Telefónica comunicó este lunes a los sindicatos que pretende recortar unos 5.100 puestos de trabajo en España de aquí a 2026 en un esfuerzo por reducir costes y adaptar el tamaño de la empresa al mercado actual. Según los sindicatos, la multinacional española argumenta que tiene un "excedente funcional" de trabajadores con arreglo a la modificación de los servicios de la empresa, a la finalización del despliegue de fibra óptica hasta el hogar (FTTH), al cierre del cobre y a otros elementos, como la automatización de procesos.

El ajuste de plantilla afectará a las tres principales filiales de la operadora en España (Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Telefónica España), donde trabajan unas 16.000 personas, de los 21.000 empleados que tiene en el país (su plantilla mundial supera las 103.000 personas). 

Las fuentes sindicales han precisado que el número de salidas, a su juicio, será "inevitablemente inferior", ya que el ajuste, previsto concretamente para 5.124 puestos, podrá hacerse mediante distintas medidas, como cambio de actividad, internalizaciones o recualificaciones. Telefónica ha vinculado la voluntariedad del despido colectivo a que se alcancen las cifras deseadas por la empresa, si bien las mismas podrán ir variando a lo largo del proceso de negociación.

Este lunes se ha producido la constitución de las mesas de negociación de los ERE presentados en las tres entidades jurídicas de Telefónica en España afectadas por el recorte de empleo. Por sociedades, la empresa ha trasladado a los sindicatos que el "excedente funcional" es de 81 trabajadores en Telefónica Soluciones, de 958 en Telefónica Móviles y de 4.085 en Telefónica de España..

la empresa ha indicado a los sindicatos que el excedente de plantilla en la Comunidad de Madrid es de 1.580 empleados (el 30,84% de los 5.124 afectados) entre las tres filiales, mientras que en Catalunya la cifra asciende a 777 (15,16% del total) y en Andalucía a 691 (13,49% del total).

Les siguen la Comunidad Valenciana, donde el "excedente" de empleados se sitúa, entre las tres filiales, en 343 empleados (6,69%), Galicia (339 empleados; 6,62%), Castilla y León (286 empleados; 5,58%), País Vasco (255 empleados; 4,98%), Asturias (140 empleados; 2,73%), Canarias (136 empleados; 2,65%), Aragón (128 empleados; 2,5%) y Castilla-La Mancha (119 empleados; 2,32%).

Por debajo de los 100 trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo se sitúan Murcia, con 90 empleados (1,76%), Islas Baleares (77 empleados; 1,5%), Extremadura (76 empleados; 1,48%), Cantabria (42 empleados; 0,82%), Navarra (36 empleados; 0,7%) y La Rioja (9 empleados; 0,18%).

El ERE está previsto para personas nacidas en 1968 y años anteriores, con una antigüedad mínima de 15 años, según las mismas fuentes. El último ERE que planteó Telefónica se produjo en 2011, cuando despidió a más de 6.000 empleados, una medida que provocó un cambio en la legislación sobre los despidos colectivos.

Después de aquello, Telefónica optó por poner en marcha salidas voluntarias de trabajadores mediante un Plan Suspensión Individual (PSI),  por el cual el empleado sigue vinculado a la empresa hasta su jubilación real, aunque esté suspendido de empleo, y mantiene los beneficios sociales, como el seguro médico y el plan de pensiones. La empresa ha presentado tres planes de este tipo, en 2016, 2019 y 2021.

Las negociaciones de los ERE irán en paralelo a las del convenio colectivo de los empleados de las tres sociedades y, de hecho, los sindicatos ya han advertido de que no aceptarán un acuerdo sin el otro. La siguiente reunión entre sindicatos y empresa será el próximo 11 de diciembre.

Se prevé que las cuatro negociaciones (las de los tres expedientes de regulación de empleo y la del convenio) finalicen en el plazo de un mes, alrededor de comienzos de enero de 2024. Precisamente, en 2024 Telefónica celebrará su centenario y, según apuntan los sindicatos, uno de los objetivos de la compañía es intentar evitar que estas negociaciones enturbien este hito, que también coincidirá con el apagado de la red de cobre de la compañía.

UGT ha reiterado su posición de que "no habrá acuerdo en el ERE si no lo hay en el convenio colectivo que blinde garantías y estabilidad" a la plantila. Una posición compartida por CCOO, que señala que buscará unos "resultados positivos" en todas las comisiones negociadoras de manera coordinada. Otras fuentes de los sindicatos apuntan que la empresa ha dejado caer la posibilidad de prorrogar el convenio colectivo vigente si no se aceptan sus pretensiones en cuanto al volumen del despido colectivo.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que estudiará el ERE anunciado por Telefónica cuando lo tenga encima de la mesa y que se reunirá con las partes involucradas, según ha avanzado en una entrevista en La Sexta.