Bomberos piden no actuar en más desahucios: "Nos hacen cómplices del sufrimiento de las personas"

Roberto Rivas tomó partido cuando se negó a participar en el desahucio de Aurelia Rey, una octogenaria vecina de A Coruña. El bombero tuvo que ir a juicio y fue sancionado por "alterar el orden"; pagó una multa de 600 euros. "Lo volvería a hacer, por supuesto que sí", defendió, poco después de prestar declaración. La sentencia llegó en 2014, hace más de una década. Los casos de Iura, Zohra y Mariano son "la viva prueba" de que las reivindicaciones del cuerpo todavía no han sido atendidas. 

"Llegó un punto en el que dijimos hasta aquí, vimos que hacía falta organizarse –más allá de los municipios– para suplir los vacíos legales y reivindicar nuestro derecho a la objeción de conciencia", cuenta Mario Aspano, portavoz de la plataforma Bomberos contra los Desahucios. El colectivo reúne a efectivos de todo el país –"cada vez más, de hecho, no te podría decir un número exacto, porque no paramos de recibir correos"– que piden no intervenir en desalojos forzosos, un requerimiento que, según destaca Aspano, "queda fuera" de sus competencias.

Iura amenazó con tirarse al vacío si los Mossos d'Esquadra reventaban la puerta de su piso, en Barcelona. El desahucio sólo se aplazó una semana, pese a los informes de vulnerabilidad presentados por el inquilino. El 3 de mayo de 2023, Iura se quedó en la calle. Zohra y su hijo de ocho años también han sido expulsados de su hogar este verano, en el madrileño barrio de Lavapiés. La comisión judicial no cedió a la presión popular y los antidisturbios detuvieron al activista que se había colgado de la ventana del piso para impedirlo. La dinámica se volvió a repetir hace unos días, durante el desalojo de Mariano. La Policía detuvo a tres activistas, unidos por una cuerda a la puerta del domicilio; si los agentes entraban, ellos caían al vacío. El papel de los bomberos ha sido crucial en los tres lanzamientos.

"El problema es que [las comisiones] nos dicen que los activistas corren peligro para reclamar nuestra intervención, lo utilizan como excusa. Los bomberos no podemos mantenernos al margen, ni ser soldados que acuden allí para cumplir órdenes y luego se marchan como si nada. La Policía tiene equipos de especialistas para trabajos en altura, ¿por qué no los utilizan? Es más fácil llamar a los bomberos; nos hacen cómplices del sufrimiento de las personas y de la falta de alternativas", continúa Aspano, en una conversación con Público. Los activistas que se cuelgan para impedir desahucios suelen tener recursos para actuar con seguridad; muchos, de hecho, son escaladores profesionales. "No corren peligro", advierten desde la plataforma.

El derecho a la objeción de conciencia de los bomberos está en una suerte de "limbo legal". La hemeroteca habla por sí sola: cuando los efectivos no acatan órdenes, sufren represalias. El Estatuto del Empleado Público y la ley mordaza contemplan sanciones como la que recibió en su día Roberto Rivas. "El régimen disciplinario es bastante ambiguo y la negativa supone un riesgo tanto laboral, como económico. Los compañeros con conciencia social entran en conflicto: ¿desobedecer una orden o asumir las consecuencias? Esto por no hablar del impacto emocional que supone convertirse en mano ejecutora de una injusticia...", advierte Sebas Valle, miembro de la plataforma y delegado sindical de CGT.

Los recursos públicos, para "intereses privados"

Los bomberos se remiten a sus carteras para demostrar que las intervenciones en desahucios no figuran "por ninguna parte" y piden formar parte de la solución, "no del problema [de la vivienda]". La plataforma anima a todos los efectivos a posicionarse "activa y abiertamente" contra la "usurpación" de derechos fundamentales, como el que tienen los ciudadanos a una vivienda digna. 

"Tenemos que combatir el relato neoliberal a favor de la especulación y el rentismo, un relato que criminaliza la pobreza. Es una cuestión estructural y como clase trabajadora, tenemos que solidarizarnos con las víctimas de la crisis habitacional", desliza Valle. España cerró el primer semestre de 2024 con una media de 80 desahucios al día. Las televisiones, mientras tanto, ponen el foco en la okupación, cuando solo afecta al 0,06% del parque inmobiliario.

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Los miembros de la plataforma recuerdan que sus competencias son "el salvamento, los servicios de prevención y la protección civil", no los asuntos penales. "Si tenemos los camiones toda la mañana al servicio de un propietario, no podemos atender otras emergencias. Es un secuestro de los recursos públicos para defender intereses privados", reconoce Aspano. Bomberos contra los Desahucios apela a los "principios morales y éticos" de los trabajadores para trazar estrategias comunes y "enfrentar de cara" la situación.

"No sólo nos quedamos sin recursos para atender otras emergencias, es que, si tenemos que atenderlas, porque algún compañero siempre acude, será en precario. Te pongo un ejemplo: un incendio al otro lado de la ciudad. Si los vehículos y parte de los trabajadores están inmovilizados por un desahucio, ¿crees que podemos actuar en condiciones?", pregunta Valle. La plataforma exige "a jueces y administraciones" que dejen de utilizarlos como un "cuerpo cómplice" y dejan clara su postura: "No sólo rechazamos participar, sino que también queremos manifestar públicamente que estamos en contra [de los desahucios]".