Joaquín Pérez Rey (Madrid, 1973) presentó este miércoles los datos de empleo del mes de abril con sus ojos puestos en un dato: la contratación indefinida, que logra el mayor récord en un año de récords. El secretario de Estado de Empleo no tiene "ni la menor duda" de que este dato es una consecuencia "directa" de la reforma laboral, y manda un mensaje a los detractores de la norma: "Los que dijeron que era humo están viendo el humo más denso y que ha propiciado el mayor cambio cultural de la historia de nuestro país en materia de estabilidad en el empleo".

A su juicio, aunque la precariedad es un "elemento multiforme que abarca muchos aspectos" más allá de la temporalidad, esta última es "la verdadera anomalía y lacra de nuestro sistema laboral, y es la que la reforma laboral combate de forma más decidida". 

El hombre que sirve de ojos y manos a Yolanda Díaz en el diálogo social, uno de los artífices de los 13 acuerdos de legislatura con los agentes sociales, manda otro aviso: "La salida a esta crisis no puede reposar sobre el salario de los trabajadores, sería una equivocación; no solo sería algo injusto, sino ineficiente económicamente".

De los datos del paro, de la reforma laboral, del denominado pacto de rentas y de las normas que quedan pendientes en el Ministerio de Trabajo (como la reforma del Estatuto de los Trabajadores o la ley de usos y tiempo), habla Pérez Rey con Público en esta entrevista.

Los datos de contratación indefinida de este mes apuntan a un cambio de tendencia en la temporalidad que tiene pocos precedentes en España ¿Son una consecuencia directa de la reforma laboral?

No hay duda. Son una consecuencia absolutamente directa y palpable de la reforma laboral. Antes de la reforma laboral la media de contratación indefinida en nuestro país a duras penas alcanzaba el 10%, de hecho en la mayoría de las ocasiones se situaba en un 8 u 8,5%. Nada más aprobarse la reforma laboral empezamos teniendo datos de contratación indefinida del 15% en enero, elevamos a un 22% en febrero y alcanzamos más del 30% en el mes de marzo. Justo a partir de ese mes, que es cuando la reforma laboral ya ha desplegado toda su potencialidad en materia de contratación hemos alcanzado casi el 50% de los contratos indefinidos.

No hay ningún referente, ninguna cifra en la serie histórica, precedente conocido, ningún vuelco en la contratación temporal, en la lucha contra la precariedad como el que ha propiciado la reforma laboral en cuatro meses de existencia. Aquellos que entendían que tras la reforma había humo están viendo seguramente uno de los humos más densos y que ha propiciado el mayor cambio cultural de la historia de nuestro país en materia de estabilidad en el empleo.

¿Está zanjado el debate sobre que la reforma laboral era maquillaje?

Aquellos que entendían que tras la reforma laboral solo había cosmética o bisutería tendrían que preguntarle al millón ochocientos mil trabajadores y trabajadoras de este país que son indefinidos, que han abandonado la precariedad desde que la reforma laboral está en marcha. Es prácticamente insostenible decir que esta reforma laboral carece de efectos sobre el mercado de trabajo, es, básicamente, situarse fuera de la realidad, y la política fuera de la realidad normalmente no es política, sino un estropicio.

Una de las medidas más importantes de esta reforma es la eliminación del contrato por obra y servicio determinado. Hubo quien aseguró que esto iba a destruir puestos de trabajo en sectores como el agrario ¿Se está produciendo esta destrucción de empleo? ¿Cómo ha afectado la reforma laboral al campo?

Hoy hemos conocido los datos de afiliación y de paro registrado: el empleo funciona perfectamente, estamos en récord de personas afiliadas al sistema de Seguridad Social, hemos bajado en más de 80.000 los desempleados y eso lo hemos hecho manteniendo un récord de contratación indefinida. Por lo tanto, es justo al contrario: al ser de mucha mayor calidad el empleo que estamos creando, ese empleo es mucho más resistente. En el marco de esta incertidumbre económica mundial derivada de la invasión a Ucrania el mercado de trabajo español está por vez primera resistiendo. Antes todas las incertidumbres se trasladaban inmediatamente a la destrucción de empleo, pérdidas de puestos de trabajo, conclusión de contratos temporales… Y ahora el mercado de trabajo español está siendo muy fuerte.

