El PSOE anunció ayer el 'desbloqueo definitivo' en las negociaciones para que la Ley de la Memoria Histórica, el último gran proyecto emblemático que el Gobierno tiene pendiente, pueda ser aprobada por el Parlamento antes de que concluya la legislatura. Su previsión es que el texto sea debatido por el Congreso de los Diputados en la última sesión plenaria de octubre, inmediatamente después del debate presupuestario.

El proyecto llevaba más de dos años atascado e incluso el Gobierno se planteó la posibilidad de retirarlo. Ahora, tras intensos meses de conversaciones bilaterales con los grupos de la oposición, el portavoz del Grupo parlamentario Socialista, Diego López Garrido, anunció que se ha logrado 'un alto grado de acercamiento sobre las bases y elementos esenciales'.

ERC y PP, al margen

El 'acuerdo de bases' incluye, según indicó López Garrido, a CiU, PNV, IU-IC, BNG, Chunta Aragonesista, Nueva Canarias y Nafarroa Bai. En cuanto a ERC y el PP, que mantienen su desacuerdo por razones dispares, el portavoz socialista dijo esperar que 'al menos parcialmente, puedan incorporarse' al consenso.

A pesar de que algunos de los grupos citados por López Garrido mantienen, cuando menos, discrepancias parciales, el portavoz socialista sostuvo que 'tenemos elementos de acuerdo sólidos'. De hecho, sólo IU dio ayer por cerrado e irreversible el acuerdo, a falta sólo de algún detalle de redacción.

En cuanto al controvertido asunto de la anulación de los juicios y condenas celebrados durante la dictadura, López Garrido apuntó que el consenso pasa por deslindar 'el territorio del legislador y el de los tribunales'. Así, la ley incluirá una declaración expresa sobre el carácter 'injusto e ilegítimo' de aquellos procesos, que vendrá a reforzar la disposición derogatoria de la Constitución por la que quedaron 'derogadas cuantas disposiciones se opongan a la establecido' en la Carta Magna.

Reclamaciones individuales

Los ciudadanos que lo deseen podrán apelar a esa declaración para recurrir ante el Tribunal Supremo. 'La ley será un nuevo instrumento que puede ser utilizado ante los tribunales, pero el legislador no le va a decir a los jueces lo que tiene que hacer. Serán los jueces los que decidan', subrayó.

Es decir, el acuerdo final deja en manos de los tribunales la revisión de las condenas del franquismo, con una declaración genérica de ilegitimidad de todas las dictadas por los tribunales por 'motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas'. IU pretendía que la ley anulara de hecho todas esas sentencias. El Gobierno se ha negado desde el principio a esa posibilidad y, finalmente, se ha buscado una fórmula intermedia que requiere una reclamación individual. Gaspar Llamazares, que tiene al PCE en contra del acuerdo, aseguró que supone un paso 'importante' porque establece la 'derogación del aparato legal de la dictadura' franquista, sienta 'un precedente' que tendrá que ser interpretado por los jueces y se queda 'muy cerca de la anulación'.

El último texto pactado con IU incluye un condena al franquismo, con referencia a un acuerdo de la Comisión Constitucional del Congreso de 2002 y a la declaración de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 2006.

Reticencias nacionalistas

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, matizó desde Lisboa que 'acuerdo no hay ninguno' todavía, sino únicamente un diálogo abierto. No obstante, también reconoció que han sido atendidas algunas de sus reivindicaciones.

'El diálogo ha permitido que se puedan introducir aspectos novedosos en la ley como es el reconocimiento de que hubo en la Segunda República delitos cometidos por razones de persecución religiosa, lo que nada tiene que ver con el franquismo o la dictadura', destacó, refiriéndose a una de las reclamaciones de su grupo.

Con el PNV hay un escollo imposible de solventar: los nacionalistas vascos exigen la devolución de documentos del Archivo de Salamanca y el Gobierno se niega a asumir ese coste político al final de la legislatura. La solución será que este partido vote el resto de la ley y mantenga su enmienda viva hasta el Pleno. Al no ser ley orgánica no requiere mayoría absoluta.