El 18 de marzo de 2016, los líderes de la Unión Europea, reunidos en Bruselas con el primer ministro turco Ahmet Davutoğlu, acuerdan una “declaración conjunta” mediante la cual el gobierno turco se compromete a poner fin al flujo de personas que traviesa el Egeo hacia Europa. Lo hace a cambio de seis mil millones de euros en ayuda para el mantenimiento de los campos de refugiados en Turquía, el trabajo para la liberalización de visados para ciudadanos turcos y el avance de las negociaciones de adhesión. Grecia devolverá a Turquía a toda persona que llegue irregularmente, solicite o no asilo, al considerar el país como seguro.

Samira, refugiada palestina procedente del campo sirio de Yarmouk, de 50 años. Mhammad Gahnnam (MSF)

A cambio, la Unión reubicará un sirio por cada inmigrante irregular que acoja Ankara. El acuerdo, que virtualmente no existe tal y como constató hace unas semanas el Tribunal de Justicia de la UE, contraviene la legislación internacional en materia de asilo. Esta declaración es un símbolo de lo que las organizaciones definen como “la Europa fortaleza”. El acuerdo, sumado al cierre de la ruta de los Balcanes, puso fin a la ruta oriental hacia Europa dejó atrapadas en Grecia a más de 60.000 personas. Un año después, organizaciones y eurodiputados hacen balance del conocido en Bruselas como el “acuerdo de Merkel” y entre la izquierda como “el de la vergüenza”.

El acuerdo UE-Turquía, en cifras

Desde que se puso en marcha la declaración, apenas dos días después de ser acordada, 849 personas han sido devueltas desde Grecia. Entre ellas, 159 sirios. A esta cifra hay que sumar las 1.487 personas que fueron devueltas en el marco del acuerdo bilateral entre Grecia y Turquía. De todas las demandas de asilo presentadas por ciudadanos de una nacionalidad distinta a la siria, solo una persona accedió a la protección internacional.

La Comisión Europea se congratula de la efectividad del acuerdo aludiendo al descenso en un 98% de las llegadas a Grecia a través del mar Egeo. Sin embargo, numerosas oenegés denuncian las terribles condiciones en que las personas atrapadas tanto el país heleno como en Turquía se encuentran.

Entre las islas y la península, más de 60.000 personas esperan hacinadas en campos de recepción superpoblados el trámite de su demanda de asilo. Solo en las islas, donde la capacidad máxima de los centros es de 8.759 personas, hay casi 13.000. Para hacer frente a esta situación tanto en Grecia como en Italia, dónde más de 170.000 personas esperan también en centros de recepción, la UE acordó un plan de reubicación.

Ante la falta de voluntad de acogida de los Estados miembros, no está funcionando. De las 98.255 personas objeto de protección internacional en Italia y Grecia que podrían acogerse a este sistema, a día de hoy, solo 13.546 han sido reubicadas.

Omar, refugiado iraquí de 27 años.Mhammad Gahnnam (MSF)

El programa debía cumplirse en septiembre, dos años y medio después de su aprobación y aunque la Comisión amenaza con sancionar a los Estados que no cumplan con sus obligaciones, parece bastante improbable que ocurra. Por orden, Francia, Alemania y Países Bajos son los países que más personas han reubicado y solo Malta y Finlandia están cerca de cumplir con lo acordado. España solo ha reubicado a 707 personas desde Grecia y 144 desde Italia, un 9% del total comprometido.

Aunque no está necesariamente ligado al acuerdo con Turquía sino a la mayor presión por el empeoramiento de los conflictos en el África Subsahariana, el flujo migratorio en la ruta del Mediterráneo Central aumentó considerablemente en 2016. Como consecuencia, más de 5.000 personas perdieron la vida tratando de alcanzar Europa, un triste récord.

Grecia, una cárcel a cielo abierto

Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras (MSF), Human Rights Watch (HRW) y hasta ACNUR, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, han presentado informes sobre las consecuencias del cierre de las fronteras europeas.

Y todos coinciden en la responsabilidad de la UE en las violaciones de los derechos humanos derivadas del mismo. En primer lugar porque las condiciones en Grecia, a pesar de los millones de euros que la Unión ha acordado al gobierno heleno, son pésimas.

En segundo, porque el acceso justo y seguro al procedimiento de asilo está en tela de juicio. Y en tercero, porque la ausencia de vías de llegada segura a Europa fuerza a las personas en busca de refugio a poner su vida en juego. Según MSF, “los líderes europeos han decidido priorizar la supervivencia del acuerdo por encima de la seguridad y protección de los solicitantes de asilo”.

Médicos Sin Fronteras, que renunció a la financiación de la UE por su oposición a su política migratoria y abandonó las islas al ser convertidos los centros en campos de detención, denuncia que el confinamiento al que los demandantes de asilo son sometidos en Grecia ha llevado a un aumento significativo de los casos de estrés postraumático, ansiedad y depresión.

Solo en enero de 2017, denuncian, se registraron 12 intentos de suicidio. Además, denuncia la oenegé, la protección a las personas vulnerables (niños, personas mayores, enfermos, embarazas o víctimas de tortura) se ha reducido drásticamente.

A esto hay que sumar las deficientes condiciones de higiene y salubridad de los campos y las dificultades añadidas que supuso el temporal que azotó la zona a principios de 2017. Todo esto, sin contar con los ataques racistas que algunos campos han sufrido por parte de organizaciones políticas de extrema derecha como Amanecer Dorado.

