El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de levantar el veto a la construcción de nuevas viviendas en la costa andaluza. Se trata de un sorprendente efecto colateral de los 80 días que Andalucía estuvo sin Gobierno tras las elecciones autonómicas de 2015.

La presidenta Susana Díaz tardó casi tres meses en lograr apoyos para su investidura (el Parlamento votó contra su designación tres veces por el rechazo en bloque de todos los partidos de la oposición) y en ese tiempo su gabinete siguió ejerciendo en funciones. En teoría tenía atribuciones limitadas. Díaz acusaba a sus rivales políticos de tener paralizada la acción de gobierno, asegurando que la ley limitaba la capacidad de maniobra de un Ejecutivo en funciones, pero la oposición no estaba de acuerdo: de hecho intentó tramitar varias iniciativas al Parlamento, aprovechando que el PSOE estaba en minoría.

Aquella discusión se ha resuelto finalmente hace unos días, cuando el Alto Tribunal andaluz ha tumbado una de las normas aprobadas por el Consejo de Gobierno en ese periodo de interinidad. El TSJA ha tumbado el Plan de Protección del Corredor del Litoral, cuya función es proteger los primeros 500 metros de costa de nuevas edificaciones.

Varias constructoras privadas y un buen número de municipios costeros (muchos de ellos gobernados por el PP) recurrieron la norma, que limitaba su crecimiento urbanístico. Ahora los jueces han resuelto el primero de esos recursos, presentado por el Ayuntamiento de Barbate (Cádiz), reabriendo la puerta a la edificación en “centenares de zonas costeras”, según palabras de la Dirección General de Ordenación del Territorio, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente.

En realidad la sentencia, de 26 páginas, y a la que ha tenido acceso Público, no entra en el fondo legal del Plan de Protección. Simplemente anula la norma por un defecto de forma, argumentando que fue aprobado en un momento en el que el Gobierno andaluz se encontraba en funciones, de modo que el Ejecutivo de Díaz carecía de legitimidad para dar validad a dicho documento. Las elecciones andaluzas fueron el 22 de marzo de 2015, el Parlamento andaluz se constituyó el 16 de abril, el Gobierno en funciones aprobó el Plan de Protección del Litoral el 26 de mayo, Susana Díaz fue investida poco después, el 11 de junio, y su nuevo gabinete se formó el 18 de junio.

La posibilidad de recurrir la sentencia

La sentencia no es firme y el gabinete jurídico de la Junta va a recurrir el fallo (tiene 30 días para hacerlo), alegando que si bien la norma fue aprobada por un Gobierno en funciones, toda la tramitación y los informes sectorales sobre la misma se elaboraron durante la legislatura anterior, por el Ejecutivo de coalición PSOE-IU.

El Plan del Corredor del Litoral no frenó ningún proyecto urbanístico que ya estuviera en marcha en el momento de su aprobación, pero sí impidió reiniciar muchas promociones de viviendas ya planificadas, pero que habían quedado en suspenso por la crisis y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria (sólo en Málaga alrededor de 3.000 pisos). La Junta dice no tener cuantificado el número de viviendas que podrían retomar las obras tras el fallo, además espera no tener que enfrentarse a ese escenario, porque piensa recurrir la sentencia ante el TSJA (además cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo).

Sin embargo, el Ayuntamiento de Barbate y otros municipios afectados (Manilva, Vélez-Málaga, Estepona, etc.) podrían solicitar al TSJA la “suspensión cautelar” del Plan del Corredor del Litoral, de modo que mientras los jueces resuelven el recurso de la Junta, podría comenzar la reurbanización de muchas zonas costeras. “Puede ocurrir en cientos de zonas a lo largo de toda la costa, pero esperemos que no, porque el incertidumbre jurídica es muy alta mientras el proceso esté abierto”, dice el director general de Ordenación del Territorio, Rafael Márquez.

La zonas afectadas por el Plan

El Plan afecta a los 62 municipios de todo el litoral andaluz, incluyendo en su ámbito los terrenos comprendidos en la franja de los 500 metros desde el dominio público marítimo-terrestre y aquellos otros exteriores que se consideran necesarios para garantizar los objetivos de protección de dicho plan, por tratarse de terrenos colindantes con suelos ya protegidos por la planificación ambiental o territorial.

Esta franja tiene una extensión aproximada de 50.000 hectáreas y una longitud de costa de 859 kilómetros, excluyendo del ámbito a los suelos urbanos. “No se trata de un plan aislado y único, también hay planes generales de cada territorio que protegen el litoral, además de la Ley de Costas. Además, incluso con el Plan en vigor se podía y se estaba urbanizando en algunas zonas, pero no en todas”, advierte Márquez.

La Consejería de Medio Ambiente explica que el Plan del Litoral es “un instrumento de protección, no de ordenación, en tanto que ésta ya la han establecido los planes de ordenación del territorio aprobados que incluyen en su ámbito la totalidad de los términos municipales de los municipios litorales”. Se trataría, por tanto, de una norma que añade un plus de protección -“interviene a una escala de detalle”- de zonas con valores naturales o paisajísticos.

La filosofía del Plan del Corredor consiste en considerar el litoral como un recurso territorial de interés regional. Se protege el 55% de la superficie, lo que supone un incremento del espacio protegido del 50%, pasando de 18.000 a 27.000 hectáreas. El suelo protegido se concentra en las provincias de Almería, Huelva y sobre todo, Cádiz, que son también las de mayor longitud de litoral y las de mayor proporción de espacios de protección ambiental.