Los cuerpos de seguridad del Estado realizarán un trabajo de peinado en las redes en busca de indicios de cualquier acción que pretenda perturbar el normal desarrollo de las próximas elecciones generales y valencianas del próximo 28 de abril, entre ellas la difusión interesada de desinformación. No se trata de eliminar bulos de la red —algo que con carácter general no puede darse en España sin una orden judicial, tal y como esablece la Constitución— pero sí de intentar "contrarrestarlos".

Así, en una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, a la que ha tenido acceso Público pero que fue adelantada por El País, se establece por primera vez una vigilancia expresa sobre la desinformación y los bulos que puedan circular por internet durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de abril.

Así, la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad (CNPIC) y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), deberán realizar "informes sobre valoración de la amenaza y de análisis y evaluación de riesgos" para la realización de un Plan Permanente de Información, que se notificarán a la Secretaría de Estado de Seguridad.

Este plan, que se actualizará al menos una vez a la semana, deberá abordar "al menos" los siguientes puntos: "Amenaza de terrorismo yihadista o de cualquier otra naturaleza, cualquier amenaza en el ámbito de la ciberseguridad (como ataques a los sistemas de recuento de votos o de envío de resultados), y los riesgos derivados de posible situación de conflictividad social".

Todo ello se desarrolla en un protocolo de actuación en materia de ciberseguridad, en que, entre otras medidas recoge el papel de las fuerzas de seguridad en materia de "vigilancia digital". Así, entre otras medidas se ordena la "monitorización activa de fuentes abiertas y otras fuentes disponibles" para buscar información que "que se identifique con campañas de desinformación para alterar la voluntad del votante durante las elecciones".

Extracto de la instrucción de Interior.

Como "redes abiertas" se señalan "redes sociales, servicios de mensajería, fotos, blogs y webs —Twitter, facebook, Instagram, Telegram y WhatsApp, etc—" y se ordena también la vigilancia en la llamada 'Deep Web' "(foros, enlaces onion, etc.)" [sic]

Extracto de la instrucción de Interior.

Fuentes de Interior señalaron a Público que en el caso de detectar desinformación ("intentos masivos de distribuir 'fake news' para distorsionar elecciones"), en primer lugar se intentará localizar de dónde vienen esos mensajes y se recopilará información sobre los contenidos para informar a las autoridades, que son las que tienen que decidir si hay que tomar alguna medida —por ejemplo, a través de la Junta Electoral—, o bien si hay que elaborar y difundir un contrarrelato para intentar desactivar ese contenido.

"Se trata de una actividad de monitorización, no se trata de eliminar contenidos o cerrar sitios web por las buenas", aclaran desde el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska. No obstante, el protocolo deja en manos del juicio de las fuerzas de seguridad del Estado la consideración de qué es y qué no es desinformación o bulo; sobre la base de los informes proporcionados por los agentes, el Gobierno actuará de una forma u otra.

Esta parte del protocolo ya la había avanzado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, el pasado martes, en un desayuno informativo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España.

Por su parte, el Gobierno remarca que trabaja "en un sistema de alertas rápidas, de modo que los ciudadanos puedan obtener casi de inmediato un desmentido a una posible noticia falsa", explicaba en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que aludió a las recomendaciones de la Comisión Europea del pasado 12 de septiembre para reducir los riesgos en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo.

Así, según informa Efe, España contribuirá a la creación de un sistema de alertas rápidas que garantizará el acceso de los ciudadanos a desmentidos de noticias falsas en un tiempo "casi instantáneo" tras su incorporación al programa de acción europeo contra la desinformación, que ha estudiado el Consejo de Ministros.