"Si no se sustituye por otro ingreso es dinero que no entra en las arcas públicas y que no se destinará a financiar servicios", explica Luis del Amo, secretario técnico del Consejo General de Economistas (CGE), sobre la batería de medidas tributarias anunciada ayer por el presidente de la Junta de Andalucía, que incluyen la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio en ese territorio mediante una bonificación del 100% de la cuota, una medida que copia el modelo madrileño de ventajas para las grandes fortunas y rentas, y otros dos retoques que incluyen a estas entre los beneficiarios.

La supresión del canon del agua afecta a todos los consumidores urbanos de su suministro, lo que incluye la destinada a alimentación, higiene y limpieza pero también otros usos suntuarios como el riego de jardines particulares y el llenado de piscinas privadas, mientras que la deflactación de los tramos más bajos del IRPF supone otra medida generalizada, ya que la renta total de cada contribuyente se va gravando por tramos y no con un único tipo sobre toda ella.

Con estas medidas, Andalucía se consolida en el grupo de territorios que mayores beneficios fiscales aplican en sus territorios y que en este caso, como en la mayoría de ellos, dirigen el grueso de las ventajas a las rentas y carteras de propiedades más elevadas a base de aplicar rebajas en impuestos como los de Patrimonio, que solo afecta a quien posee bienes por valor de más de 400.000 euros en las comunidades que más presión mantienen en él; en los de Sucesiones y de Donaciones, de cuyo pago está exento más del 90% de la población y que grava la transmisión de propiedades de elevada valoración, ya sea por herencia o por traspaso, y en el de Transmisiones Patrimoniales (ITP), cuyo principal componente se encuentra en la compraventa de viviendas, cuyo precio, y con él la cuantía que conllevan las rebajas lineales que se aplican, suele ser más o menos elevado en función de la renta del comprador. 

Los beneficios fiscales que Andalucía ya contemplaba aplicar en este ejercicio ascendían a 1.387 millones de euros, con el grueso concentrado en los 1.194 de Sucesiones y Donaciones y los 113 del ITP, a los que se añadirán otros 360, de ellos 93 en Patrimonio. 

Su suma alcanza los 1.747, lo que sitúa a Andalucía como la tercera comunidad con mayor volumen de beneficios fiscales del Estado, solo por detrás de Madrid, que este año alcanzará los 5.479, y de Euskadi, que prevé llegar a los 2.218 antes de sumarle otro boquete de 250 en medidas frente a la inflación anunciado hace unos días por el lehendakari Íñigo Urkullu, y que también incluyen una nueva deflactación del IRPF.

Aunque no está nada claro que las haciendas forales vascas vayan a mantener ese segundo puesto entre las comunidades que mejor trato dan a las rentas y patrimonios elevados, ya que la Junta de Castilla y León prevé añadir a los 509 millones de beneficios fiscales previstos para este año un paquete que sumaría otros 2.000 en lo que queda de legislatura, según anunció hace unos días el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que basó su discurso en argumentar la eventual utilidad como herramienta contra la despoblación de medidas como las rebajas en el ITP para transferir empresas y para arrendar tierras.

Una vez entren en vigor las medidas anunciadas por Moreno Bonilla y por Fernández Mañueco, los cinco territorios gobernados por el PP pasarán a acumular más de la mitad de las rebajas fiscales que aplican las comunidades autónomas con 10.943 millones de euros sobre un total de 19.643, lo que equivale al 55,7%.

Ahora, sobre las vigentes, y al situarse las estimaciones de Murcia para este año en 365, antes de deflactar los tramos bajos del IRPF, y las de Galicia en otros 522, cifra que incluye una bonificación del 25% en Patrimonio, alcanzan un peso del 47,6% con 8.262 millones sobre un total de 17.342.

Estos datos, obtenidos de las memorias de beneficios fiscales que publica cada una de ellas y del Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral que edita el Consejo General de Economistas, ponen sobre la mesa que la competencia fiscal entre las comunidades autónomas provoca una merma anual de más de 17.342 millones de euros en vísperas de causar una de casi 20.000.

Esa cifra se suma a la de 41.939 que contemplan los Presupuestos Generales del Estado, aunque con la particularidad de que la que genera la disputa territorial se efectúa sobre unos tributos que han ido siendo traspasados a las comunidades para que estas puedan acercarse a la suficiencia financiera.

"Si todas las comunidades comienzan a hacer lo mismo, se acabaría perdiendo la recaudación de Patrimonio sin incrementar la del resto de impuestos a nivel estatal", explica Del Amo.

El argumento principal para justificar ese tipo de rebajas suele ser el de que con ellas se atrae o retiene actividad económica en el territorio y que eso aumenta los ingresos por otros tributos como el IRPF o el IVA, aunque eso solo puede ocurrir a escala local, donde se perdona un pago para mantener o ganar otro en el reparto de la bolsa estatal; a escala de España, la merma resulta obvia ya que ese IRPF y ese IVA solo cambiaría de lugar.

Se trata, en cualquier caso, de políticas tributarias similares a las que en Europa desarrollan países como Holanda o Luxemburgo, cuyos modelos fiscales 'low cost' para los emporios provocan notables mermas de ingresos en las haciendas de otros países socios en la UE, entre ellos España, al fomentar la elusión y la planificación.

"El problema es que todas las comunidades hagan lo mismo. Cuando la estrategia es de un país, o una comunidad, puede darle resultado, pero cuando se generaliza se pierde toda la recaudación", anota Del Amo, que descarta que una medida de ese tipo pueda generar réditos electorales al afectar a capas muy concretas, y reducidas, de la población.

Otra cosa son sus efectos secundarios, que sí afectan al conjunto de los contribuyentes y los ciudadanos: el vigente modelo de financiación autonómica imputa las rebajas fiscales (las resta) al 25% de la recaudación en el territorio que cada comunidad se queda a la espera de conocer que porción del 75% restante acaba recibiendo, lo que impacta directamente en la disponibilidad de recursos.

Normalmente, los anuncios de este tipo suelen tener relación con la buena marcha de la recaudación de otros impuestos, algo que lleva meses ocurriendo y que tiene especial relevancia en las comunidades en las que se concentran mayores niveles de actividad económica, como Madrid, Catalunya, Euskadi y el País Valencià.

"Los ingresos tributarios en julio crecieron un 17,2% respecto al mismo mes de 2021 hasta alcanzar los 39.227 millones", señala el último Informe Mensual de Recaudación Tributaria, que sitúa en el 18% el aumento de los ingresos brutos de Hacienda en lo que va de año y en un 17,5% (y subiendo) los homogéneos.

Esa evolución parece más cercana que ajena a los últimos anuncios de rebajas tributarias, que no dejan de darse en una situación similar a la que llevó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a suprimir el Impuesto de Patrimonio en 2007, antes de estallar la burbuja inmobiliaria, para recuperar su vigencia en 2011, cuando la ‘gran recesión’ arreciaba. "Sí, es posible que tomen esas decisiones porque va mejor la recaudación en otros tributos", apunta el economista.

Entre el resto de comunidades hay tres que superan los mil millones anuales en beneficios fiscales: Catalunya con 1.650, Navarra con 1.476 y Canarias con 1.082, esta última con un sistema fiscal específico debido a su insularidad y a las particularidades de su estructura económica. De las demás, únicamente el País Valencià, con 515, supera el medio millar.