La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, se ha comprometido a que el pacto de Estado contra la violencia machista incluya que todos los menores huérfanos por esta lacra perciban la pensión de orfandad, no solo los que perdieron a su madre a partir de 2015, como sucede ahora.

Montserrat ha hecho este anuncio en el pleno del Senado al ser preguntada por el socialista Andrés Gil sobre las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo para reforzar la protección de los niños como víctimas directas de la violencia machista.

Ha recordado que la modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia aprobada en julio de 2015 "corrigió la injusticia" que venía imperando hasta el momento y otorgó a los menores el derecho a cobrar una pensión de orfandad al cien por cien.

Sin embargo, no contemplaba a los niños que quedaron huérfanos antes de la entrada en vigor de esa reforma, por lo que se ha comprometido a incluir en el pacto de Estado contra la violencia machista también a los que perdieron a su madre antes de esa fecha.

Gil ha criticado al Ejecutivo los escasos recursos que dedica a la lucha contra esta lacra, y de casi imposible acceso para las mujeres que no han denunciado a su agresor. Este problema, ha dicho, "no se soluciona solo con lazos morados", sino que requiere de acción política y partidas presupuestarias que den una respuesta eficaz a la violencia machista.

Pero la ministra ha emplazado al senador a "no hacer demagogia con las víctimas" porque se trata de "una cuestión de Estado y de toda la sociedad", y en este sentido ya se está avanzando por el "buen camino" hacia la consecución del pacto de Estado. "Esta lacra es de toda la sociedad, no cabe en ella ni debe permitir un maltratador, no haga demagogia ni divisiones", le ha espetado.

Por otro lado, la senadora de Podemos Idoia Villanueva ha preguntado a Montserrat si cree que es un obstáculo a la hora de prevenir y denunciar los abusos sexuales en la infancia el que se exija el consentimiento de ambos progenitores para que los menores puedan asistir a los puntos de encuentro familiares y centros de apoyo a las familias gestionados por las comunidades.

Los puntos de encuentro familiares vienen en la mayoría de los casos por decisiones judiciales, no del Ministerio, ha recordado Montserrat, aunque los ha calificado de "recursos imprescindibles" para asegurar la atención adecuada en situaciones de conflictividad familiar. No obstante, se ha mostrado partidaria de "escuchar cualquier propuesta" sobre este asunto en el marco del pacto estatal para luchar contra esta lacra.