El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado la decisión del juez Eloy Velasco de investigar la querella presentada contra el gobierno del presidente sirio, Bachar al-Assad, por un delito de terrorismo, ya que entiende que no es competente por falta de jurisdicción.

El pleno ha decidido hoy por mayoría aceptar el recurso que interpuso la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra la decisión que tomó Velasco cuando dirigía el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia de admitir a trámite la querella de una mujer de nacionalidad española contra el régimen sirio por la muerte en Siria de su hermano.

De esta manera, obliga al sucesor de Velasco, Manuel García Castellón, a revocar la decisión de su antecesor e inadmitir la querella, ya que entiende que no tiene jurisdicción para perseguir los hechos a los que se refiere, han informado fuentes de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía se opuso a esa investigación por carecer el fallecido de la nacionalidad española, uno de los requisitos establecidos en la Ley de justicia universal, recogida en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y que establece la competencia para conocer de los delitos de terrorismo.

La querella fue interpuesta a través de un equipo de abogados y en ella se relataba cómo el Estado sirio, liderado por al-Assad, cometió, a través de sus fuerzas de seguridad e inteligencia, un delito de terrorismo contra la población civil a raíz de las revueltas de la llamada Primavera Árabe en 2011.

Según la querella, la denunciante, de nacionalidad española, es víctima de la detención forzada, la tortura y la ejecución de su hermano, por lo que, en virtud de la Ley de justicia universal, reformada en 2014, "los tribunales españoles ostentan jurisdicción para investigar y enjuiciar estos hechos, constitutivos de un delito de terrorismo".

En ella se relata cómo el Estado sirio elaboró un plan de seguridad nacional destinado a acabar con las protestas y cualquier tipo de disidencia mediante detenciones, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones sistemáticas.

Como parte de ese plan, las fuerzas de seguridad sirias -prosiguen los denunciantes- empezaron a fotografiar los miles de cadáveres provenientes de estos centros de detención ilegal para generar un escrupuloso registro de la represión.

Para ello, encargaron a la policía forense tomar fotografías de los cuerpos torturados y sin vida de los detenidos en varios hospitales en Damasco, donde fueron transportados desde los centros de detención.

En septiembre de 2013, un policía forense desertó y consiguió salir de Siria, llevándose más de 50.000 fotografías. El archivo de César, alias con el que se conoce a este policía, contiene fotografías de los cuerpos torturados y mutilados de más de 6.000 víctimas.

Varias de esas fotografías -según los denunciantes- corresponden al cuerpo torturado y sin vida del hermano de A.H., que fue detenido ilegalmente en febrero de 2013 a manos de las fuerzas de seguridad. Solo a través de las fotografías del archivo de César, la familia ha podido saber que fue torturado y ejecutado en uno de los centros de detención en Damasco.