El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha remitido una resolución a su homólogo en las Cortes Generales solicitando la “suspensión definitiva” del proyecto de gaseoducto de Doñana “en todos sus tramos”. Maeztu ha tenido en cuenta los dos informes del Ministerio de Energía (uno del CSIC) que concluyen que el Gobierno central “infravaloró los riesgos sísmicos” del proyecto de Gas Natural próximo a Doñana (similares a los seismos que provocó el almacén de gas de la plataforma El Castor en Castellón en 2013).

Ambos documentos, avanzados por Público antes del verano, advertían de que no se tuvieron en cuenta las “afecciones negativas” cuando se le concedió la autorización definitiva al proyecto gasístico en marzo de 2016.

La resolución de Maeztu es coincidente con un informe emitido la semana pasada por el Defensor del Pueblo en las Cortes, en el que también desaconseja seguir adelante con el proyecto de Doñana. Ambos documentos han reforzado la decisión del Ejecutivo de Susana Díaz para abrir la vía judicial e interponer una demanda contra el Gobierno central si éste “no escucha” las advertencias del Defensor e inicia el desmantelamiento del gaseoducto de Doñana.

El gabinete jurídico de la Junta estudia ya la fórmula del recurso en los tribunales contra el Gobierno, sin descartar un requerimiento previo al Ministerio de Industria. Hace unos meses, la Consejería de Medio Ambiente, que dirige José Fiscal, solicitó por escrito al Ministerio del ramo que los técnicos elaborasen “una evaluación conjunta” del proyecto de Gas Natural, para examinar el impacto ambiental “no parcelado”. Hace 15 días el Ministerio respondió con una negativa, según Fiscal.

13 informes en contra

El proyecto de Gas Natural, subdividido en cuatro subproyectos, consiste en instalar 72 kilómetros de gasoductos, abrir 16 pozos de extracción de gas y utilizar el subsuelo del entorno de Doñana como almacén. Sólo el primer tramo tiene autorización y está en ejecución, los otros tres (fuera del parque) aún necesitan permisos.

El informe del Defensor del Pueblo Andaluz asume las conclusiones de los geólogos y de los investigadores ligados al CSIC que, tras visitar la zona, admitieron que el proyecto de Gas Natural para instalar un tubo de 72 kilómetros en el subsuelo de Doñana se había tramitado por separado (el proyecto está subdividido en cuatro tramos) para esquivar una evaluación conjunta de los riesgos y la posibilidad de un veto administrativo que afectase al proyecto en su totalidad.

El Ministerio de Energía, que pilota Álvaro Nadal, fue el primero en dar el visto bueno al primer tramo del gaseoducto de Doñana, y por ahora ha desoído las advertencias del informe del CSIC, así como los avisos de los técnicos del IGME (Instituto Geológico y Minero de España). Pero ambos son organismos públicos, ambos han enviado a técnicos a supervisar la zona y ambos han elaborado informes contrarios al gaseoducto de Gas Natural.

En el caso del IGME, además, el último examen remitido al Defensor del Pueblo andaluz recuerda que ellos emitieron, “entre 2010 y 2015, un total de 11 informes sobre los proyectos de almacenamiento de gas en Doñana, y en cada uno de los subtramos del gaseoducto se ha tenido en cuenta la necesidad de considerar tanto el riesgo sísmico como el riesgo de afección a las aguas subterráneas, además de otros posibles riesgos como el geotécnico o el de inundaciones”.

Más contundente se mostró el CSIC en un informe que, tras la publicación por parte de este periódico, fue desautorizado por la director del propio organismo, alegando que “no era oficial”. Dicho informe concluía que “el hecho de no incluir en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) los riesgos sísmicos que la inyección de gas podría implicar indica que la valoración del riesgo de contaminación del acuífero se ha realizado ignorando el efecto de dicho riesgo sísmico; esto es, asumiendo unas condiciones de estabilidad geológica que podrían haber llevado a infravalorar el riesgo de contaminación del acuífero. Esta omisión es muy preocupante, pues sugiere que los riesgos no se han estudiado en profundidad”.

A tenor de los informes, el Defensor concluye que cuando se autoriza la DIA al primer tramo del gaseoducto de Gas Natural, “no se habían tenido en cuenta el riesgo sísmico que podía generarse como consecuencia de esta actuación”. Hasta 2015, el Ministerio no solicita el IGME que evalúe los riesgos sísmicos del proyecto de almacenamiento de gas en Doñana. “La solicitud de ese informe se efectúa más de cuatro años después de haberse resuelto la DIA favorable”, dice Maeztu.

El Defensor sostiene que es necesario mantener la suspensión sobre los tres subtramos del gaseoducto donde aún no han comenzado los trabajos, pero también sentencia que se debe paralizar el primer tramo, que sí se ha iniciado (aunque la Junta cree que ahora no hay movimiento de tierras). “Hay una razón mucho más importante para exigir la paralización del proyecto que no debemos olvidar”, dice Maeztu, aludiendo al gran valor ecológico del Parque Natural de Doñana, sus 108.087 hectáreas y su biodiversidad, que motivó su declaración como Patrimonio de la Humanidad en 1994.

Gas Natural ha denunciado a la Junta en los tribunales por daños patrimonales a raíz de la paralización del proyecto de gaseoducto en Doñana, y le reclama 358 millones de euros de indemnización.