Alguien espera obtener magros réditos económicos de los aires belicistas que tras la invasión de Ucrania por Rusia se han expandido por Europa, la mayoría de cuyos gobiernos anuncian unos aumentos del gasto militar que, en el caso de España, alcanzarán sobre el papel hasta el 2% del PIB en ocho años, lo que supone, en números redondos, un apetitoso paquete de 28.000 millones de euros destinado a transformarse en volumen de negocio de las empresas del ramo.

Esas magnitudes están despertando el interés de los instrumentos financieros internacionales, caso de los fondos de inversión y de pensiones, especializados en buscar rendimientos en cualquier nicho de bienes y servicios susceptible de mercantilización, y que para nada le hacen ascos al militar, a base de cobrar dividendos y colocar sus posiciones empresariales.

De hecho, los movimientos financieros y la toma de posiciones de este tipo de inversores en la industria española del armamento, en la que llevan años presentes, comenzaron hace ya unos meses, en lo que parecen los primeros indicios del renovado y creciente interés que el capital internacional muestra por ese sector ante las expectativas de negocio que ofrece, que se ha intensificado a partir de esta primavera.

En ese sentido, resultan clave movimientos como la habilitación de un crédito de algo más de mil millones para gasto militar que esta semana ha aprobado el Consejo de Ministros, y que ha provocado fuertes tensiones en la coalición de Gobierno PSOE-UP, o los movimientos empresariales de las últimas semanas, o meses según se mire, para crear un conglomerado de esta industria en torno a la firma semipública Indra.

La previsión de gasto estatal triplica la facturación del sector local

Tampoco resulta sorprendente el interés que despierta esa expectativa de negocio, ni la euforia con la que la algunas patronales de la industria del armamento están viviendo el momento, cuando la cifra de gasto militar que se ha marcado como objetivo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, multiplica por más de tres los alrededor de 8.600 millones anuales que suma la facturación local del ramo, en el que operan medio millar de compañías.

Los principales movimientos de los inversores internacionales se han centrado en dos de las tres principales empresas de la industria española del armamento, Airbus e Indra, que copan, respectivamente, el 63% y el 4,9% de la facturación del sector en España; la primera con sus filiales Defense and Espace, Military y Helicopters España y la segunda operando únicamente con su matriz.

Entre ellas, como segunda compañía de armamento del país, se sitúa Navantia, que acapara un 11,3% de la facturación local del sector y que es íntegramente de propiedad estatal a través de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

La Sepi mantiene una participación del 4,2% en la filial española de Airbus y una del 5,5% en la matriz, en la que también tiene una participación estatal Francia (27% con el grupo Lagardère) mientras que la principal alemana la ostenta Dasa (22%), en la que son socios Daimler y varios bancos. Hasta una treintena de fondos y de inversores institucionales han tomado participaciones o ampliado las que tenían en lo que va de año en esa matriz del principal fabricante europeo de aeronaves, aunque estas son minoritarias.

Más de un tercio de Indra, en manos extranjeras

Los principales movimientos se han dado en Indra, a la que el Ministerio de Defensa se refiere como "una referencia en el sector de la defensa y la seguridad gracias a disponer de tecnología propia plenamente contrastada" en su Catálogo de la Industria Española de Defensa.

La toma de control de esta empresa por la Sepi, que ha levantado una polvareda mediática en las últimas semanas, vino precedida de una serie de movimientos de inversores extranjeros, según muestran los registros de la CNMV, que reseñan cómo ya en diciembre, en vísperas de la invasión rusa de Ucrania, los bancos Norges (banco central de Noruega) y Deustche ampliaron sus participaciones al 3,6% y el 5% mientras a primeros de junio el fondo Amber Capital y su principal ejecutivo avanzaban hasta el 3,23% y 4,18% y unas semanas después, a finales de mes, entraba T. Rowe Price con un 3,52%.

Esas adquisiciones de acciones sitúan en el 35,02% el capital de la tercera empresa de armamento de España en manos de inversores extranjeros, entre los que también se incluyen los fondos Fidelity y FMR, sin incluir las participaciones de rango inferior cuya comunicación al regulador no es obligatoria y de los movimientos que puedan darse en las bolsas.

Las alianzas de Indra con las empresas vascas de armamento

En diciembre también elevó al 5% su participación en Indra la empresa Sapa Placencia, la firma guipuzcoana de la familia Aperribay, especializada en sistemas de artillería antiaérea, en transmisiones de vehículos y en generadores eléctricos, cuya entrada en el consejo de administración de Indra se interpreta como un movimiento previo a la entrada de esta en ITP Aero, firma vizcaína que se sitúa como una de las principales firmas del mundo en motores aeronáuticos y en componentes para aeronaves tanto militares y comerciales.

ITP, que factura más de 700 millones al año, está en proceso de quedar bajo control de un grupo de empresas liderado por el fondo estadounidense Bain Capital, y del que forma parte Sapa, tras el acuerdo cerrado en septiembre del año pasado con Rolls Royce, que era quien la gestionaba, por 1.700 millones de euros.

Completan el bloque de las diez principales empresas españolas del sector del armamento dos cuyos principales accionistas son de origen extranjero y otra aparentemente estatal aunque no lo es del todo como Hisdesat, la operadora de satélites en le que, sin embargo, el fondo estadounidense Black Rock, el mayor instrumento de inversión del planeta, mantiene una participación indirecta del 2,8% mediante su posición en Red Eléctrica, matriz de Restel que a su vez posee un 89,68% de esa sociedad.

Las otras dos son Santa Bárbara, fabricante de armamento y munición y de vehículos blindados que en 2001 y dentro del proceso de privatizaciones del Gobierno de José María Aznar paso a ser propiedad de la estadounidense General Dynamics, en la que a su vez confluyen fondos de inversión como The Vanguard Group, Evercore y Longview y de pensiones como Capital Group, y Tecnobit, una empresa madrileña de ingeniería electrónica para defensa y seguridad que forma parte del Grupo Oesia, cuyo principal socio es una filial de la holandesa Heisenberg.