Mientras el Gobierno se reafirma en la entrega de armamento a Arabia Saudí para cumplir los compromisos adquiridos por el anterior Ejecutivo —400 misiles de precisión láser del Ejército de Tierra vendidos por 9,2 millones de euros y aún por entregar—, la normativa de exportación de armas y los tratados internacionales ponen a España en una situación difícilmente sostenible, denuncian desde la plataforma Armas Bajo Control, impulsada por Amnistía Internacional, Oxfam Intermón, FundiPau y Greenpeace.

El próximo miércoles se reúne la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMMDU), encargada de aprobar o denegar la venta de armamento a terceros países. Desde la Secretaría de Estado de Comercio afirman que esta reunión, que cuenta con representantes de Defensa, Exteriores, Economía, Industria, Interior, Hacienda y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tiene lugar de forma mensual menos en agosto. No está previsto que se vaya a frenar o suspender la venta de armamento a Arabia Saudí.

En España, la ley 54/2007, sobre control del comercio exterior de material de defensa y doble uso, prohíbe claramente la venta de armas a países cuando existan indicios racionales de que se empleen en situaciones de violación de derechos humanos, en su artículo 8. “Lo que ha hecho este Gobierno supone una decepción importante, porque había esperanzas de que cumpliese tanto el programa electoral del PSOE como la ley”, comenta el portavoz de la plataforma Armas Bajo Control, Alberto Estévez, que añade: “España está incumpliendo de forma flagrante sus propias leyes con la venta de armas a Arabia Saudí, no hay por dónde agarrarlo”.

Contra esta decisión podría interponerse un recurso contencioso administrativo pero sería complicado, reconoce este portavoz. En este caso, hay documentación abundante que demuestra la violación de los derechos humanos en este conflicto, pero el principal escollo es que el recurso tendría que interponerse contra una decisión concreta de la JIMMDU, cuyas actas son secretas, lamentan desde Amnistía Internacional.

En cualquier caso, este comportamiento no es nuevo, dado que España ha estado vendiendo armamento a países que han podido utilizar ese material para violar derechos humanos, algo que denuncian las ONG desde hace años.

Posición europea

La Unión Europea no impone en estos momentos veto alguno a la venta de armas a Arabia Saudí. Sin embargo, desde 2015 y en repetidas ocasiones el Parlamento Europeo ha pedido a los estados miembros y a la Comisión que tomen medidas encaminadas a un embargo de armas que puedan utilizarse en Yemen debido al dramático estado del país, sumido desde hace ya tres años en una sangrienta guerra entre fuerzas del gobierno, apoyadas por una coalición dirigida por Arabia Saudí, y el movimiento rebelde de los hutíes.

Existe un grupo de trabajo europeo —de “exportación de armas convencionales”, cuya próxima reunión será el 5 de octubre— que se encarga de intercambiar información sobre las posturas de cada país en la venta de armas a terceros, bajo el marco del Tratado de sobre Comercio de Armas de la ONU y la posición común europea de 2008.

Abdullah al-Khawlani junto a la tumba de su hijo Waleed, muerto en un bombardeo en agosto en Saada, Yemen, en el que resultaron masacrados decenas de niños. REUTERS/Naif Rahma

Según dicha posición común, la decisión de transferir o denegar la transferencia de tecnología o equipo militar es competencia de cada uno de los Estados miembros. Si bien cada estado podrá tener en cuenta el efecto de las exportaciones propuestas en sus propios intereses económicos, sociales, comerciales e industriales —tal es el caso de los misiles y las corbetas de Navantia—, también deberá observar el respeto de los compromisos internacionales del país comprador, “en especial la no utilización de la fuerza" y  la observancia del Derecho internacional humanitario.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista concedida a La Sexta este domingo, reafirmó su intención de entregar los misiles a Arabia Saudí, dos semanas después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, intentase dejar sin efecto el contrato y revertir la venta, debido a los sistemáticos ataques contra la población civil indefensa. “El presidente se sitúa a favor de los derechos humanos, pero es que obras son amores: estamos hablando de venta de armas a Arabia Saudí, que mata a población civil en sus incursiones en Yemen. Y ésa es la clave”, exclama Estévez.

¿Crímenes de guerra?

El Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU, suscrito por España, prohíbe en su artículo 6.3 la exportación de armas convencionales si el país vendedor sabe que van a causar potencialmente crímenes de guerra, como se ha demostrado repetidamente en los últimos años.

Según las ONG que forman parte de la plataforma Armas Bajo Control, la venta de munición y armamento a Arabia Saudí podría convertir a España en cómplice de dichos crímenes, con las consecuencias que pudieran derivarse ante la Corte Penal Internacional, en su caso, y la sresponsabilidades personales que conllevaría. “En Yemen se han bombardeado hospitales, mercados, escuelas, plantas de agua, tal y como se ha denunciado”, apunta Estévez.

Imagen de un edificio bombardeado en 2016 por la coalición liderada por Arabia saudí en Taiz, Yemen. REUTERS/Anees Mahyoub

Dicha venta de armamento no sólo alude a los 400 misiles de la discordia (tipo Paveway de fabricación estadounidense), sino a las demás armas convencionales que vende al reino saudí; durante el año pasado, España concedió 27 licencias para exportar material de defensa a Arabia Saudí, por un importe conjunto de 496,25 millones de euros. De esa cantidad, 197,31 millones fueron para contratos de venta de municiones y dispositivos para el armado de los cebos, armamento convencional que no es de precisión.

Incluso las cinco corbetas que Riad tiene encargadas a Navantia —en virtud de un contrato de más de 1.800 millones de euros— se podrían usar para endurecer un bloqueo sobre Yemen que ya asfixia a una población civil sometida a la hambruna y al desabastecimiento de los bienes más básicos, situación que han denunciado repetidas veces Human Right Watch y otras ONG sobre el terreno.

Lo que no dice la resolución 2216

La resolución 2216 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Yemen, que es de hace tres años, parece el parapeto tras el cual el Gobierno se ampara para seguir suministrando armas a Arabia Saudí dado que únicamente veta la venta de armas al bando rebelde yemení, no a la coalición liderada por el reino saudí, denuncian las organizaciones humanitarias, las cuales ya desde mayo de 2015 han estado alertando sobre el terreno de posibles crímenes de guerra cometidos en ese país.

Aun así, el Ejecutivo no contempla paralizar las ventas de armamento a Arabia Saudí mientras no haya una resolución vinculante de Naciones Unidas o una posición común de la Unión Europea, informa la Cadena Ser.

Otros países europeos ya han actuado de forma parcial o total frente a Arabia Saudí. Alemania, Países Bajos, Bélgica, Suecia y Noruega (fuera de la UE), así como Canadá, han tomado medidas más o menos restrictivas en la venta de armamento a Arabia Saudí y sus aliados, algunas de ellas temporales.

“Creemos que la decisión correcta es la que expresó Margarita Robles hace dos semanas: condena de los bombardeos y paralización de la entrega de armamento”, apunta Alberto Estévez, que califica la decisión de Robles, ahora desautorizada por el Ejecutivo, de “absolutamente impecable”.