaba con grandes campañas de publicidad al resto de diarios gallegos. Exigía lo que fuera favorable para su imagen, por ejemplo, cuando secuestraron a un palangrero de Pescamar, una filial de Pescanova, que tenía en su tripulación a dos marineros gallegos. En Galicia, los medios no dieron bombo al suceso y la información no fue publicada. También exigió que, en el caso de difundir las fotos, se ocultara el logotipo de su grupo.

Después de todo, el juicio comenzó el pasado 2 de diciembre y se vio interrumpido por el coronavirus, pero este lunes sentará en el banquillo a Fernández de Sousa y desfilarán ante el juez casi la veintena de sus socios. Aún después de todos los delitos que se le imputan, durante este tiempo continuó su vida fuera de cárcel dedicado a la acuicultura. Es el jefe de operaciones de la empresa saudí Naqua, llevando a cabo ambiciosos proyectos de piscifactorías. La fama de buen gestor de Fernández de Sousa se hundió con Pescanova y de los restos queda la sentencia de la Audiencia Nacional.