Quedamos en el Parlament con Beatriz Silva (Santiago de Chile, 1969), periodista y diputada por el PSC en la cámara catalana desde 2018. Recientemente ha publicado Chile, 50 años después (Catarata), un compendio de artículos que analizan la situación del país tras el estallido social de 2019, con un prólogo de la expresidenta Michelle Bachelet.

En los últimos años el país latinoamericano ha vivido varias citas históricas con las urnas, la última el pasado domingo 17 de diciembre, donde la ciudadanía rechazó una nueva Constitución de derechas para sustituir la que se instauró durante la dictadura de Augusto Pinochet. Esto ha sido después de otro "no" en 2022, en este caso a la Constitución progresista que pretendía dar respuesta a la revuelta social de 2019.

Redactar una tercera nueva Constitución no está sobre la mesa a corto plazo y Silva sitúa entre las prioridades del Gobierno una reforma tributaria y de las pensiones. Aun así, queda para el futuro: "Si Chile quiere un nuevo modelo de país y solucionar los problemas estructurales, necesita una nueva Constitución".

Su libro es especialmente simbólico ahora que se rechazó por segunda vez un nuevo proyecto constitucional, en este caso, conservador. ¿En qué situación deja esto el país?

Hay una lectura transversal de los dos plebiscitos que ha habido, para el primer proyecto constitucional (de izquierdas) y este: el cansancio. La gente tiene un cansancio del proceso que se abrió. Este libro lo que intenta explicar es la crisis que vivimos desde 2019, que comenzó con el estallido social. Es la peor crisis política e institucional desde la recuperación de la democracia, con la perspectiva de los 50 años del golpe militar.

En realidad, la crisis actual no se entiende sin los 17 años de dictadura, sin la transición a la democracia, sobre la cual en Chile no hay acuerdo de si se acabó en algún momento o aún no... Eso explica en el fondo la crisis actual.

El detonante del estallido fue la subida de 30 pesos del billete del metro, pero ¿qué había detrás de ello?

Hay una serie de problemas estructurales que provocan un malestar. Se debe al sistema económico neoliberal, que se implantó durante la dictadura y que está blindado en la Constitución. Todo se ha privatizado y el modelo ha hecho crisis.

El empeño en cambiarla es por eso, no es solo porque sea ilegítimo tener todavía una constitución que fue elaborada en dictadura, sino porque realmente esto impide los cambios. La gente en 2019 salió a la calle, fue como una revolución, pero claro... Vino la pandemia en marzo de 2020, encerró a la gente en sus casas y en sus miedos. Cambió el eje de las preocupaciones.

Más allá de las crisis económicas, ¿había más factores que generasen malestar?

Se juntó también que en muy poco tiempo había llegado una ola migratoria enorme. En 2018 Chile tenía 18 millones de habitantes y llegaron como dos millones. Había problemas de acceso a la vivienda, también una percepción de inseguridad muy alta. Esto, con una ola de extrema derecha que triunfa en la región y en todas partes, ha hecho que las preocupaciones cambien.

La gente ha ido a votar en el plebiscito del año pasado y el de ahora pensando en la seguridad ciudadana, la delincuencia, el impacto de la migración... Y no en el texto que están votando y en lo que representa, un nuevo modelo de país, cambiar las reglas del juego. Pensar en Chile de una manera amplia, ambiciosa, se les hace difícil en este momento.

¿Cómo ve el camino a partir de ahora?

Es una crisis difícil porque en el fondo es difícil dar respuesta a las demandas de la gente de manera inmediata. Si tú privatizaste la salud, la educación, las pensiones... Lo de las pensiones es terrible, porque hay unas empresas que hacen lucro con el dinero, lo ponen en bolsa, al final la gente recibe unas pensiones míseras... Porque todo está en manos del mercado. Esto no es algo que se pueda solucionar rápidamente, no se puede solucionar en una legislatura.

¿Hay desafección?

La gente tiene mucha decepción ante la institucionalidad. El estallido social se explica porque en el fondo la gente estaba súper descontenta con el sistema político. Había un desencanto muy grande respecto a lo que representa la democracia, a lo que las instituciones son capaces de dar respuesta.

Con el portazo al cambio de Constitución, ¿qué alternativa hay para dar respuesta a este malestar?

La cosa buena de que el texto constitucional se rechazara es que era peor que la actual Constitución. Iba más allá, porque como la Asamblea había sido dominada por la derecha, era aún más liberal en lo económico, en el sentido de no proteger el medio ambiente, los derechos sociales... Pero además era conservador en lo moral, con retrocesos en los derechos de las mujeres, qué decirte de los pueblos originarios, uno de los problemas que no se ha resuelto en Chile...

¿Qué alternativa hay ahora para sacar adelante nuevos proyectos políticos?

Hacer un camino de reformas parciales a la Constitución, porque una de las cosas positivas es que en 2022 en medio de esta crisis se bajaron los quórums para modificarla. Antes estaba blindada, porque la derecha nunca permitía los cambios si no quería. Eso se consiguió rebajar, entonces ahora sí sería posible hacer algunas reformas, remiendos que te permitan un poco más flexibilidad.

Las prioridades que tiene el Gobierno son una reforma tributaria que permita que el Estado pueda disponer de más recursos para los derechos sociales, y luego las pensiones.

¿Había dudas sobre si se iba a aceptar la nueva Constitución de derechas?

Todas las encuestas decían que iba a ganar el rechazo, pero se temía el resultado porque ya nadie cree nada después de lo que pasó con el último plebiscito. Como dijo Michelle Bachelet, entre lo malo y lo pésimo es mejor que nos quedemos con lo malo.

