El Congreso rechaza la propuesta de Vivienda y el PNV para reformar la Ley del Suelo

El Congreso ha rechazado admitir a trámite la reforma de la Ley del Suelo en los términos propuestos por PSOE y PNV. Este es el segundo intento fallido del Ministerio de Vivienda por sacar adelante la iniciativa. "La decisión del parlamento daña a los ayuntamientos y al urbanismo que precisan las ciudades del siglo XXI", denuncian desde la cartera. 

Sumar ha rechazado la propuesta por considerarla un "copia y pega" del anteproyecto de ley que aprobó en 2018 Mariano Rajoy. Los socios de Gobierno lo han vinculado a la "corrupción" en los municipios y a la "especulación urbanística". El PP, por su parte, considera que el texto "no está a la altura" del que ellos han registrado en el Senado y esperan aprobar en breves. La votación se ha saldado con 126 síes (PSOE, PNV y CC), 186 noes (PP, Sumar, ERC, Junts, Bildu y Podemos), además de 34 abstenciones (Vox y BNG).

"El problema del acceso a la vivienda, que afecta a miles de españoles, requiere responsabilidad por parte de todos. Y la responsabilidad en ningún caso se expresa mediante el bloqueo", precisan fuentes del Ministerio que dirige Isabel Rodríguez. La reforma pactada entre el PSOE y el PNV tenía un claro objetivo: evitar que planificaciones urbanísticas que requieren hasta diez años de tramitación pudieran ser tumbadas en los tribunales por "defectos formales menores". 

El PP ha explicado que su propuesta "es fruto de hablar con expertos y con las comunidades autónomas y es un plan integral que reforma seis leyes", por eso han rechazado admitir a trámite la del PSOE. Fuentes del PNV, sin embargo, defienden que "el planteamiento es similar" en lo relativo al suelo y tachan su voto de "oportunismo políticos". La norma registrada por los populares en el Senado deroga las zonas tensionadas, que estableció la Ley de Vivienda.

EH Bildu ha considerado "razonable" la invitación a apoyar la tramitación de la propuesta de Vivienda y mejorarla en el proceso de enmiendas, pero ha votado en contra porque considera que la "piedra angular" de la reforma debería ser la modificación del artículo 18, según el cual la administración pública solo se puede quedar entre un 5% y un 15% del suelo en las recalificaciones. ERC, por su parte, se ha mostrado partidaria de "agilizar" los trámites urbanísticos, "pero de forma seria" y sin "rebajar las garantías ciudadanas".

El Ministerio "seguirá trabajando de la mano de los ayuntamientos y las comunidades autónomas para lograr los objetivos que perseguía esta reforma legislativa", que, según detallan, son tres: "agilizar la construcción de vivienda asequible", "incrementar la seguridad jurídica de todos los operadores" y "adaptar el urbanismo a los estándares ambientales" del momento. "Lamentamos que haya partidos que consideren que no es necesario debatir" sobre una reforma que "imploran" los municipios españoles, han conclido las mismas fuentes.