En algunos sectores lo que la reforma laboral ha demostrado, lo que veníamos diciendo desde el inicio, es que que haya una parte de nuestras actividades que son estacionales no está reñido con la calidad en el empleo; en los sectores en los que más ha subido la contratación indefinida es precisamente en la agricultura y en la construcción. El sector de la construcción ha hecho un 74% de contratos indefinidos y la agricultura ha hecho más de la mitad de los contratos indefinidos. Esos mitos que nos aseguraban que había una especie de maldición bíblica en virtud de la cual el sector productivo español era tan estacional que no podía crear empleo de calidad, la reforma laboral lo ha desmentido porque ha creado empleo de calidad en sectores absolutamente expuestos a la precariedad tradicional: la agricultura, la construcción y el sector servicios, que es donde se ha producido el impulso más significativo a la contratación indefinida.

Esta reforma tiene como uno de sus objetivos prioritarios la reducción de la temporalidad ¿Se va a tratar de avanzar en esta legislatura en una reforma que apunte directamente a la precariedad? ¿Está Trabajo por la labor de abordar las indemnizaciones por despido o las denominadas causas del despido?

La precariedad es un elemento multiforme que abarca muchos aspectos y en España la temporalidad es el principal de ellos, el más importante, la verdadera anomalía y lacra de nuestro sistema laboral, y es el que la reforma laboral combate de forma más decidida. El Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha muchas otras medidas para combatir la precariedad; una de las más significativas es la que tiene que ver con el SMI, que ha asumido esta cifra redonda de los mil euros y que ha combatido la pobreza salarial en las escalas más bajas de la pirámide salarial.

Con la reforma de la temporalidad, seguramente en nuestro país se ha hecho la elevación más fuerte de indemnizaciones conocida hasta la fecha. Pensemos que buena parte de estos trabajadores temporales o no tenía indemnización, o tenían una indemnización exigua, y ahora contarán con una protección plena frente al despido, aquí está el gran cambio. También hemos propiciado reglas alternativas al despido, es lo que ha ocurrido con los ERTE o el mecanismo RED, y ahora uno de los elementos del ministerio será abrir la negociación del Estatuto del Trabajo del Siglo XXI, donde tendremos que dar una reflexión conjunta a la legislación laboral de la mano de los expertos y del diálogo social.

Las normas laborales continuarán, pero no quiero pasar por alto que en esta reforma ya hay una fuerte intervención en materia de indemnizaciones por despido y, además, la visión del Ministerio no solo va al precio del despido, sino a que no se despida. La clave es propiciar que los trabajadores estén estables, que los puestos de trabajo se mantengan en las crisis y que, por lo tanto, no haya pérdida de puestos de trabajo. Nunca nos ha gustado ponerle precio al despido, lo que queremos es que no se despida a los trabajadores y a las trabajadoras ni en las crisis ni cuando las cosas van mal dadas. Otra de nuestras contribuciones a la gestión de la crisis ha sido prohibir el despido; lo hicimos durante la pandemia y lo hemos vuelto a hacer para combatir las consecuencias que la invasión de Ucrania puede tener en el mercado de trabajo español.

¿Hay plazos y calendario para esto?

La hoja de ruta es primero establecer una comisión de expertos que trabaje en un dictamen que facilite la mesa de diálogo social posterior. En los próximos días podremos ya conformar esa comisión de expertas y expertos en materia laboral para abordar el Estatuto del Trabajo del Siglo XXI y daremos un plazo para desarrollar sus trabajos; una vez culminado el trabajo abriremos una mesa del diálogo social para propiciar ese enorme cambio en las relaciones laborales en España.

Hablando de precariedad, ¿cómo avanza la regulación del denominado Estatuto del Becario? Aunque es una negociación del diálogo social, ¿cómo pretende revertir el Gobierno la situación de este sector para acabar con los falsos becarios?

La clave es que las becas solo pueden servir para canalizar las prácticas de los alumnos y alumnas en el marco de los estudios universitarios, de formación profesional, o en otro tipo de estudios vinculados a los Servicios Públicos de Empleo. Pero en ningún caso las becas pueden ser un refugio para evitar contratos laborales. El primer elemento crucial de ese Estatuto del Becario será impedir el fraude; la Inspección de Trabajo ya ha aflorado más de 3.000 falsos becarios y ahora se trata de redoblar esos esfuerzos. En el Plan Estratégico de la Inspección hay una línea de lucha concreta contra los falsos becarios y ahora se trata también de establecer los instrumentos jurídicos que hagan de las becas reales experiencias prácticas y formativas en las empresas y no sustitución de trabajadores a bajo coste. El Estatuto del Becario tendrá dos elementos: garantizar que las becas tengan una verdadera finalidad formativa y que además se hagan en condiciones que redunden la formación de los becarios y las becarias, y a su vez que no puedan usarse de manera irregular para suplir puestos de trabajo con falta de derechos y en condiciones inadmisibles.

