Julian Assange parece decidido a permanecer en la embajada ecuatoriana en Londres en la que lleva recluido desde el pasado mes de junio de 2012. Eso, a pesar de que hace sólo unos días el Gobierno ecuatoriano aseguró que Reino Unido le había dado todas las garantías de que el fundador de Wikileaks no sería extraditado a Estados Unidos (donde teme ser juzgado por la publicación de documentos militares y diplomáticos de carácter confidencial) y que, por tanto, el australiano era libre para abandonar su reclusión en la sede diplomática cuando quisiera.

Lo cierto es que desde entonces no ha habido ningún movimiento al respecto hasta el que hoy hemos conocido y que confirma que el recurso de sus abogados contra las medidas impuestas por la sede diplomática sigue adelante.

Mañana está previsto que el propio Assange comparezca en esta nueva cita judicial y que sus abogados hagan declaraciones ante los medios tras la sesión.

El pasado 29 de octubre, la jueza ecuatoriana Karina Martínez negó la acción de protección a Assange basándose en que el fundador de Wikileaks “tiene derechos pero también deberes”. La decisión fue inmediatamente apelada por sus abogados ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en Quito, que es la que escuchará mañana los argumentos de ambas partes.

En su demanda, la defensa de Assange, con Baltasar Garzón al frente, argumentaba que las nuevas medidas suponían un "aislamiento” del fundador de Wikileaks”.

Se refería a un documento en el que la embajada pedía al australiano que evitara publicar comentarios políticos en Internet que pudieran perjudicar sus intereses diplomáticos; que cuidara y alimentara a su gato o de lo contraria lo perdería; que mantuviera limpia la embajada (especialmente el baño) y que se realizara chequeos médicos trimestrales pagador por su propio bolsillo. No es el único gasto que reclamaban a Assange: la misión diplomática también explicó que no iba a seguir pagando por su comida, su lavandería o cualquier otro gasto relacionado con su estancia a partir del 1 de diciembre de 2018.

“Es prácticamente un régimen carcelario”, denunció entonces el abogado Carlos Poveda, integrante de la defensa de Assange en Ecuador. “Este nuevo régimen va en contra de su dignidad humana básica como asilado”.

El texto sostenía que si Assange no cumplía con cualquiera de estos requisitos, perdería automáticamente el asilo político del que disfruta.

Estas medias impuestas en octubre se sumaban a las primeras restricciones que llegaron el pasado verano, cuando se le llegó a cortar el acceso a internet y el control de las llamadas y las visitas.

Según sus abogados, las nuevas restricciones suponían también que cualquier persona que quisiera visitarlo tendría que aportar datos personales de carácter privado además de que la embajada se reservaba la opción de confiscar material tanto al propio Assange como a sus visitas.

Ya entonces, Baltasar Garzón explicó que el australiano se encontraba en un estado precario de salud debido a lo prolongado de su asilo y calificó de "inhumana" su situación dentro de la sede diplomática.