El Tribunal de Sentencia de Honduras ha fallado este lunes en contra de Víctor David Castillo, considerado autor intelectual del asesinato en 2016 de la activista ambiental y líder indígena Berta Cáceres, quien se opuso a través de la lucha social a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, un lugar sagrado y vital para las comunidades nativas de la zona noroccidental del país centroamericano. La magistrada ha dictado prisión preventiva para el condenado y ha señalado el 3 de agosto como fecha para anunciar la pena a la que se enfrenta.

El fallo llega después de 45 días de audiencia, iniciados el pasado 6 de abril, en los que el Ministerio Público y la acusación que representa a la familia de Cáceres han presentado 62 pruebas para acreditar los vínculos de Castillo con los autores materiales del asesinato y las siete personas que ya fueron condenadas en 2018. 

Los familiares y los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) señalaron desde el primero momento a Castillo, a quien le consideran autor pleno de la muerte de la activista, pues él era directivo de la empresa Desarrollos Energéticos DESA S.A. que estaba detrás del proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres y todo el pueblo indígena lenca. 

"En este juicio se ha demostrado que David Castillo, bajo órdenes de la familia Atala Zablah [dueña de la empresa DESA], coordinó con la estructura inferior de sicarios acciones de persecución, vigilancia y ataque que culminaron en el asesinato de Berta Cáceres", argumentan a Público miembros miembros del equipo legal del COPINH, organización que considera el fallo emitido este lunes como una "victoria popular".

Durante el juicio se han acreditado los vínculos que Castillo tenía con personas ya condenadas por la muerte de Cáceres. Entre ellos, destacan las conversaciones telefónicas que el gerente de la hidroeléctrica tuvo con Douglas Bustillo, empleado de DESA S.A. condenado a 30 años de cárcel en 2018. Esta persona mantuvo varias comunicaciones reveladoras con el directivo, entre ellas, unos mensajes relacionada con un primer intento de asesinato que fue fallido. Además, según ha indicado la jueza, fue el nexo de unión entre Castillo y el resto de sicarios.

La magistrada ha informado que, pese a no haber pruebas directas que puedan vincular a Castillo con los autores materiales del crimen, existen numerosas pruebas indiciarias de su implicación en el delito. En ese sentido, ha sostenido que las conversaciones telefónicas y los mensajes enviados con lenguaje en clave es una señal clara que, unida a otras "de manera causal", dejan la defensa del acusado en una situación delicada. El contexto social también parece determinante para los jueces, pues la magistrada ha señalado este lunes la importancia que tuvo Cáceres para frenar las obras de la represa y cómo su liderazgo pudo generar cierta animadversión en la compañía hidroeléctrica.

Berta Cáceres sufrió una persecución constante durante años que culminó con su asesinato. Parte de su familia tuvo que abandonar el país durante algunos meses y ella misma se vio obligada a dormir cada noche en un lugar diferente para evitar ser secuestrada. La fuerza de su discurso y su capacidad de movilización social llevó a visibilizar el conflicto más allá de las fronteras de Honduras, por lo que algunas compañías internacionales, como la china Sinohydro o la Corporación Financiera Internacional (adscrita al Banco Mundial) terminaron retirando su inversión. Para el Tribunal, este contexto es una prueba indiciaria más de los vínculos que pudo tener Castillo, como directivo de la empresa DESA S.A., en el asesinato de la activista.

Una puerta abierta para seguir investigando

El fallo de este lunes no sólo declara culpable a Castillo, sino que le señala como coautor intelectual del crimen, lo que significa que el Tribunal deja la puerta abierta para seguir investigando el asesinato. Este hecho ha sido celebrado por el COPINH, la Plataforma Solidaridad por Honduras y por las hijas de Cáceres, quienes consideran que había alguien por encima de Castillo, además de otros funcionarios y personas de la administración que presuntamente podrían haber estado al tanto de los planes de DESA S.A..

Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres, dice en declaraciones a Público que durante todo el juicio ha quedado patente "la poca decisión del Estado para investigar a las personas poderosas, como la familia Atala Zablah, que tienen grandes influencias en el país". Asimismo, argumenta que la culpabilidad de Castillo debe servir para "romper con la impunidad" y para "abrir procesos judiciales en contra de los otros autores intelectuales".