“Actuar sobre la precariedad es algo estratégico para garantizar el sistema de pensiones”, sostiene Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO. “Es necesario crear empleo y mejorar las condiciones existentes para consolidar el sistema, aunque esa ecuación es compleja mientras tengamos tres millones de parados y una tasa de desempleo cercana al 15% de la población activa”, anota el economista Eduardo Garzón. Ambos coinciden en la necesidad de tomar medidas estructurales para asegurar la sostenibilidad de un tinglado que se encamina a su fase de mayor tensión por la jubilación en quince años del grueso de los babyboomers con claros síntomas de gripado en la estructura salarial sobre la que se apoya.

Los datos de la estadística, Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, del que hace unos días la Agencia Tributaria publicó los resultados de 2018, señalan que en la última década, la masa salarial del país (los salarios declarados) han aumentado 7,356 millones y un 2% al pasar de los 366.818 millones de 2008 a los 374.174 del pasado año y tras cinco ejercicios de caída y otros tantos de recuperación.

En ese mismo periodo, la factura de las pensiones que tributan en el IRPF no dejó de crecer y aumentó 43.271 millones de euros, con un avance del 44,23%, más de veinte veces por encima del que registraron los sueldos.

Pese a la mejora de los últimos cinco años, en los que la masa salarial creció en 65.479 millones de euros, un 21,2%, la cuantía de los subsidios equivale a un 37,7% de esta, más de diez puntos por encima del 26,6% de hace una década. Es decir, que la suma de los sueldos del país ha pasado de casi cuadruplicar a apenas triplicar las pensiones que mantienen, lo que encamina al sistema hacia la insostenibilidad salvo que se tomen medidas.

Dos posturas y un escenario de tensión

Las discrepancias son claras en este punto. Entidades como la OCDE, la Comisión Europea o el Banco de España, estas dos últimas esta misma semana, se inclinan por el austericidio: recortar su cuantía, o cuando menos limitarla, y/o retrasar más la edad de jubilación para aumentar los ingresos y contener los gastos del sistema.

Por el contrario, el preacuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos habla, aunque sin mayor concreción, sobre la receta, como ya ocurrió en la campaña de las últimas elecciones generales, de “blindaje de las pensiones de nuestros mayores: asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida”.

Las dos posturas siguen enfrentadas en el plano teórico mientras el sistema se encamina hacia una etapa de tensión por la jubilación de los babyboomers, el grueso de los cuales habrá alcanzado la edad nominal de jubilación a partir de 2035, cuando cumplan 67 los nacidos en 1968, considerado el último año de la explosión demográfica en España. El proceso comienza en 2023.

Para ese año, si no yerran las previsiones de población del INE, 11,45 millones de residentes en el país habrán alcanzado los 67 años. Serán 3,2 millones más de los previstos para el año que viene y tres menos de los esperados para 2050, cuando ese grupo de población alcance los 14,49 millones en el momento de mayor tensión para el sistema, que a partir de entonces comenzará a relajarse al bajar la presión demográfica.

Un reto demográfico exigente pero acotado

“El reto demográfico de las pensiones es exigente, pero está acotado entre 2035 y 2065”, explica Bravo, que apunta cómo, según las previsiones de la Airef y de la propia Seguridad Social, en esa fase serán necesarios tres puntos más del PIB, del casi 12% actual a entre el 14% y el 15%, para atender un sistema de pensiones que, además de la jubilación, atiende otras circunstancias como invalideces, viudedades y orfandades.

Bravo y Garzón coinciden en señalar la creación de empleo y la mejora de su calidad como los pilares básicos para mantener el sistema. “Hay que crear empleo y habría que explorar la creación de empleo garantizado para los desempleados. Un sueldo de mil euros mensuales para un millón de personas generaría alrededor de 5.000 millones en cotizaciones al cabo del año, además de tener efectos multiplicadores en la economía”, explica Garzón, que recuerda los efectos beneficiosos que han tenido las últimas revisiones del Salario Mínimo Interprofesional. Coincide en el análisis con la Agencia Tributaria, cuyos ingresos han comenzado a mejorar como consecuencia de esa medida.

Junto a esas dos medidas, de carácter estructural, ambos abogan por una aportación externa de recursos para el sistema, al menos hasta que pase ese periodo de mayor exigencia, en el que serán necesarios alrededor de 36.000 millones extra por ejercicio.

“Se ha creado un monedero aparte con las cotizaciones que no tiene sentido”, indica Garzón, que se pregunta “¿por qué el Estado no puede utilizar otros monederos para financiar las pensiones, como hace con la sanidad o la educación, cuando, además, cada vez hay una mayor generación de rentas no laborales, como las de carácter financiero o patrimonial?”.

¿Por qué los impuestos no pueden financiar las pensiones?

Esa aportación extraordinaria de recursos vía impuestos se da en 21 de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, apunta. Sin embargo, dicha tesis no acaba de entrar en el debate de la agenda en España, donde “el Pacto de Toledo vincula pensiones y cotizaciones sociales y crea una inercia en la que cualquier cambio parece herético. Pero, ¿por qué si la educación y la sanidad se pagan con los impuestos de las empresas no puede hacerse eso con las pensiones?”.

Bravo, que respalda esa posición, apunta otras medidas posibles para mejorar la financiación del sistema público de pensiones. “Hay muchas piezas que tocar: los salarios, la precariedad, la temporalidad, el fraude en la contratación parcial, adecuar la cotización de los autónomos a los ingresos reales y muchas más”, señala.

Por último, llama la atención acerca de otra circunstancia que afecta a la gestión interna del modelo actual: “Hay déficit en las pensiones y las contingencias comunes (las bajas) y superávit en el desempleo, pero ese superávit se destina a pagar las pensiones no contributivas y las políticas activas de empleo, que deberían financiarse con impuestos”.