La UE acaricia el Pacto de Asilo y Migración, una de sus grandes asignaturas pendientes de la década. Tras ocho años de bloqueo e impasse, los 27 encuentran la fórmula para dar con la tecla que reconcilia las hasta ahora insalvables diferencias entre solidaridad y responsabilidad.

Tras el acuerdo del miércoles sobre el mecanismo de gestión de crisis -el último fleco que quedaba pendiente- se redobla las esperanzas para culminarlo antes del cierre de la actual legislatura. La Presidencia española de la UE se colgaría una medalla de oro tras los intentos fallidos de sus predecesoras. Pero todavía quedan las negociaciones del Parlamento Europeo para consumar un acuerdo que ONG como Amnistía Internacional califican de "peligroso" y "desproporcionado".

Los 27 embajadores europeos dieron la tarde del miércoles la fumata blanca al mecanismo de gestión de crisis, que había quedado bloqueado la semana pasada por las discrepancias entre Italia y Alemania sobre el peso y papel de las ONG que rescatan a personas en el Mediterráneo.

El Ejecutivo ultra que lidera en Roma Giorgia Meloni quería un lenguaje más duro con las organizaciones humanitarias, contra las que ha desatado una cruzada y a las que acusa de generar un efecto llamada. Una línea dura que había levantado ampollas en las filas del Gobierno germano que dirige Olaf Scholz, especialmente entre los socios de coalición verdes.

Finalmente, y a escasas horas del arranque de la cumbre sobre la Comunidad Política Europea y del Consejo informal de la UE, el Coreper informó de la fumata blanca. Un anuncio que fue recibido con júbilo en los pasillos de Madrid, Bruselas y de Estrasburgo.

"Hemos dado un paso enorme en un asunto crucial para el futuro de la UE. Nos sitúa en una buena posición para alcanzar un acuerdo comprehensivo en el pacto de asilo antes de las elecciones europeas", ha celebrado Fernando-Grande Marlaska, ministro de Interior español. 

"Aplaudo el acuerdo político alcanzado por los Estados miembros. Se trata de un movimiento enorme para avanzar en las negociaciones con el Parlamento Europeo", ha coincidido Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Una vez fijada la postura del Consejo, esta luz verde permite ahora comenzar los trílogos, es decir, las conversaciones entre las tres instituciones.

La Eurocámara había paralizado el diálogo con los Estados miembros ante la exasperación de las divisiones profundas y los vetos cruzados de los Gobiernos nacionales. Pero tras el avance de este miércoles parece dispuesto a reanudar las negociaciones. "Debemos lograr el pacto migratorio. El Parlamento Europeo está preparado para cumplir", ha reaccionado Roberta Metsola, líder de la cámara.

La presión para deshacer este último nudo era máxima. El domingo se celebran elecciones en los landeres alemanas de Baviera y Hesser, con la sombra del ascenso de la extrema derecha Alternativa por Alemania (AfD), que ha hecho del discurso anti-inmigración el emblema de su campaña.

En diez días, Polonia pone las urnas para consolidar al Gobierno ultranacionalista del Partido Ley y Justicia (PiS) -que ha hecho coincidir los comicios con un referéndum sobre el acuerdo europeo- para iniciar un cambio de rumbo tras ocho años de los de Kacynksi en el poder.

Pero la gran válvula de presión venía marcada por las elecciones europeas de junio. Llegar al nuevo ciclo legislativo sin acuerdo habría supuesto enterrarlo. Las conversaciones con los eurodiputados se antojan difíciles, pero la urgencia que ambas instituciones comparten por culminarlo anticipa un desenlace positivo.

En qué consiste

A esperas de conocer los detalles del texto final acordado, el mecanismo de crisis asienta las bases para responder ante grandes flujos migratorios como el acontecido en 2015.

Por aquel entonces, la llegada a las costas europeas de un millón de refugiados que huían mayormente de la brutal guerra de Siria hizo saltar las costuras del Reglamento de Dublín, que establecía que el país de llegada era el encargado y responsable de tramitar el asilo de la persona en cuestión.

En lo que va de año, las cifras no tienen nada que ver, a pesar de que en la mayoría de Gobiernos nacionales se ha instaurado la percepción de olas masivas de inmigrantes. Este 2023, la UE ha registrado la entrada de 160.139 personas por vías irregulares.

El instrumento también está pensado para actuar con predictibilidad en situaciones excepcionales, como la crisis sanitaria del coronavirus, o para tener mecanismos de respuesta cuando países terceros utilicen a las personas migrantes como armas de presión y chantaje, como ha ocurrido con Turquía, Marruecos o Bielorrusia.

En última instancia, el acuerdo del miércoles consolida la mano dura de los europeos con el fenómeno migratorio, que desde hace años se nutre de la fortificación de fronteras y endurecimiento de los requisitos de asilo. El foco está puesto en combatir a las mafias y en firmar acuerdos con países terceros y a menudo de poca confianza, muchos de los cuales acarrean un historial negro en temas de derechos humanos.

El último ejemplo de este tipo lo deja Túnez. Su autoritario presidente Kaid Said ha dado en los últimos días portazo a los fondos ofrecidos por los europeos para que contuviese la salida de barcazas hacia Italia porque considera que son "irrisorios".

Críticas de las ONG

La Izquierda y las ONG han cargado con dureza contra el pacto migratorio. "Es una monstruosidad que parece estar hecha a medida para la extrema derecha. Estos años hemos visto una narrativa que deshumaniza a los inmigrantes. Quizá por ello se haga más tolerable que la gente se ahogue en el mar y sea torturada en Libia", ha afeado Sira Rego, eurodiputada de Izquierda Unitaria.

En 2015, la foto del niño Aylan Kurdi ahogado frente a las costas turcas dio la vuelta al mundo. Despertó conciencias, empujó a los europeas a activar el Welcome Refugee y generó un efecto de solidaridad en muchas sociedades.

Pero con el paso del tiempo y el endurecimiento de los discursos xenófobos, imágenes como la venta de personas en los centros de detención de Libia, los incesantes naufragios en el Mediterráneo o los vídeos de personas muriendo de ser en el desierto tras ser expulsadas de Túnez han pasado de puntillas por los focos mediático, político y social.

El acuerdo del miércoles permitirá prolongar las detenciones en frontera más allá del máximo de 12 semanas actuales y acelerar los retornos de aquellas que no cumplen con los requisitos para demandar asilo.

Diversas ONG han denunciado que ello se traducirá en procedimientos de asilo más inhumanos y en una mayor posibilidad de que las personas migrantes acaben en países no seguros.

"Las personas que llegan a las fronteras de la UE deben poder solicitar asilo y dignidad. Y su solicitud debe ser examinada de manera justa. Este acuerdo corre el riesgo de dejar a las personas varadas, detenidas y desamparadas a lo largo de las fronteras de Europa", ha reaccionado Eve Geddie, directora de Amnistía Internacional para asuntos europeos.

"Además, no hará nada para mejorar la protección de los solicitantes de asilo en la UE. Negar a las personas solicitantes de asilo sus derechos es peligroso y una respuesta desproporcionada a situaciones que los países podrían abordar perfectamente con arreglo a las normas existentes", ha sentenciado.

La batuta pasa ahora a la cumbre de Granada, donde se consagran el viernes los 27 líderes europeos para pasar revista al reciente acuerdo. La cita se prevé caliente por las posturas extremas de Hungría y Polonia, que rechazan de forma tajante los apartados del Pacto de Asilo mediante los que los países están obligados a reubicar a refugiados para ayudar a los países de primera línea o pagar, en compensación, una multa de 22.000 euros por cada persona rechazada.