¿Cuándo se van a iniciar las negociaciones para abordar la denominada ley de los usos y el tiempo? La vicepresidenta segunda aseguró que sería este año ¿Cuáles deben ser, a su juicio, las bases de esta norma?

Este año empezaremos los trabajos para confeccionar una ley que es muy ambiciosa, que forma parte de uno de los objetivos del programa de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, y que tiene como meta racionalizar los horarios y establecer una nueva relación con el tiempo de la vida. La idea es establecer un mecanismo que permita flexibilizar la jornada, los horarios, que tenga en cuenta el tiempo de cuidados y de la vida, el dedicado al ocio, y que deje de ver la jornada laboral como un instrumento exclusivamente a disposición de las empresas. Se trata de que los trabajadores y trabajadoras puedan disponer de su tiempo y puedan llevar a cabo sus tareas de cuidados, ocio, vinculadas a lo que no tiene que ver con el trabajo de manera flexible.

Este miércoles hablaba la vicepresidenta segunda de "democratizar las empresas" y de abrir un debate para que, entre otras cuestiones, los trabajadores formen parte de los consejos de administración ¿Se va a abordar algún tipo de norma o iniciativa en este sentido?

La democracia no se puede parar a las puertas de la fábrica o de los centros de trabajo. Es necesario culminar la democratización, y normalmente el trabajo ha estado ajeno a estas reglas democráticas. Es un mandato constitucional la participación de los trabajadores en las empresas que apenas hemos desarrollado. Se trata de profundizar en esa línea y para profundizar estamos pensando en llevar a cabo algún tipo de propuesta normativa que incremente las capacidades de participación de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas de nuestro país desde el convencimiento de que no solo es un mecanismo para ensanchar la democracia, sino que seguramente es también un mecanismo muy útil para garantizar que las decisiones empresariales se hagan pensando en el interés común, en la economía en general. Ya hemos dado un primer paso, hemos firmado un memorándum con el Ministerio de Trabajo alemán, que es un país muy avezado en estas cuestiones de cogestión y coparticipación, para empezar a impulsar, tener ideas y dialogar con los interlocutores sociales sobre este elemento.

¿Temen en Trabajo que el denominado pacto de rentas derive en rebajas salariales para los trabajadores? La vicepresidenta pidió a las empresas que abandonasen la "radicalidad" y se aplicaran ellas la "moderación" que la patronal está pidiendo en la mesa de diálogo.

Si hay una política fracasada en este país ha sido la de aquellos que lo confiaron todo a bajar el salario de los trabajadores. Si algo mostraron las políticas laborales del PP es que bajar los salarios de los trabajadores no solo no resuelve las crisis sino que las agrava. El PP repercutió la crisis en los que menos tenían y consiguió devaluar internamente la economía, perjudicando a las empresas, a los autónomos y al sistema productivo en general. La salida a esta crisis no puede reposar sobre el salario de los trabajadores, sería una equivocación; no solo sería algo injusto, sino ineficiente económicamente. Lo que nosotros hemos demostrado durante la crisis de la pandemia es que lejos de devaluar los salarios hay que salir de las crisis apoyando a los más débiles.

Sería difícilmente comprensible que ahora fueran los trabajadores los que pagaran las consecuencias de la crisis, sobre todo cuando las empresas, algunas de ellas energéticas, han tenido resultados estratosféricos. Más que de pacto de rentas a nosotros nos gustaría hablar de política de rentas y en esa política quién más tiene es quién más debe contribuir a moderar los efectos sobre los precios y la inflación. No son los salarios los causantes de la inflación, no se les puede achacar a los salarios la subida de los precios y su salida no puede recaer en ellos.

Eso de "quién más tiene es quién más debe contribuir" a la salida de la crisis suena un poco a reforma fiscal…

No se puede ocultar que España tiene un déficit de ingresos fiscales en relación con Europa que deberíamos tender a corregir y lo que es más difícil de comprender es cómo en este momento en que más de medio millón de empresas, más de 3,6 millones de trabajadores se han salvado de la peor crisis que ha vivido nuestro país, la de la pandemia, gracias al esfuerzo público, a la inversión de centenares de miles de millones del erario público, se esté discutiendo la aportación impositiva, los impuestos. Me gustaría preguntar a aquellos líderes políticos que claman por la reducción de impuestos qué servicios sociales van a recortar, de qué van a privar a los ciudadanos y cómo hubieran podido capear una crisis de esta intensidad si no hubiera sido gracias al dinero del conjunto de los ciudadanos ¿Cómo hubieran salvado a estas empresas, mantenido las prestaciones de los trabajadores, financiado el paquete de medidas de respuesta a la crisis?