Según Eva Cossé (HRW), “el acuerdo UE-Turquía ha sido un desastre sin solución precisamente para la gente que se suponía iba a proteger”. La organización, al igual que el resto de oenegés mencionadas, denuncia la presión ejercida por la Comisión sobre las autoridades griegas ante el rechazo de los tribunales helenos al traslado de demandantes de asilo a Turquía por considerar éste un país no seguro.

Insiste además en que tras realizar entrevistas a decenas de refugiados, se repiten las denuncias de malas prácticas en el proceso de demandas de asilo: discriminación por razón de nacionalidad, falta de información, dificultad en el acceso a ayuda jurídica y un procedimiento poco exhaustivo en la revisión de la solicitud.

Además, ACNUR ha denunciado las devoluciones en caliente a Turquía por parte de las autoridades griegas, su imposibilidad de acceder a los campos turcos para monitorizar la situación de los derechos humanos en éstos y la falta de acceso a protección efectiva en el país otomano.

ACNUR critica también a la UE por su ineficacia en la aplicación del proceso de reunificación familiar que aliviaría enormemente la situación en Grecia. Tal es el caso de Samira, refugiada palestina que huyó del campo de refugiados de Yarmouk. “Nuestra familia”, explica a MSF Samira, “se ha visto separada por la guerra. Tengo un hijo y una hija viviendo en Suecia, otro hijo en Alemania, mientras que mi marido y mi otra hija viven en Damasco”. Samira está atrapada en Samos: “La muerte me ha perseguido toda mi vida, desde el Líbano a Yarmouk y hasta el bote en el mar. Ahora estoy aquí en Samos, y siento que estoy muerta por dentro”.

Las organizaciones coinciden en que agilizar el procedimiento para la solicitud del asilo es necesario para disminuir el tiempo de espera pero que esto nunca puede ir en detrimento del pleno respeto de los derechos de los demandantes de asilo. Derechos que en muchos casos, explican, se ven limitados en función de la nacionalidad, algo que contraviene la legalidad internacional. El análisis de la solicitud de protección no puede limitarse a la procedencia. Esta situación se repite en otros países de Europa. El cierre de la ruta de los Balcanes dejó atrapadas a miles de personas en distintos puntos del continente.

ACNUR denuncia devoluciones en caliente, el uso de la violencia y numerosas violaciones de derechos humanos por parte tanto de autoridades y traficantes en Hungría, Bulgaria, Serbia o Macedonia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó recientemente a Hungría precisamente por la retención y expulsión de dos demandantes de asilo.

Eurodiputados españoles hacen balance

Miguel Urbán es portavoz y eurodiputado de Podemos en el Parlamento Europeo. Para Urbán, la UE con el acuerdo con Turquía, ha puesto a sus principios, “cambiando derechos humanos por seguridad”. Además, con el acuerdo, denuncia el eurodiputado de Podemos, la Unión “ha legitimado y en parte se ha vuelto cómplice de los ataques del Gobierno turco contra la libertad de prensa, de manifestación de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos” en territorio kurdo. “El mayor cómplice del Gobierno de Erdogan”, insiste Urbán, “ha sido durante este año la Unión Europea gracias a este acuerdo de la vergüenza”.

Marina Albiol, diputada en la Eurocámara de Izquierda Unida, coincide en el análisis de Urbán e insiste en que la declaración “vulnera todos los tratados internacionales y la legislación europea en materia de derechos humanos”. Para Albiol, esta política de la UE responde a la externalización de fronteras que inició el Gobierno español, “de pagar a otros para que se hagan cargo de las personas migrantes y se hagan cargo de las fronteras”, como ocurre desde hace años en Marruecos. A pesar de las continuas denuncias de violaciones en territorio turco, denuncia la portavoz de IU en la Eurocámara, “la mayoría de dirigentes europeos, socialdemócratas, conservadores, liberales, siguen defendiendo este acuerdo”.

El socialista Enrique Guerrero reconoce que tanto su grupo en particular como el Parlamento en general, está “muy insatisfecho con el funcionamiento del acuerdo con Turquía”. Un acuerdo que les gustaba desde un primer momento “porque no respeta los derechos fundamentales”. Una preocupación que ha aumentado con la “deriva autoritaria” del gobierno turco. Guerrero recuerda que los socialistas han pedido la suspensión del acuerdo pero apunta a los gobiernos de los Estados miembros a los que también considera responsables de la precaria situación de los demandantes de asilo. “Creemos que este acuerdo, cuando la gente dice que ha funcionado es solo en un sentido negativo porque hemos impedido que llegara a la UE gente que escapaba de la guerra o del hambre”, insiste y apunta a los países, como España, que no han cumplido con sus compromisos de acogida.

El eurodiputado de ICV en el Parlamento Europeo Ernest Urtasun denuncia “la aberración jurídica, política y humanitaria que supone este acuerdo” y critica que la UE esté tomándolo de referencia para establecer acuerdos similares con otros países. Urtasun se refiere a los acuerdo con Afganistán, Senegal, Etiopia, Níger, Nigeria y Mali y el que las autoridades europeas planean concluir con Libia, un país sumido en el más absoluto caos.

ACNUR advierte en su informe que las personas con necesidades de protección internacional seguirán llegando a Europa en 2017, “a pesar de las restricciones, incluidas las devoluciones en caliente y otros abusos en las fronteras” con el objetivo de reducir los números. Cuando se cumple 6 años del estallido del conflicto sirio, siguen siendo los demandantes de asilo procedentes de esta nación los más numerosos entre los solicitantes en Europa. ACNUR insiste en que la única manera de prevenir la pérdida de vidas humanas y reducir los riesgos de quienes buscan refugio en la UE pasa por ampliar las opciones de vías seguras de llegada. Algo que en el contexto político europeo, a día de hoy, parece una utopía.