¿Qué falló con la redacción del primer proyecto, de izquierdas?

Una constitución se tiene que redactar en tiempos de paz. Si hay turbulencias en un país es muy difícil porque tienes que intentar poner de acuerdo a la mayor cantidad de fuerzas políticas, para que sea de consenso. Esa Constitución se intentó hacer en medio de una revuelta increíble, entonces era el peor momento para hacerla.

Creo que hacer una constitución requiere tiempo, se hizo con plazo muy corto. No hubo tiempo tampoco de comunicar bien, la gente fue a votar influenciada por las fake news.

¿En qué posición deja esto al presidente Gabriel Boric?

En gran parte, el proyecto de Boric se basaba en una nueva Constitución para poder sacar adelante los cambios que el país demandó en 2019. Ahora él había fiado que iba a poder hacer una nueva Constitución, y no. No se va a intentar una tercera. Evidentemente la gente ya no quiere saber de esto. Su perspectiva son las enmiendas que te decía.

La Constitución blinda el neoliberalismo como sistema.

Chile fue el gran laboratorio para el neoliberalismo en los años 80, fue el primer lugar donde se implantó. Se hizo como de libro porque era una dictadura. Es un sistema que ha privatizado todo absolutamente, hasta el agua del mar. El Estado se tiene que abstener de cualquier actividad que quiera hacer un privado.

¿Habrá que volver a abordar el cambio de la Constitución en el futuro?

Hay un tema de legitimidad democrática. En algún momento se tiene que hacer una Constitución en democracia. Hubo unos artículos que se derogaron, pero si queremos un nuevo modelo de país y solucionar los problemas estructurales, se necesita una nueva Constitución. Pero ahora por el camino de las reformas también se puede avanzar. Depende un poco de las mayorías que haya en el Congreso. Son procesos largos.

Otro tema en cuestión son las desigualdades. El 1% de chilenos ostenta el 25% de la riqueza.

El modelo (neoliberal) planteaba, en los años 80, la teoría del chorreo: que se generara mucha riqueza, que luego caería hasta abajo. Esto en cierto modo funcionó, porque en Chile se erradicó la extrema pobreza muy muy rápido, se bajó a cifras de menos del 10%. Fue un fenómeno en la región.

Pero la desigualdad aumentó: no hay gente viviendo en chabolas, pero hay una parte de la población que tiene una acumulación de riqueza. Con el estallido social, había sectores de derechas que decían que se había producido la "paradoja del bienestar", es decir, como se ha crecido tanto es difícil llenar las expectativas de la gente.

Pero la gente no sale a las calles a protestar porque no es rica, sale porque vive de una manera muy ajustada, no puede hacer un tratamiento de cáncer porque la salud es privada... Mientras, hay un grupo de la población que vive con unos estándares, que se está lucrando de cosas que son de todos, explotando las mineras, el mar...

¿Va a seguir subiendo la extrema derecha?

No, pareciera que con este proceso que acabó el domingo (17) la extrema derecha se ha quemado bastante. La derecha tradicional ha salido reforzada entre comillas, aunque se extremó yendo hacia la extrema derecha para cazar ese electorado. Dicen las encuestas que posiblemente podría ganar la derecha en las elecciones de diciembre de 2025.

¿Qué puede hacer la izquierda?

Depende de cómo juegue sus cartas. Si la alternativa fuese Michelle Bachelet, probablemente ganaría. Pero no sé si ya no tenía ganas de ser presidenta. Una figura así, con mucho peso, sería el escenario ideal que permitiría abrir un camino de reformas a la Constitución. Lo que ha quedado claro también es que hay que pactar, con un solo sector no va a salir.

En España, con la nueva ley de memoria histórica, se ha avanzado un poco, a pesar de la negativa reiterada a investigar los crímenes del franquismo. ¿Se puede reflejar en Chile?

Chile también tiene asignaturas pendientes con los derechos humanos. Ha habido más justicia que acá, pero todavía hay juicios que siguen abiertos. Lo de Víctor Jara salió 50 años después y recién fueron a la cárcel [sus torturadores], cuando ya tienen como 80 años. Hay un montón de juicios que tienen a las familias esperando. Es cierto que la cúpula militar sí que fue a la cárcel, ha habido más justicia.

En Chile existe el Museo de la Memoria, donde está documentado todo lo que se hizo, incluso están los aparatos de tortura, vídeos... Hay una verdad oficial que yo creo que es importante. Se hicieron dos informes en que se describían todas las violaciones a los derechos humanos. Uno de estos informes salió sólo tres meses después de que se recuperó la democracia. El presidente pidió perdón en cadena de televisión en nombre del Estado por los crímenes.

Se ha avanzado más también en la identificación de los desaparecidos.

En España es inconcebible que siga así, ¿cómo va a seguir la gente en las cunetas? Lo más inconcebible es que ha pasado mucho más tiempo que en Chile. Y cada vez que se abre este tema, ¿qué dice el Partido Popular? Que este es un tema que divide. No debería dividir, en una sociedad debería haber un consenso que hay cosas que no pueden pasar.

Para que no vuelva a pasar como sociedad tienes que reconocer que estuvo mal. No puedes decir que fue producto del contexto o que hay diferentes miradas: no, no hay diferentes miradas sobre la violación de los derechos humanos.

Ha dicho que en Chile hay una verdad oficial sobre lo qué pasó. ¿Se puede conseguir en España?

Debería, y tendría que haber también un museo de la memoria. Hace un trabajo constante de no olvidar.