En este país está el mito de la gestión y está la gestión. El mito de la gestión está en políticos que han llevado a nuestro país a décadas de sufrimiento, como en la crisis financiera en la que se subieron los impuestos, se hicieron mal, se dilapidó parte del patrimonio público y lo que se consiguió es condenar a una generación entera a diez años de escasez, dificultades y males empleos. Esos del mito de la gestión que nunca han gestionado bien ahora vuelven a clamar sobre las viejas recetas: devaluación salarial, bajada de impuestos para los ricos, el perímetro de no tocar los grandes beneficios empresariales… Está claro que los del mito de la gestión si se hubieran enfrentado a la crisis de la pandemia o la de la guerra de Ucrania dónde hubieran depositado los sacrificios, en los que menos tienen que son a los que nunca miran cuando hacen políticas públicas.

El presidente del Gobierno pidió repartir los costes de las medidas adoptadas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania entre trabajadores y empresarios, entre salarios y beneficios empresariales ¿Están en peligro cuestiones como la senda de subida del SMI o la mejora de los salarios que quieren abordar los sindicatos con las patronales en la negociación colectiva?

Hay que distinguir dos elementos. Al Gobierno y al Ministerio de Trabajo no les corresponde decidir sobre cuáles deben ser los acuerdos de la negociación colectiva, que es el terreno de la soberanía de los interlocutores sociales donde empresarios y trabajadores adoptarán las medidas que consideren más eficaces y oportunas. Sobre el SMI tenemos un compromiso firme que consiste en llegar al 60% del salario medio al final en 2023 y, naturalmente, ese compromiso permanece inalterable. No solo estamos incorporados a ese compromiso, sino que estamos trabajando para que los salarios mínimos sean una realidad en el conjunto de Europa, España está siendo un país que está propiciando la directiva de salarios mínimos en Europa, por lo tanto en lo que a nosotros atañe el compromiso del SMI no se ve afectado por las circunstancias actuales.

¿Se ha perfilado ya el mecanismo para medir la eficiencia del gasto público en las políticas activas de empleo? ¿Cómo se va a evitar que no haya agravio comparativo y un marco de competencia entre las comunidades autónomas?

Estamos a punto de trasladar al parlamento la nueva ley de empleo, que supondrá un vuelco en las políticas activas que hasta ahora se habían desarrollado sobre la ley de empleo del PP, otro de los desastres de su gestión. Esta ley contempla un título específico de evaluación de las políticas activas de empleo que nos permita dos cosas: comprender qué políticas activas funcionan y cuáles no, tener un catálogo de buenas prácticas y saber cuál es el resultado de las fortísimas inversiones que el Estado hace en materia de políticas activas de empleo. Hace poco, en abril, la Conferencia Sectorial ha repartido entre las comunidades autónomas más de 2.700 millones de euros para llevar a cabo políticas activas. La realidad del empleo en nuestro país es muy diversa, no puede compararse cuál es el mercado de trabajo del País Vasco con el de Extremadura, con el de Castilla- La Mancha o con el de Andalucía. La clave es establecer un buen sistema de evaluación y de consecución de objetivos sin que por ello aquellas comunidades con más dificultades salgan penalizadas, sino que de lo que se trata es, al revés, incentivar que las cosas salgan bien sin necesidad de penalizar a aquellos que tienen mercados de trabajo que justificarían políticas activas diversas. Evaluación y cumplimiento de objetivos sin perder de vista que el mercado de trabajo en España no es uniforme.

Los contratos a tiempo parcial siguen creciendo tras la aprobación de la reforma laboral ¿Hay que corregir esta situación?

En realidad los datos de este miércoles demuestran que los contratos que más crecen son los indefinidos a jornada completa. Una parte de los contratos temporales a tiempo parcial se están yendo a contratos indefinidos a tiempo parcial pero el grueso de contratos que más crece es el de contratos indefinidos a tiempo completo. Muchos de estos contratos indefinidos a tiempo completo son contratos iniciales, es decir, que se hacen a la persona al entrar en el trabajo. Si preguntáramos a un joven de este país cuándo antes de la reforma laboral alguna empresa lo había contratado inicialmente de manera fija creería que les estábamos preguntando por un oasis exótico perdido en algún lugar pero que él no tuvo la oportunidad de ver. Aquellos que acusaron a la reforma Díaz de ser estética, humo o maquillaje tendrán que dar una explicación a ese millón ochocientos mil trabajadores que han abandonado la trampa de la precariedad gracias a esa reforma